Granja Tres Arroyos entró en concurso preventivo: deuda millonaria, 1.730 despidos y plantas paralizadas

Planta industrial de Granja Tres Arroyos afectada por la crisis avícola, el concurso preventivo y los despidos de trabajadores.

La Justicia abrió el concurso preventivo de Granja Tres Arroyos

La crisis de Granja Tres Arroyos ingresó en una nueva etapa judicial. El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 21 dispuso la apertura formal del concurso preventivo de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., principal sociedad del grupo avícola.

La resolución fue dictada a fines de octubre por el juez Germán Páez Castañeda. Posteriormente, la medida quedó oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial.

La empresa había solicitado protección judicial en septiembre de 2026, después de acumular importantes compromisos financieros y enfrentar crecientes dificultades operativas.

Según la documentación presentada, la compañía registraba un pasivo de $529.149 millones al 15 de julio de 2026. El procedimiento concursal permitirá ordenar los reclamos de los acreedores e intentar alcanzar un acuerdo que evite la liquidación de la sociedad.

El juzgado estableció el 31 de mayo de 2027 como fecha límite para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos.

Más de 1.730 despidos y cuatro plantas avícolas paralizadas

Las consecuencias laborales constituyen uno de los aspectos más graves de la crisis empresarial.

Las organizaciones sindicales involucradas denunciaron alrededor de 1.730 despidos en establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos. A esa situación se suma la interrupción de actividades en distintas instalaciones productivas.

La planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, quedó sin actividad. Por otra parte, a fines de agosto, la empresa anunció la suspensión transitoria de las operaciones de faena en tres establecimientos bonaerenses:

  • Pilar.
  • Capitán Sarmiento.
  • Esteban Echeverría.

La paralización de estas instalaciones profundizó la incertidumbre entre los trabajadores y sus familias, que enfrentan la pérdida de ingresos y la falta de certezas sobre la continuidad laboral.

Además, la propia compañía reconoció obligaciones laborales y previsionales cercanas a los $46.000 millones.

El deterioro de la actividad productiva, los despidos y las deudas salariales y previsionales reflejan la magnitud social de una crisis que excede ampliamente el ámbito financiero.

Una deuda superior a los $529.000 millones y miles de acreedores

Los estados contables presentados ante la Justicia permiten dimensionar el desequilibrio económico que atraviesa Granja Tres Arroyos.

Al solicitar la apertura del concurso, la firma informó que al cierre de 2025 acumulaba obligaciones por aproximadamente $536.000 millones.

También registraba más de 4.800 acreedores y cheques rechazados por una suma superior a los $126.000 millones.

Entre los principales componentes del endeudamiento correspondiente a ese período figuraban:

Las cifras muestran la diversidad de compromisos acumulados por la empresa, tanto con entidades financieras como con proveedores, trabajadores y organismos públicos.

El balance patrimonial presentado ante la Justicia

La información contable individual correspondiente al 15 de julio de 2026 registró activos por $730.240 millones y pasivos por $529.149 millones.

Dentro de las obligaciones declaradas se destacaban $153.719 millones vinculados con financiamiento y otros $125.728 millones correspondientes a compromisos con empresas relacionadas.

Aunque el valor contable de los activos superaba al de las deudas, la compañía enfrentaba serias dificultades para cumplir sus obligaciones y sostener el funcionamiento de sus establecimientos.

Esta situación explica la necesidad de recurrir al concurso preventivo como mecanismo para reorganizar los vencimientos y negociar con los acreedores.

La crisis de Granja Tres Arroyos también golpea a otras empresas del grupo

Los problemas económicos no quedaron limitados a la principal sociedad avícola.

Granja Tres Arroyos había solicitado que su proceso concursal se desarrollara conjuntamente con los correspondientes a Wade SA, Avex SA y Holding Agro Industrial SA.

Una de las compañías involucradas es Wade SA, sociedad que quedó a cargo de los activos pertenecientes a la antigua Cresta Roja.

Wade ya había recurrido a la Justicia antes de que Granja Tres Arroyos presentara su propia solicitud concursal.

La situación evidencia que las dificultades financieras alcanzan a diferentes sociedades de un mismo entramado empresarial, con consecuencias sobre la producción, el empleo y las relaciones comerciales.

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Cheques rechazados y demandas judiciales por deudas impagas

Antes de la apertura formal del concurso, distintos acreedores habían iniciado acciones judiciales para reclamar el cobro de obligaciones pendientes.

Un relevamiento periodístico realizado hasta septiembre de 2026 identificó cinco ejecuciones contra Granja Tres Arroyos y empresas relacionadas.

Los reclamos involucraban capitales por $1.657 millones y US$115.000.

El Banco Credicoop aparecía como demandante en cuatro de los cinco expedientes detectados.

Entre las acciones judiciales sobresalía una ejecución iniciada por esa entidad financiera contra Granja Tres Arroyos, relacionada con el saldo impago de un pagaré cuyo capital superaba los $1.194 millones.

También se registró una demanda promovida por Unicred por un cheque electrónico de $200 millones, rechazado debido a la falta de fondos.

Estos procesos constituyen otros antecedentes del deterioro financiero que terminó desembocando en la presentación concursal.

Concurso preventivo: las fechas decisivas para los acreedores

Con la apertura del procedimiento, comienza una etapa fundamental para determinar la composición definitiva de las deudas y evaluar las posibilidades de recuperación económica de la compañía.

La sindicatura tendrá la responsabilidad de examinar los créditos presentados y elaborar los informes correspondientes.

El cronograma judicial establece los siguientes vencimientos:

El informe general deberá exponer la situación patrimonial de la sociedad, identificar las causas del desequilibrio económico y detallar la composición de sus activos y pasivos.

Por su parte, el período de exclusividad representa la instancia durante la cual la empresa podrá negociar su propuesta de acuerdo y reunir las conformidades exigidas por la legislación concursal.

El futuro de Granja Tres Arroyos y la incertidumbre de los trabajadores

La apertura del concurso preventivo no garantiza, por sí misma, la recuperación productiva ni la reincorporación de los empleados despedidos.

El procedimiento judicial busca establecer condiciones para reorganizar las obligaciones financieras y alcanzar un entendimiento con los acreedores.

Sin embargo, la dimensión laboral de la crisis continúa siendo uno de los principales interrogantes.

Los trabajadores afectados por los despidos y la paralización de las plantas esperan definiciones sobre sus indemnizaciones, las acreencias pendientes y las posibilidades de recuperar sus puestos de trabajo.

La evolución del expediente también será determinante para los proveedores y las empresas vinculadas con la actividad avícola.

Con más de $529.000 millones de pasivos declarados, miles de acreedores y alrededor de 1.730 despidos denunciados, Granja Tres Arroyos enfrenta un proceso decisivo para su continuidad.

El principal desafío será determinar si la reorganización judicial puede traducirse en una recuperación efectiva de la producción y en una solución para los trabajadores afectados.

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