La tensión volvió a escalar en Peñas Negras, departamento Belén, Catamarca, por el avance de actividades de exploración minera. La comunidad diaguita denuncia violencia, amenazas y hostigamiento. También cuestiona el despliegue de la Policía provincial y reclama una consulta previa, libre e informada.
Los comuneros denunciaron el ingreso de empresas como Elevado Gold S.A. y Amalaya S.A. para realizar tareas vinculadas con la exploración de oro y cobre.
Según la comunidad, esas actividades avanzaron sin su autorización. Sostienen, además, que no se respetó su derecho a participar en las decisiones que pueden afectar el territorio que habitan históricamente.
La situación derivó en nuevos episodios de tensión. Los comuneros denunciaron agresiones, amenazas y hostigamiento. También señalaron el uso de balas de goma y gas pimienta durante los incidentes.
La Policía de Catamarca rechazó parte de esas acusaciones. Su jefe, el comisario general Manuel Herrera, negó que los efectivos hayan reprimido a los manifestantes. Sin embargo, reconoció que durante el operativo se efectuó un disparo disuasivo al aire.
Las versiones sobre lo ocurrido son, por lo tanto, contrapuestas. Mientras la comunidad denuncia represión y violencia, la Policía afirma que intervino para evitar que el conflicto pasara a mayores.
Peñas Negras denuncia el avance minero sobre su territorio
Peñas Negras es una comunidad indígena diaguita ubicada en el norte del departamento Belén. Las familias desarrollan históricamente actividades vinculadas con el pastoreo y mantienen una relación ancestral con el territorio.
Allí se encuentran sus viviendas, animales y aguadas. También existen espacios considerados fundamentales para su historia, cultura y forma de vida.
Durante los últimos años, la zona quedó en el centro del interés de empresas relacionadas con la exploración minera.
El conflicto actual involucra actividades vinculadas con las áreas de Aguas Calientes I, II y III y Alto El Mulato. En esos sectores existen proyectos e intereses relacionados con la búsqueda y exploración de recursos minerales.
La comunidad sostiene que nunca otorgó su consentimiento para el avance de esas actividades sobre su territorio.
Para los comuneros, el problema excede el ingreso de una empresa o un proyecto determinado. La discusión involucra quién puede decidir sobre un territorio habitado históricamente por familias indígenas.
Denuncias de violencia, amenazas y hostigamiento
Los integrantes de Peñas Negras denunciaron que efectivos policiales participaron de los operativos mientras ingresaban personas vinculadas con intereses mineros.
La comunidad cuestiona que las fuerzas de seguridad hayan intervenido en una disputa territorial sin priorizar los derechos de las familias que viven en el lugar.
Durante los últimos incidentes también denunciaron agresiones físicas, amenazas y situaciones de hostigamiento.
Entre las acusaciones aparece el supuesto uso de gas pimienta. Los comuneros también habían denunciado personas heridas con balas de goma.
Para Peñas Negras, estos hechos muestran la continuidad de un conflicto que acumula antecedentes y permanece sin una solución política o judicial.
La Policía niega haber reprimido
El jefe de la Policía de Catamarca, comisario general Manuel Herrera, rechazó las acusaciones de represión.
En declaraciones a Radio Valle Viejo, calificó como “erróneas y falsas” las versiones que señalaban violencia policial.
Herrera explicó que los efectivos intervinieron luego de un encuentro entre comunidades que mantenían posiciones diferentes frente a la actividad minera.
Según su versión, la presencia policial buscó “resguardar y restablecer el orden y que no pase a mayores”.
También sostuvo que algunas comunidades estaban dispuestas a acompañar las actividades de la empresa minera.
“Fui testigo de que querían avanzar, acompañar a la empresa minera”, afirmó Herrera.
Según el jefe policial, esa situación motivó el refuerzo de la seguridad. El objetivo habría sido proteger a quienes se trasladaban hacia el área donde se realizaban las actividades mineras.
Herrera reconoció un disparo disuasivo
Uno de los aspectos centrales de la controversia es el uso de armas durante el operativo.
Herrera reconoció que se efectuó un disparo disuasivo al aire. Sin embargo, aseguró que tuvo como objetivo restablecer el orden ante la tensión existente.
“Eso fue todo”, sostuvo.
