El Decreto de Necesidad y Urgencia tuvo dos fallos en contra. La justicia laboral dispuso una cautelar ante la presentación de la CTA. A su vez, el fuero en lo Contencioso Administrativo, habilitó que la medida sea tramitada por separado.
El juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, habilitó la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra el DNU.
Mientras que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU ante una presentación de la CTA.
La decisión del juez Lavié Pico, desarma el proceso colectivo en el cual el gobierno pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.
El fallo habilita a que los jueces federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar y resolver en los casos que se abran contra el DNU 70/23.
El magistrado consideró que se volvía inoficioso el pedido de inhibitoria del Estado Nacional para acumular las causas en trámite en el fuero laboral -donde se dictaron medidas cautelares que suspenden parte del DNU- al fuero Contencioso Administrativo Federal.
El fallo del fuero laboral
Los jueces de la Cámara del Trabajo, en tanto, resolvieron «disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo».
En la primera parte del fallo, los jueces aceptaron intervenir ante el planteo de la CTA y rechazaron enviar la causa al fuero Contencioso Administrativo. Justamente, aquel al que el Gobierno nacional quiere llevar todos los planteos contra el DNU.
Los jueces laborales consideraron que con el DNU “se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes.
Además, el riesgo a la libertad y dignidad de las personas que trabaja. A los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación, y de conservación del contrato que estructuran la especialidad.
Finalmente, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical».
Agregaron que “la instauración de ilícitos laborales colectivos que se reputan contrarios a la libertad sindical y el grave encorsetamiento del derecho de huelga que se derivaría de las modificaciones previstas en el artículo 97 del DNU, imponen otorgar al caso un tratamiento urgente en forma diferenciada.
Más allá de las eventualidades de rito o de ordenamiento procesal, tienda a coadyuvar al mantenimiento de la paz social y a racionalizar las relaciones de fuerza, cuyo desequilibrio, si se exacerba, puede llegar a echar por tierra toda solución institucionalizada, todo lo cual justifica en el caso admitir el pedido de exclusión de clase deducido».
El gobierno apelará ante la Corte Suprema
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ratificó la apelación del gobierno a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.
Adorni confirmó que el Gobierno también pedirá «la incompetencia» de la Cámara del Trabajo.
«Se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia», comunicó Adorni.
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