Un informe realizado por la UTEP sobre el ex programa Potenciar Trabajo, revela que más de 1,1 millones de trabajadores de la economía popular continúan dependiendo de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, mientras el Salario Social Complementario perdió un 74% de su poder adquisitivo y el costo fiscal representa apenas el 0,1% del PBI.
El proceso de reestructuración del ex programa Potenciar Trabajo volvió a poner en el centro del debate el rol de las políticas de ingresos destinadas a la economía popular en Argentina. Un informe reciente analiza el impacto de la división del programa en Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social, el deterioro del Salario Social Complementario y la magnitud estructural del universo de trabajadores que dependen de estas políticas.
Los datos muestran que más de 1,1 millones de personas continúan recibiendo asistencia estatal, en un contexto de alta inflación, informalidad laboral y caída del poder adquisitivo, lo que abre un debate sobre el alcance real del ajuste y su impacto en el entramado productivo y social del país.
El Salario Social Complementario y la pérdida de ingresos
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis del Salario Social Complementario (SSC), que formaba parte del programa Potenciar Trabajo y equivalía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Un ingreso congelado frente a la inflación
Desde noviembre de 2023, el monto quedó fijado en 78.000 pesos, lo que provocó una pérdida estimada del 74% del poder adquisitivo.
Actualmente, el universo alcanza a:
- 1.131.159 titulares
- Costo mensual superior a 88 mil millones de pesos
- Costo anual de 1,05 billones
- Impacto fiscal equivalente al 0,1% del PBI
El informe sostiene que el programa representa una porción mínima del gasto público, pero tiene un impacto directo en la reproducción social de los sectores populares y en el sostenimiento del consumo en barrios y economías regionales.
La reestructuración del Potenciar Trabajo
A partir de 2024, el gobierno nacional reorganizó el programa en dos esquemas diferenciados, lo que introdujo una nueva lógica en la política social. El programa Volver al Trabajo concentra la mayor parte de los beneficiarios.
- Trabajadores de la economía popular
- Entre 18 y 65 años
- Compatible con hasta tres salarios mínimos
- 929.677 titulares
El informe sostiene que este universo representa a trabajadores en edad activa que, pese a su disponibilidad laboral, no logran acceder al empleo formal.
Programa de Acompañamiento Social: población vulnerable
El segundo esquema está dirigido a sectores de mayor vulnerabilidad social.
- Personas mayores de 50 años
- Mujeres con cuatro o más hijos
- Compatible con hasta un salario mínimo
- 201.482 titulares
Según el análisis, esta división introduce una segmentación entre trabajadores “empleables” y población “asistida”, lo que podría fragmentar la identidad de la economía popular como sujeto colectivo.
El mapa territorial de la economía popular
La distribución geográfica del programa muestra una fuerte concentración en las provincias más pobladas y en regiones con alta informalidad laboral, con la provincia de Buenos Aires como epicentro.
La provincia de Buenos Aires reúne más de 538.000 titulares, casi la mitad del total nacional, con fuerte presencia en el conurbano bonaerense. En el Norte grande con alta dependencia en provincias como Tucumán, Salta, Chaco, Misiones y Jujuy.
Estas presentan una elevada proporción de beneficiarios en relación con su población, lo que refleja desigualdades estructurales y falta de empleo formal.
El informe sostiene que esta distribución evidencia una deuda histórica en el desarrollo económico regional y la persistencia de la informalidad como rasgo estructural del mercado laboral argentino.
El debate sobre el costo fiscal
Uno de los puntos más relevantes del informe es la discusión sobre el impacto económico del programa. El costo anual del programa representa solo el 0,1% del PBI, lo que, según el análisis, demuestra que no es un factor determinante del déficit fiscal.
Sostiene que tiene un impacto alto en las economías locales. El documento afirma que el ingreso mantiene el consumo barrial,
fortalece el comercio de cercanía, dinamiza las economías regionales y evita caídas abruptas en ventas
En algunas provincias, incluso, el programa representa una proporción significativa del producto bruto local, lo que lo convierte en un componente clave del circuito económico.
El informe advierte que la reducción o eliminación de estas políticas podría generar efectos recesivos.
Entre estos, los principales, la caída del consumo, el cierre de pequeños comercios, el aumento del desempleo con el consiguiente debilitamiento de cooperativas que derivarían en una mayor pobreza e indigencia laboral.
También se menciona el impacto de la paralización de obras de integración socio-urbana y la pérdida de puestos de trabajo vinculados a esos proyectos.
Conclusión: la economía popular como estructura permanente
El informe concluye que la economía popular ya no puede ser entendida como un fenómeno transitorio, sino como un componente estructural del mercado laboral argentino.
Más de 1,1 millones de trabajadores dependen de estas políticas de ingresos, mientras el costo fiscal es mínimo en términos macroeconómicos, pero el impacto social de su desmantelamiento podría ser significativo.
El debate de fondo no pasa únicamente por el gasto público, sino por el modelo de desarrollo, la capacidad del mercado formal para generar empleo y el rol del Estado en garantizar ingresos y trabajo en un contexto de alta informalidad.
