El titular de la Federación Aceitera respaldó el planteo del FreSU, cuestionó la estrategia judicial de la CGT para enfrentar la reforma laboral y afirmó que la organización y la lucha sindical son el único camino para recuperar el poder adquisitivo.
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, volvió a exigir que el Salario Mínimo de $3 millones sea el piso salarial para todos los trabajadores del país y advirtió que la realidad laboral argentina refleja un profundo deterioro del poder adquisitivo.
Durante una entrevista con Radio Provincia, el dirigente respaldó el planteo impulsado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y sostuvo que ese monto surge de los parámetros fijados por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo para garantizar las nueve necesidades básicas que debe cubrir un salario digno.
Un salario que permita vivir y no sobrevivir
Yofra explicó que el reclamo no responde a una cifra arbitraria, sino al cálculo necesario para que una familia pueda afrontar gastos esenciales como vivienda, alimentación, salud, educación, transporte, vestimenta, recreación y otros derechos contemplados por la legislación laboral.
En ese sentido, remarcó que el trabajo registrado dejó de cumplir su función histórica de sacar a las personas de la pobreza.
“No puede ser que sigamos normalizando la pobreza, cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar de serlo”, expresó.
El dirigente alertó además que el 90% de los trabajadores registrados se encuentra por debajo de la línea de pobreza, una situación que calificó como una evidencia del fuerte deterioro de los ingresos laborales.
Críticas al sindicalismo y a la oposición
Durante la entrevista, Yofra también cuestionó el distanciamiento de parte de la dirigencia sindical respecto de las bases y reclamó una mayor presencia junto a los trabajadores.
“Hay que concientizar y la única manera es acercarse a los trabajadores, pero hace bastante tiempo los dirigentes sindicales se han alejado de ellos”, afirmó.
Al mismo tiempo, criticó la falta de definiciones políticas de los sectores opositores frente al actual escenario económico.
Rechazo a la estrategia judicial de la CGT
Uno de los puntos más duros de sus declaraciones estuvo dirigido a la decisión de la CGT de recurrir a la Justicia para intentar frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Para Yofra, la vía judicial constituye un mecanismo lento y burocrático que no ofrece respuestas inmediatas frente a la pérdida del poder adquisitivo.
“Pensamos que la lucha es el camino más efectivo, sobre todo porque los tiempos de los más vulnerables no son los mismos que los de la dirigencia sindical y política”, sostuvo.
Además, consideró que el contexto institucional actual tampoco resulta favorable para esperar fallos que reviertan las políticas oficiales.
“Es un método burocrático que a veces puede ayudar y otras no, más en este momento donde tenemos la mayoría de los jueces afines”, señaló.
La organización como herramienta para recuperar el salario
El líder de la Federación Aceitera insistió en que los sindicatos deben asumir un papel central en la formación de conciencia de los trabajadores respecto del verdadero valor de su fuerza laboral.
Según explicó, conocer cuál debería ser el salario necesario para vivir dignamente constituye el primer paso para fortalecer los reclamos colectivos y mejorar la distribución del ingreso.
“Queremos que sepan cuánto tienen que ganar; luego dependerá de la lucha de cada sector”, concluyó.
Un debate que vuelve al centro de la agenda
Las declaraciones de Daniel Yofra reabren la discusión sobre el nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento de la pobreza entre trabajadores formales y la disputa entre las distintas estrategias sindicales para enfrentar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Con el respaldo del FreSU al reclamo de un piso salarial de $3 millones, el debate sobre la actualización del SMVM vuelve a instalarse como uno de los principales ejes de la agenda laboral argentina.
