Rectores, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes se movilizarán este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la actualización de las becas. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió que, sin modificaciones al Presupuesto 2027, las universidades tendrán dificultades para comenzar a funcionar el próximo año.
La quinta Marcha Federal Universitaria llevará este jueves 15 de octubre a las calles un reclamo que reúne a autoridades académicas, sindicatos y organizaciones estudiantiles: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto suficiente para sostener la educación superior pública.
La convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, tendrá manifestaciones en distintas ciudades. La jornada se realizará mientras continúa la disputa judicial por el financiamiento y comienza la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027. Una publicación oficial de la Universidad Nacional de Córdoba confirma esos ejes y el alcance federal de la protesta.
Bartolacci advierte sobre las dificultades para funcionar en 2027
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades atraviesan una situación “realmente dramática” y atribuyó el escenario al incumplimiento de la ley por parte del Gobierno nacional.
Su advertencia apunta al próximo ciclo académico. Según explicó, si el Congreso no incorpora al Presupuesto 2027 los recursos previstos en la norma, las instituciones tendrán “enormes dificultades para comenzar a funcionar el año que viene”.
Bartolacci también cuestionó que las universidades no tengan la posibilidad de presentar formalmente su posición en las comisiones que discutirán las partidas del sector. Aunque mencionó reuniones con legisladores y funcionarios, consideró indispensable que las autoridades académicas sean escuchadas antes de que se decida el presupuesto.
El rector planteó, además, una dimensión institucional del conflicto: sostuvo que el cumplimiento de una ley no puede depender de la conformidad del Poder Ejecutivo con su contenido.
Financiamiento universitario: el reclamo y la disputa judicial
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, constituye el centro de la movilización. Las organizaciones convocantes reclaman su aplicación efectiva para actualizar los recursos del sistema, recomponer los salarios y atender las becas estudiantiles.
El conflicto también se tramita en la Justicia. Los materiales de referencia mencionan una intimación del juez federal Martín Cormick, realizada en septiembre, para cumplir una cautelar relacionada con salarios y becas.
Una actualización posterior permite precisar el estado de esa controversia: el 9 de octubre, Cormick concedió la apelación del Gobierno contra la sentencia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley. Sin embargo, esa decisión no suspendió las medidas destinadas a ejecutar la cautelar vigente sobre salarios y becas. Por lo tanto, corresponde distinguir el fallo apelado de las obligaciones cautelares que continúan en vigor.
Las comunidades universitarias sostienen que la falta de implementación plena de la norma dificulta la planificación institucional y profundiza los problemas para mantener la enseñanza, la investigación y la extensión.
Salarios, becas y obras: un conflicto que atraviesa a toda la comunidad
En Mar del Plata, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mónica Biasone, señaló que el problema excede la cuestión salarial. Durante una conferencia de prensa junto a representantes gremiales y estudiantiles, advirtió que los recursos también resultan insuficientes para becas y obras.
La secretaria general de la Asociación del Personal Universitario (APU), Victoria Schadwill, reclamó una actualización del presupuesto y los ingresos de los trabajadores que permita recuperar lo perdido desde diciembre de 2023.
Desde la Federación Universitaria Marplatense (FUM), Rosella Pasetti describió las dificultades crecientes de estudiantes para permanecer en sus carreras. Su intervención incorporó otro aspecto del conflicto: las condiciones económicas necesarias para continuar estudiando.
En Comodoro Rivadavia, referentes universitarios denunciaron un deterioro salarial. José Giri sostuvo que siete de cada diez trabajadores del sistema perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Esa proporción debe considerarse una afirmación atribuida al referente: los textos proporcionados no incluyen un informe ni precisan la metodología utilizada.
Gloria Herrera, representante de ADU, también reclamó la recomposición de los ingresos y cuestionó que la norma siga sin aplicarse después de atravesar instancias legislativas y judiciales.
Qué gremios y organizaciones participan
Las convocatorias locales muestran la participación de instituciones, sindicatos y agrupaciones estudiantiles, con articulaciones propias en cada ciudad.
En Mar del Plata, convocan las autoridades de la UNMDP, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), APU, la FUM y centros de estudiantes.
En San Nicolás, la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) organiza la movilización junto con FAGDUT, ADUT y APUTN. Su decano, Tomás Avetta, advirtió sobre las dificultades de docentes y no docentes para llegar a fin de mes y sobre los obstáculos para desarrollar proyectos de investigación.
En Catamarca, Fernando Morales, referente del Gremio Docente Universitario de Catamarca y de CONADU Histórica, llamó a una participación amplia. Destacó el carácter transversal de la universidad pública y reclamó el compromiso de diferentes sectores políticos.
En Tierra del Fuego, la convocatoria reúne a la UNTDF, la UNPA, la UTN y organizaciones identificadas en el comunicado como APUF, SDU, afudi, ADUFF, FAGDUT, CETEB, CEUNTDF, PEA, FEUF, Malvinas Argentinas, UNI y MAEF. Allí se suman consignas de defensa de la soberanía y la democracia, además del pedido de derogación del DNU 70/2023.
Tomas y clases abiertas en Rosario
La preparación de la marcha incluye acciones estudiantiles en la UNR. Más de 200 estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales resolvieron una toma sin suspensión de clases ni exámenes, acompañada por actividades académicas y culturales.
En Humanidades y Artes se anunció una toma de 24 horas sin clases y un corte de la calle Entre Ríos. Las modalidades son diferentes: la continuidad académica prevista en Ciencia Política no puede extenderse a todas las facultades movilizadas.
En Psicología, una asamblea debía definir los pasos siguientes. Los materiales no permiten afirmar que allí se haya aprobado una toma.
Por otra parte, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) impulsó una manifestación en el ingreso al Centro Universitario Rosario, conocido como La Siberia. Esa actividad se desarrolló sin paro general y con las facultades abiertas.
El presupuesto como condición para sostener la universidad pública
La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá demandas inmediatas —salarios, becas y gastos de funcionamiento— con una discusión sobre la continuidad de las actividades del próximo año.
La advertencia del CIN sitúa el Presupuesto 2027 en el centro del conflicto. Para las autoridades universitarias, contar con recursos previsibles resulta necesario para organizar las clases, sostener investigaciones, mantener infraestructura y garantizar servicios. La movilización buscará trasladar esas necesidades al debate público y parlamentario, mientras continúa la controversia por la aplicación de la ley.
