Por Augusto Vidoret La reciente decisión de la jueza Loretta Preska, que condena a la Argentina a pagar USD 16.099 millones a fondos buitre por el caso YPF, no juzga la expropiación realizada en 2012. Lo que se juzga es el incumplimiento de una cláusula empresarial asumida por el Estado argentino en 1993, cuando privatizó la petrolera y aceptó someterse a las leyes y tribunales de Nueva York. Ese fallo, aparentemente técnico, es en realidad un caso emblemático de cómo los pactos de entrega de soberanía del neoliberalismo pueden transformarse,…
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