De acuerdo con su relato, posteriormente los efectivos se dedicaron a contener la situación y proteger a las personas presentes.
La explicación policial contradice las denuncias de integrantes de Peñas Negras. Los comuneros sostienen que durante los procedimientos existieron represión y disparos.
La comunidad reclama la consulta previa
Más allá de los incidentes, uno de los principales reclamos de Peñas Negras está relacionado con su derecho a participar en las decisiones sobre el territorio.
La comunidad sostiene que los proyectos capaces de afectar sus tierras y recursos naturales deben contemplar una consulta previa, libre e informada.
El reclamo tiene respaldo en normas nacionales e internacionales.
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. También reconoce derechos vinculados con las tierras que tradicionalmente ocupan.
Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contempla la consulta a los pueblos indígenas cuando determinadas medidas puedan afectarlos directamente.
Peñas Negras denuncia que este procedimiento no fue garantizado antes del avance de las actividades mineras.
El agua y el territorio en el centro del conflicto
La comunidad también advierte sobre los posibles impactos en el agua y el ambiente.
Se trata de una zona de alta montaña ubicada alrededor de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, las fuentes de agua resultan esenciales para las familias, los animales y las actividades tradicionales.
Los comuneros sostienen que las dificultades para circular aumentaron durante el conflicto. Incluso denuncian que la comunidad quedó prácticamente aislada por el despliegue policial.
En una zona rural y de difícil acceso, esas restricciones pueden afectar actividades básicas. Entre ellas se encuentran el abastecimiento, el traslado de animales y el acceso a asistencia.
Cuestionamientos a la Justicia de Belén
La escalada también generó reclamos hacia la Justicia de Belén.
La abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad, presentó denuncias y solicitó medidas urgentes.
Los pedidos buscan proteger a los integrantes de Peñas Negras e investigar los episodios denunciados. También reclaman identificar a los responsables de las agresiones y situaciones de hostigamiento.
Desde la comunidad cuestionan que no haya existido una respuesta inmediata frente a la gravedad de los hechos denunciados.
El conflicto plantea así interrogantes sobre el papel de las instituciones estatales. La fuerza de seguridad debe garantizar la integridad de las personas involucradas. La Justicia, por su parte, debe investigar las denuncias y determinar posibles responsabilidades.
Peñas Negras reclama respuestas a Raúl Jalil
La situación también interpela al gobernador Raúl Jalil y al Gobierno de Catamarca.
El conflicto no comenzó con los últimos episodios. La disputa territorial registra antecedentes y denuncias de violencia durante 2024.
La Policía de Catamarca depende del Ejecutivo provincial. Por ese motivo, la comunidad reclama explicaciones sobre la actuación de los efectivos desplegados en el territorio.
Los comuneros sostienen que la intervención policial facilitó el ingreso de personas vinculadas con actividades mineras. La Policía, en cambio, afirma que buscó garantizar la seguridad frente al enfrentamiento entre grupos con posiciones diferentes.
Jalil convirtió a la minería en uno de los ejes de su política de gobierno. Catamarca también se consolidó como una provincia con fuerte proyección para nuevos proyectos extractivos.
Sin embargo, la expansión minera convive con obligaciones estatales vinculadas con los derechos de las comunidades indígenas.
Minería y derechos indígenas, una disputa que sigue abierta
El conflicto de Peñas Negras vuelve a exponer una discusión que atraviesa diferentes territorios de Catamarca.
Por un lado, aparece la expansión de proyectos de exploración y explotación de recursos minerales. Por otro, comunidades originarias reclaman la protección del territorio, el agua y sus formas tradicionales de vida.
La discusión no se limita a inversiones, empleo o recursos minerales. También involucra a las familias que viven en esos territorios, sus animales, las fuentes de agua y su relación histórica con la tierra.
Peñas Negras reclama que el Estado garantice mecanismos de diálogo y participación. También exige una investigación sobre los hechos de violencia denunciados.
Hasta el momento, las posiciones continúan enfrentadas.
La comunidad denuncia violencia, hostigamiento y falta de respuestas institucionales. La Policía niega haber reprimido y sostiene que intervino para evitar una escalada mayor.
En el centro del conflicto permanece una cuestión todavía sin resolver: cómo compatibilizar el avance de la actividad minera con los derechos territoriales de las comunidades originarias y su derecho a ser consultadas.
