Por Martín Cabral
Una de las principales líneas divisorias en el debate y la acción política de un país dependiente como Argentina, es la que contrapone soberanía o dependencia, anti-imperialismo o pro-imperialismo. Por ello es necesario continuar profundizando la caracterización del gobierno de Milei – Villarruel, ante la proliferación de distintas aseveraciones que buscan confundir al pueblo.
En el aspecto de la defensa de nuestra Patria, es decir, de nuestra comunidad humana, territorio, recursos, trabajo, producción, desarrollo industrial autónomo, soberanía política e independencia en las decisiones económicas, es notorio el retroceso producido en tan pocos meses.
Hasta algunos operadores, con objetivos inconfesables, intentan diferenciar a Milei de Villarruel, afirmando que la vicepresidenta sería “nacionalista”, cuando durante la campaña electoral suscribió toda la plataforma de la Libertad Avanza y los discursos de Milei, entre ellos la dolarización contra la soberanía monetaria, la desregulación financiera, la apertura unilateral del comercio exterior, la derogación de la ley de tierras, la privatización de empresas públicas, entre otras cuestiones. Y luego, ya siendo vicepresidenta, Villarruel desempató sonriente a favor de la aprobación de la entreguista y vende patria ley “bases”.
El camino antinacional de las medidas y decisiones del gobierno Milei – Villaruel.
El gobierno de Milei – Villarruel ha impulsado una decidida política de alineamiento internacional con EEUU, Gran Bretaña e Israel. Hizo silencio ante la decisión unilateral del Reino Unido de extender su control de zonas marítimas (restricciones a la navegación y pesca) sobre aproximadamente 170,000 km² adicionales del Mar Argentino; y solicitó a través del ministro de Defensa, Luis Petri, que nuestro país se incorpore como miembro global de la OTAN.
Asimismo, apoyó públicamente al genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Votó en contra de declarar al Estado de Palestina miembro pleno en la ONU y comunicó la decisión irresponsable de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, lo que acarreará consecuencias peligrosas para los intereses nacionales y, en especial, para la causa de Malvinas. Por primera vez desde 1996, el documento final de la cumbre del Mercosur no incluyó la cuestión Malvinas.
Consecuentemente, algunos países árabes y asiáticos comienzan a alejarse del histórico apoyo a la causa Malvinas en la ONU. En esa línea desmalvinizadora, la canciller Mondino expresó, por primera vez en la historia argentina, la política de “respetar los deseos” de la población británica que ocupa nuestros territorios australes.
La deuda pública y el DNU 70/2023
En el plano económico, la Secretaría de Finanzas de la Nación de este gobierno revela la mayor deuda pública de la historia argentina, por el equivalente a 452.071 millones de dólares, que representa el 96,1% del PBI, y que es siete veces las exportaciones de la Argentina de 2023. La deuda bruta desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024 aumentó en 81.398 millones de dólares a precio oficial. Por otro lado, desde el mes de junio de 2024, el gobierno dispuso el traslado a Londres, lingotes de oro de las reservas internacionales del BCRA por millones de dólares, como garantía para un mayor endeudamiento externo.
Mediante el dictado del DNU 70/2023, el gobierno nacional derogó la Ley de Tierras Nº 26.737 (por lo cual el capital extranjero podrá comprar sin ningún límite las tierras rurales en nuestro territorio), deroga la Ley de Empresas del Estado Nº 13653 y la Ley de Sociedades del Estado Nº 20705 (transformando las sociedades o empresas con participación del Estado, en Sociedades Anónimas), modifica el Código Aduanero (desregulando el comercio exterior, y afectando gravemente la industria y producción nacional), deroga la Ley Nº 18875 de Compre Nacional y Nº 27437 de Compre Argentino (que obligaban al Estado Nacional a otorgar preferencia a la adquisición de bienes de origen nacional por sobre los extranjeros, y contratar con empresas constructoras locales o proveedoras de obras y servicios locales).
Derogó la Ley 21.608 de promoción industrial (que tenía como objetivo expandir la capacidad industrial argentina, procurando la instalación de industrias en el interior del país), también derogó la Ley Nº 27113 (que declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos).
