Dina Boluarte, de 63 años, fue acusada por la oposición de “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo, a menos de un año de las elecciones para elegir a su reemplazante.
Por Cecilio Panella
La destitución de la presidenta se da en el marco de una severa crisis de inseguridad que atraviesa el país, tras una sesión convocada por bloques políticos de todas las tendencias.
Con 123 votos de los 130 parlamentarios presentes, la presidenta fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022.
En su lugar, asumió como presidente interino José Jerí, un abogado de 38 años de Somos Perú, quien tomó juramento del cargo por un período que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará elecciones generales en abril.
Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.
Vacancia aprobada
Una amplia mayoría de legisladores votó para iniciar un debate sobre la destitución de Boluarte por motivos de “incapacidad moral” para gobernar, y la convocaron a defenderse ante el parlamento.
Sin embargo, la mandataria no se presentó y los parlamentarios procedieron a la votación.
Así, los diputados peruanos pusieron fin al Ejecutivo de Boluarte menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que tuvo como último episodio un tiroteo durante un concierto en el sur de Lima.
Fue un ataque armado en contra de uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, el cual dejó cinco heridos de bala.
El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad -en especial de los asesinatos y extorsiones– que el gobierno de Boluarte no pudo detener.
En los últimos fines de semana, numerosos jóvenes liderados por el grupo Generación Z protagonizaron manifestaciones en Lima, que se saldaron con decenas de heridos. El lunes pasado, la capital peruana quedó semi paralizada por una movilización de transportistas.
Presidente acusado
La incursión en política de José Jerí se produjo cuando ingresó al partido conservador y democristiano Somos Perú. En cuatro años pasó de ser legislador “suplente” a presidente interino del país.
A principios de este año, de hecho, Jerí tuvo una denuncia de violación en su contra, que fue archivada por la fiscalía días después de que pasara a liderar el Congreso.
Además, después de que asumiera la presidencia del Congreso el 28 de julio, algunos medios de comunicación publicaron acusaciones en su contra relacionadas con supuestos pagos irregulares para favorecer a una compañía, citando testimonios de una empresaria.
Los presuntos pagos irregulares se habrían producido entre 2023 y 204, cuando Jerí ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Además, enfrenta denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y de corrupción ligadas en especial a su presidencia del comité de Presupuesto y Cuenta General de la República, donde supuestamente habría condicionado que se incluyeran ciertos proyectos de obras públicas en el presupuesto a pagos económicos a favor de personas de su entorno.
La traición
Boluarte había llegado al poder el 7 de diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario de izquierda Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta.
Ese día, el entonces presidente intentó disolver el Parlamento, pero el Poder Legislativo contraatacó y lo removió del cargo por “incapacidad moral”.
Ahora está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado.
Boluarte prometió de forma pública en 2021 renunciar si Castillo era destituido. Pero, una vez que fue removido, la presidenta no dimitió, lo que fue calificado como una traición.
En los primeros tres meses de su gestión se produjeron más de 500 protestas que exigían su renuncia. Las manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur, dejaron 50 civiles muertos, casi todos por heridas de bala, incluidos ocho menores de edad.
Según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, la policía reprimió las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza.
La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.
Con su destitución, Boluarte pierde su fuero y podrá ser eventualmente enjuiciada y condenada. La Fiscalía ya pidió que le prohíban salir del país.
Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Y Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio por su maniobra contra el Parlamento.
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