La Mesa Agroalimentaria Argentina difundió un duro comunicado contra el proyecto oficialista denominado “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, al que acusa de profundizar la concentración de la tierra, favorecer la extranjerización y debilitar derechos históricos de campesinos, productores familiares e inquilinos rurales.
La organización sostiene que la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei modifica leyes estratégicas vinculadas al manejo del fuego, las tierras rurales y las zonas de frontera, alterando el equilibrio entre el derecho de propiedad y el interés social. Según el documento, el proyecto amplía el poder de los propietarios y facilita procesos de privatización de tierras fiscales.
Un modelo de concentración de la tierra
Uno de los ejes centrales del comunicado es la denuncia sobre el avance de un modelo agropecuario cada vez más concentrado. La Mesa Agroalimentaria advierte que en la “zona núcleo” del país el 80% de la producción se realiza bajo sistemas de arrendamiento y que entre el 60% y el 70% de los productores de la agricultura familiar alquilan las tierras que trabajan.
Desde esa perspectiva, la organización considera que la nueva normativa fortalece a quienes poseen la tierra pero no producen alimentos, consolidando un esquema rentista y financiero en detrimento de pequeños productores y comunidades campesinas.
El comunicado también alerta sobre un posible incremento de desalojos rurales y urbanos. Según la MAA, muchas familias campesinas ocupan tierras de manera histórica sin títulos formalizados, y los cambios propuestos encarecerían los procesos de regularización dominial, favoreciendo litigios judiciales y expulsiones
Críticas a la flexibilización de la Ley de Tierras
Otro de los puntos más sensibles del texto es la advertencia sobre una eventual flexibilización de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros.
La Mesa Agroalimentaria recuerda que la normativa vigente establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, además de imponer restricciones en zonas estratégicas. Sin embargo, afirma que el nuevo proyecto convertiría a la tierra en un “activo financiero” abierto a capitales concentrados y especulativos.
En el análisis político del comunicado aparece una idea recurrente: la tensión entre la lógica del mercado y la soberanía alimentaria. Para la organización, el gobierno impulsa un modelo orientado a la especulación inmobiliaria y financiera, alejándose de políticas públicas destinadas al arraigo rural y al acceso a la tierra.
Manejo del fuego y especulación inmobiliaria
La entidad también cuestiona la intención de modificar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que actualmente prohíbe cambios de uso del suelo en terrenos incendiados durante décadas para evitar negocios inmobiliarios tras incendios forestales.
Según el comunicado, la flexibilización de esas restricciones podría incentivar incendios intencionales y favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos extractivos sobre áreas afectadas.
Desalojos más rápidos y menos defensa
Otro aspecto señalado es la aceleración de procedimientos de desalojo. La Mesa Agroalimentaria denuncia que el proyecto permitiría ejecutar desalojos antes de una sentencia definitiva, con apenas tres días de aviso previo, reduciendo las posibilidades de defensa de inquilinos y ocupantes.
En ese marco, la organización interpreta que el oficialismo busca reforzar un paradigma donde la propiedad privada queda por encima del derecho a la vivienda, el trabajo rural y la producción de alimentos.
Soberanía alimentaria y disputa política
El comunicado concluye con una fuerte reivindicación de la soberanía territorial y alimentaria. La MAA sostiene que “la tierra no es una mercancía más”, sino un recurso estratégico que define qué se produce y quién controla la alimentación del país.
Además, reclama políticas públicas para garantizar acceso a la tierra, frenar desalojos y evitar maniobras de concentración mediante testaferros. Entre las principales consignas del documento se destacan: “La tierra es de quienes la trabajan” y “La tierra no se vende, se defiende”.
