Salud bajo Milei: prepagas casi 500% más caras y menos cobertura médica
Un informe del Instituto Argentina Grande revela que 1.266.863 personas adicionales pasaron a depender exclusivamente de la salud pública desde fines de 2023. Las cuotas de las prepagas aumentaron 499,7%, las obras sociales nacionales perdieron más de 1,1 millones de beneficiarios y disminuyó la cantidad de medicamentos vendidos con cobertura PAMI.
La cobertura de salud en Argentina muestra un deterioro significativo durante el gobierno de Javier Milei. Entre fines de 2023 y mediados de 2026, 1.266.863 personas adicionales pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud. El fenómeno coincide con fuertes aumentos de las prepagas, pérdida de empleos registrados y una reducción de beneficiarios en las obras sociales nacionales.
Así lo revela el informe especial “Qué decimos sobre Salud”, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG). La investigación analiza los cambios en la cobertura médica, los precios de la medicina privada y el acceso a medicamentos.
El documento utiliza información del INDEC, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la consultora IQVIA.
Los resultados permiten identificar tres tendencias centrales: una mayor dependencia de los servicios públicos, un encarecimiento de la medicina privada y un retroceso de la cobertura vinculada al empleo formal.
El impacto no es uniforme. Los jóvenes, los trabajadores adultos y los hogares de menores ingresos aparecen entre los sectores más afectados.
Más de 10,6 millones de personas dependen exclusivamente de la salud pública
El primer dato relevante es el crecimiento de la población que carece de obra social, prepaga o mutual.
En el cuarto trimestre de 2023, 9.428.131 personas se encontraban en esa situación. Para el segundo trimestre de 2026, la cifra había aumentado a 10.694.994.
Esto significa que 1.266.863 personas adicionales pasaron a depender únicamente de la atención sanitaria pública.
En términos porcentuales, el indicador aumentó del 32% al 35,5% de la población relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El proceso continuó durante 2026. Según el IAG, entre fines de 2025 y el segundo trimestre de este año, otras 251.719 personas pasaron a integrar ese grupo.
La tendencia plantea un desafío para hospitales, centros de atención primaria y otros establecimientos estatales. Una población más numerosa depende de sus prestaciones, aunque el informe no cuantifica el aumento efectivo de consultas o internaciones.
Prepagas: aumentos del 499,7% frente a una inflación del 344,4%
El segundo gran hallazgo del informe está relacionado con el costo de la medicina privada.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, las cuotas de las empresas de medicina prepaga aumentaron 499,7%. Durante ese mismo período, la inflación acumulada fue del 344,4%.
La diferencia resulta todavía más significativa al comparar esos incrementos con los salarios privados registrados, que crecieron 335,9%.
Según el IAG, las cuotas de las prepagas terminaron siendo aproximadamente 35% más caras en términos reales. Esto significa que aumentaron por encima del nivel general de precios.
El DNU 70/2023 y la liberación de las cuotas
El informe identifica como un punto de inflexión la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La norma modificó la Ley de Medicina Prepaga y eliminó la autorización estatal previa para los aumentos de cuotas.
Hasta entonces, las empresas debían obtener autorización del Ministerio de Salud para modificar sus aranceles.
Con el nuevo esquema, las compañías adquirieron mayor libertad para establecer los precios de sus planes.
Posteriormente, la Resolución 2155/2024 y el Decreto 102/2025 ampliaron las posibilidades de aplicar incrementos diferenciados según las características de cada cobertura.
El IAG vincula estas modificaciones con el fuerte encarecimiento de la medicina privada.
Sin embargo, el documento no presenta una estimación que permita establecer qué proporción del aumento responde exclusivamente a la desregulación.
Las obras sociales nacionales perdieron más de 1,1 millones de beneficiarios
La pérdida de cobertura médica también aparece asociada al deterioro del empleo formal.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, las obras sociales nacionales registraron una caída de 1.159.205 beneficiarios, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Servicios de Salud utilizados por el IAG.
La cifra excluye al PAMI y comprende a las entidades nacionales que brindan cobertura a trabajadores y sus familias.
Entre las principales obras sociales relevadas, las caídas fueron especialmente pronunciadas en algunas actividades.
El informe también identifica una excepción: OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, incrementó su padrón de aproximadamente 200.000 a 600.000 beneficiarios.
Esto representa una expansión del 199,6%.
La pérdida del empleo también afecta a las familias
El IAG señala que durante el período analizado se perdieron aproximadamente 266.000 empleos privados registrados.
La disminución del empleo formal tiene consecuencias que exceden al trabajador despedido.
Cuando una persona pierde su puesto laboral, también puede perder la cobertura de su obra social. Esa situación puede extenderse a su grupo familiar.
Por eso, el deterioro del mercado laboral constituye uno de los factores que el instituto considera relevantes para explicar el crecimiento de la población que depende exclusivamente del sistema público.
No obstante, el informe no establece cuántas personas perdieron cobertura por despidos y cuántas por otros motivos.
Casi la mitad de los jóvenes depende exclusivamente de la salud pública
Los datos por edad muestran que el deterioro de la cobertura sanitaria afecta especialmente a las generaciones más jóvenes.
En el segundo trimestre de 2026, el 48,1% de las personas de entre 15 y 29 años no contaba con obra social, prepaga ni mutual.
Entre los niños y adolescentes de hasta 14 años, el porcentaje alcanzó el 46,4%.
Desde fines de 2023, la cantidad de jóvenes sin esas coberturas aumentó en 339.696 personas, equivalente a una suba del 11,8%.
Sin embargo, el mayor crecimiento absoluto se produjo entre los adultos de 30 a 64 años.