Alcances del DNU y la Ley Bases
En la misma línea desindustrializadora, aparece la apertura comercial irrestricta (eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas) que pueden generar un aluvión importador. A través del Decreto 384/2024, la Secretaría de Comercio confirmó la baja de aranceles de importación para productos de línea blanca como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), a los que se le suman los neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%).
La ley “ómnibus/bases” N° 27.742 habilita la privatización/extranjerización total del Belgrano Cargas y Logística, de la Sociedad Operadora Ferroviaria (afectando cuestiones esenciales como la interconexión entre ciudades y provincias y la integridad territorial en términos logísticos y de defensa). También lo hace con Energía Argentina-ENARSA (que se encargó de la construcción y planificación del Gasoducto que permite incrementar la capacidad de transporte de gas natural desde Vaca Muerta).
Asimismo, autoriza la privatización/extranjerización del 49% de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y de Nucleoeléctrica Argentina, que tiene a su cargo la producción y comercialización de la energía generada por las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse, que producen energía nuclear limpia y que permite la diversificación de la matriz energética con tecnología propia.
Se compromete la soberanía energética y se reprimariza la economía argentina
La ley “ómnibus/bases” N° 27.742, también compromete la soberanía energética nacional, al derogar el autoabastecimiento de hidrocarburos como interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina, autoriza la libre exportación de hidrocarburos y/o sus derivados, habilita el otorgamiento de permisos y concesiones en áreas petroleras a Estados extranjeros, establece que el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización de Hidrocarburos en el mercado interno, es decir, se dolariza el precio interno de la producción realizada en el propio país, perjudicando al costo del transporte y al desarrollo de nuestra industria nacional.
Uno de los capítulos más nefastos de la ley “bases” impulsada por Milei – Villarruel es la creación del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), un enclave para el saqueo de recursos naturales, por el cual el gobierno cede nuestra soberanía productiva, fiscal, comercial, cambiaria y jurídica.
Se reprimariza la economía argentina en perjuicio de la industria, las pymes (que a junio de 2023, representaban el 99,4% del total de empresas del país y empleaban el 64% de los asalariados registrados), y el empleo, para la apropiación de renta por parte del capital extranjero, en sectores donde Argentina ya posee ventajas comparativas y abundancia de recursos, como los de forestoindustria, minería, energía, petróleo y gas.
Alcances del RIGI
En el RIGI, entre los beneficios tributarios, se reduce del 35% al 25% la alícuota del Impuesto a las Ganancias, se otorga exención de Derechos de Importación y de Exportación. Entre los beneficios aduaneros, las empresas adheridas al Régimen podrán importar y exportar libremente bienes y servicios, sin que puedan aplicárseles prohibiciones, restricciones, cupos, precios oficiales, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno, por lo que no se podrá desacoplar los precios locales del internacional. Entre los beneficios cambiarios, las empresas quedan exceptuadas de la obligación de ingreso y/o liquidación en el mercado de cambios oficial (Banco Central) del producido por sus exportaciones, lo que implica la renuncia del Estado argentino a la potestad de controlar el mercado de cambios.
Las empresas adheridas al RIGI gozarán de estabilidad normativa durante 30 años. En caso de controversia entre el Estado y las empresas adheridas al Régimen, se someterán al arbitraje internacional del CIADI, los derechos e incentivos adquiridos en el régimen se consideran inversiones protegidas, lo que significa la renuncia del Estado a la soberanía jurídica, intentando conformar un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias normas, principios, justicia, etc.
Vía libre para las off shore y venta de paquetes accionarios de centrales hidroeléctricas
La Resolución General 10/2024 de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del gobierno nacional, permite la libre inscripción y circulación de las sociedades offshore en la ciudad de Buenos Aires, es decir, esas compañías ilícitas creadas en guaridas fiscales del extranjero, podrán inscribirse en el registro público local sin adaptarse al derecho argentino. Las sociedades offshore facilitan estrategias para ocultar quiénes son los verdaderos beneficiarios y qué bienes o patrimonio tienen, y para blanquear fondos ilícitos. Las off shore producen su riqueza en el país, pero “tributan” en algún paraíso fiscal donde estén radicadas.
