El último análisis por regiones de Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirma una tendencia que ya no puede considerarse coyuntural: la libertad de prensa atraviesa su peor momento en 25 años, y uno de los factores centrales de ese deterioro es la creciente criminalización del ejercicio periodístico a escala global.
Lejos de limitarse a regímenes autoritarios clásicos, esta dinámica se expande hoy a democracias formales, donde el disciplinamiento de la prensa ya no se basa únicamente en la censura directa, sino en herramientas más sofisticadas: procesos judiciales, leyes de seguridad nacional y litigios intimidatorios.
De la censura directa a la persecución legal
El informe de RSF advierte que el periodismo “se criminaliza” mediante procesos judiciales diseñados para silenciar a periodistas y medios.
Este fenómeno marca un cambio cualitativo. Ya no se trata solamente de prohibir o clausurar medios, sino de encuadrar la actividad periodística como delito, generando un efecto disciplinador más amplio:
- Se judicializa la investigación periodística
- Se multiplican las causas penales o civiles contra periodistas
- Se instala un clima de autocensura por temor a sanciones
Según el informe, este tipo de mecanismos se ha extendido a más del 60% de los países analizados, lo que evidencia su carácter estructural y no excepcional.
Un fenómeno global con múltiples caras
La criminalización del periodismo adopta distintas formas según la región, pero responde a una misma lógica: limitar la circulación de información incómoda para el poder.
- En América Latina, se combina con violencia directa, impunidad y presiones judiciales, especialmente en contextos atravesados por el crimen organizado.
- En Europa y Estados Unidos, se manifiesta en el uso creciente del “lawfare” y demandas estratégicas (SLAPP) para desgastar económicamente a medios y periodistas.
- En Asia y Medio Oriente, se consolida mediante leyes de seguridad nacional que permiten encarcelar periodistas bajo cargos amplios o ambiguos.
El resultado es un ecosistema donde informar implica cada vez más riesgos, ya sea físicos, económicos o legales.
El deterioro del marco legal: el dato clave
Uno de los hallazgos más relevantes del informe 2026 es que el indicador que más cayó a nivel global es el marco legal de la libertad de prensa.
Esto implica que el problema no es solo la violencia o la precariedad, sino la institucionalización de restricciones al periodismo. Es decir, la erosión ya no ocurre únicamente “por fuera” del sistema democrático, sino desde adentro de sus propias normas.
En este contexto, la legalidad deja de ser garantía de libertad y pasa a ser, en muchos casos, un instrumento de control.
Un cambio de paradigma: del periodista incómodo al periodista sospechoso
La criminalización introduce un cambio profundo en la percepción social del periodismo. El periodista deja de ser visto como un actor necesario para la democracia y pasa a ser presentado —desde el discurso político y judicial— como:
- un operador
- un enemigo
- o incluso un potencial delincuente
Este desplazamiento simbólico es clave, porque legitima las medidas restrictivas y debilita el respaldo social a la prensa.
Economía, política y hostilidad: un combo regresivo
RSF señala que este proceso no ocurre en el vacío. Se articula con otros factores que agravan la crisis:
- la fragilidad económica de los medios, que limita su independencia
- el aumento de la hostilidad política hacia periodistas
- y la proliferación de discursos que desacreditan sistemáticamente a la prensa
Todo esto configura un escenario donde el periodismo queda simultáneamente presionado, desfinanciado y deslegitimado.
Una alerta democrática
El dato más contundente del informe es estructural: más de la mitad de los países del mundo se encuentran hoy en una situación “difícil” o “muy grave” para el ejercicio del periodismo.
Esto implica que la crisis de la libertad de prensa ya no es un problema localizado, sino un fenómeno global que afecta directamente la calidad de las democracias.
En ese marco, la criminalización del periodismo aparece como el mecanismo más eficaz —y más peligroso— para restringir el derecho a la información sin necesidad de recurrir a formas explícitas de censura.
Conclusión
El análisis de RSF deja una advertencia clara: el principal riesgo para la libertad de prensa ya no es solo la represión abierta, sino su transformación en delito.
Cuando informar puede ser motivo de persecución judicial, la democracia entra en una zona crítica. Porque sin periodismo libre, lo que se debilita no es solo un sector, sino la capacidad misma de la sociedad para conocer, debatir y decidir.