En ese grupo, 647.225 personas adicionales pasaron a depender exclusivamente de la atención pública, un incremento del 17,6%.
Los resultados muestran que el problema no se concentra únicamente en los sectores tradicionalmente más vulnerables.
También afecta a personas en edad de trabajar, cuya cobertura médica suele estar vinculada con el empleo registrado.
La cobertura sanitaria empeoró en nueve de cada diez sectores de ingresos
El estudio también analiza cómo evolucionó la cobertura médica según el nivel de ingresos de los hogares.
Los resultados muestran un deterioro en nueve de los diez deciles de ingreso.
Los deciles dividen a la población en diez grupos de igual tamaño, ordenados desde los menores hasta los mayores ingresos.
El único grupo que registró una mejora fue el correspondiente al 10% de mayores recursos.
En ese segmento, la proporción de personas sin obra social, prepaga ni mutual disminuyó del 4,6% al 2,2%.
La situación fue diferente en los sectores más pobres.
En el primer decil, el porcentaje de personas que depende exclusivamente de la salud pública pasó del 74,3% al 76,9%.
En el segundo decil, aumentó del 52,4% al 58,4%.
El deterioro más pronunciado en puntos porcentuales se produjo en el quinto decil, donde la proporción sin cobertura creció 8,2 puntos y llegó al 29,5%.
La información permite observar que la pérdida de cobertura no afecta solamente a los hogares de menores ingresos.
También alcanza a sectores intermedios que enfrentan mayores dificultades para sostener una cobertura vinculada al empleo o contratada de manera particular.
El conurbano bonaerense, entre las regiones más afectadas
El deterioro de la cobertura médica presenta diferencias importantes entre las distintas regiones del país.
En el Gran Buenos Aires, la proporción de personas sin obra social, prepaga ni mutual aumentó del 30,8% al 35,5%.
En Cuyo, pasó del 34,3% al 38,3%.
La región Pampeana también registró un incremento, del 30,2% al 33%.
El Nordeste argentino presenta una de las situaciones más comprometidas: el 45,6% de la población relevada depende exclusivamente del sistema público.
Los resultados indican que el aumento de la población dependiente del sistema público no constituye un fenómeno aislado.
La tendencia alcanza a diferentes regiones, aunque con intensidades distintas.
PAMI: más afiliados, pero menos medicamentos vendidos con cobertura
Otro de los hallazgos del informe se relaciona con la atención sanitaria de jubilados y pensionados.
Según el IAG, el PAMI incorporó aproximadamente 352.000 afiliados desde noviembre de 2023.
Sin embargo, durante los dos años considerados por el estudio, la cantidad de unidades de medicamentos vendidas con cobertura PAMI disminuyó 18,45%.
La caída se produjo mientras aumentaba la población afiliada al organismo.
Cambios en el acceso a medicamentos gratuitos
El instituto vincula esta evolución con el aumento del precio de los medicamentos y las modificaciones introducidas en los requisitos para acceder a determinados tratamientos gratuitos.
Según el documento, desde diciembre de 2024 el PAMI estableció condiciones más restrictivas para obtener el subsidio social de medicamentos.
Entre ellas, se incluyeron requisitos relacionados con los ingresos y la ausencia de cobertura privada.
Sin embargo, la disminución de las unidades vendidas con cobertura no permite determinar por sí sola cuántos afiliados abandonaron tratamientos por dificultades económicas.
Para conocer ese impacto sería necesario contar con información adicional sobre prescripciones, consumo y acceso efectivo a los medicamentos.
La desregulación y los vínculos entre empresas y organismos de control
El informe del Instituto Argentina Grande también analiza las decisiones regulatorias adoptadas durante el gobierno de Milei.
Uno de los aspectos señalados es la designación de Gabriel Oriolo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud en enero de 2024.
Oriolo había trabajado en OSDE desde 1994 y se desempeñó como director de Procesos y Sistemas hasta noviembre de 2023.
Dos meses después de dejar la empresa asumió la conducción del organismo encargado de controlar al sector.
El funcionario renunció en junio de 2025.
El IAG cuestiona esa designación por los posibles conflictos de intereses derivados de la trayectoria laboral previa del responsable del organismo regulador.
El documento también recuerda las actuaciones administrativas iniciadas durante 2024 por presuntas prácticas anticompetitivas entre empresas de medicina prepaga.
En diciembre de ese año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia formuló imputaciones por presunta cartelización contra distintas compañías y entidades del sector.
Estas actuaciones no equivalen, por sí mismas, a una determinación definitiva de responsabilidad.
El desafío de sostener un sistema público con mayor demanda
Los resultados del Instituto Argentina Grande muestran cambios significativos en la estructura de cobertura sanitaria argentina.
Entre fines de 2023 y mediados de 2026, más de 1,26 millones de personas adicionales pasaron a depender exclusivamente de la salud pública.
En paralelo, las prepagas acumularon aumentos superiores a la inflación, las obras sociales nacionales perdieron beneficiarios y disminuyó la cantidad de medicamentos vendidos con cobertura PAMI.
El fenómeno plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema público para responder a una demanda potencialmente creciente.
También abre un debate sobre la relación entre empleo, ingresos y acceso a la atención sanitaria.
La cobertura médica depende, en buena medida, de las condiciones económicas de los hogares. La pérdida de empleo formal y el aumento del costo de los servicios privados pueden reducir las alternativas disponibles para trabajadores y familias.
La principal advertencia del informe es que el deterioro de la cobertura sanitaria no se limita a un problema de precios: también expresa cambios en el mercado laboral y en las posibilidades de acceso a la atención médica.
La evolución de estos indicadores será determinante para evaluar los desafíos que enfrenta el sistema de salud argentino durante los próximos años.