Según el decreto PEN 718/2024, los paquetes accionarios de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila, serán vendidos por medio de una licitación pública nacional e internacional. Actualmente, estas centrales, que dirigen un recurso estratégico para el desarrollo, se encuentran con concesiones vencidas, en manos de grandes corporaciones, varias de ellas extranjeras.
Aniquilación de la ciencia y la tecnología
El gobierno definió el ahogo presupuestario del sistema científico técnico de Argentina. Por ese desfinanciamiento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se suspendieron las obras de dos proyectos estratégicos: CAREM (el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, el más avanzado del mundo en su tipo, que tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía), y RA10 (que podría ubicar a la Argentina como uno de los primeros productores mundiales de radioisótopos de uso médico, y además tendrá un impacto estratégico en las áreas de ciencia, tecnología e industria).
Se inmoviliza presupuestaria e institucionalmente la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), junto a su programa de desarrollo de satélites de observación terrena y de comunicaciones, sus radares y su lanzador, así como Veng, que opera los satélites que están en órbita.
Se redujeron al máximo las tareas en los tres satélites que Invap tiene en desarrollo (el SABIA-Mar y el Saocom2, para Conae, y SG-1 para ARSAT), siendo Argentina el primer país en Latinoamérica en producir satélites y el octavo en el mundo.
En enero, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU para que, con la excusa del intercambio de información, se instalen en la Vía Navegable del Río Paraná, y en agosto el Comandante de Operaciones Especiales Sur de los EEUU navegó el río junto al Área Naval Fluvial de la Armada Argentina. Se dio de baja la construcción del Canal Magdalena clausurando la conexión fluvial y marítima argentina. Milei recibió a la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de EEUU, y anunciaron una base naval conjunta en Ushuaia.
Un paso mas hacia la dependencia del capital extranjero
En junio de 2024, una delegación de funcionarios de Defensa de los Estados Unidos, junto a funcionarios nacionales, visitó la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, lo que acrecienta la posibilidad de que la planta produzca municiones y proyectiles, aunque ya no para las Fuerzas Armadas argentinas, la defensa nacional y el mercado interno, sino para la OTAN.
De esta manera, Milei – Villarruel avanzan en la destrucción de todo el sistema de Defensa Nacional, y con el proyecto para reformar la ley de seguridad interior, tratan de alinear las Fuerzas Armadas para convertirlas en una guardia de represión interior que asegure los planes de entrega y sumisión nacional.
El hambre, el empobrecimiento de la vida diaria, la caída salarial, la transferencia regresiva de ingresos, la desindustrialización, y la depresión económica, son objetivos deliberadamente buscados por Milei – Villarruel. Se ejecuta un violento plan de ajuste sobre el consumo de la población, para reducir el mercado interno y priorizar la exportación de alimentos, materias primas, energía y minerales para los países desarrollados, y así pagar la ilegítima deuda externa con el sacrificio de millones de compatriotas que no se beneficiaron con ella. En definitiva, para someternos como Nación a la división internacional del trabajo decidida por las grandes potencias.
El gobierno emplea el Estado como herramienta para profundizar y dar un salto cualitativo en la dependencia al capital extranjero.
El camino hacía un país soberano
La dominación imperialista sobre ramas claves de la economía nacional, de nuestros recursos naturales y sobre el Estado, se desarrolla con sus agentes y monopolios propios, y mediante la asociación subordinada de las clases dominantes locales (la gran burguesía intermediaria de los capitales extranjeros y los grandes terratenientes), las cuales para preservar y ampliar sus privilegios y su poder, nos subordinan al dominio de las potencias, y en definitiva son el sustento del carácter dependiente del país.
Para liberarse de la opresión, las mayorías populares deben conquistar la segunda y definitiva independencia nacional, y “ser libres de toda dominación extranjera” como postuló la Declaración de nuestra Independencia de 1816.
Para ello es necesaria la unidad y el encuentro del pueblo argentino, con sus trabajadores, técnicos, profesionales, productores, estudiantes, con sus diversas corrientes políticas, filosóficas y religiosas, que pongan por encima de todo a la coincidencia programática de recuperar y ejercer plena e integralmente nuestra soberanía nacional.-
Más noticias del autor: El nuevo proyecto de Ley Ómnibus: Base jurídica del saqueo nacional
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