La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, pone en el centro del debate la violencia contra las mujeres, un flagelo que atraviesa a toda la sociedad.
Por Gabriela Barcaglioni
La violencia contra las mujeres, la violencia de género, es compleja. Tiene múltiples efectos sobre las condiciones de vida, la salud, el desempeño profesional, la vida de quienes son agredidas verbalmente, psicológicamente, económicamente, sexualmente y físicamente. Su vida corre peligro constantemente, el femicidio/feminicidio es su expresión máxima.
Todas estas afirmaciones cobran una especial dimensión cuando involucra a un expresidente y a su esposa porque, entre otras cosas, se convierte en un acontecimiento político y mediático. El poder siempre atraviesa las relaciones violentas, pero en este caso aspectos políticos, partidarios, empresariales, pujas por el poder formal de las instituciones del Estado aparecen en el escenario.
Sin embargo, ninguno de estos factores puede arrojar dudas sobre los dichos de una mujer que alega haber sufrido violencia de su pareja.
La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por lesiones y abuso de autoridad se tramita en la Justicia y mientras este artículo se elabora, Yañez presentará su declaración testimonial ante el fiscal Ramiro González que investiga la causa.
El testimonio será clave para determinar las pruebas para corroborar la acusación. En este punto es válido considerar el valor del testimonio y la necesidad que la perspectiva de género esté presente en todas las etapas que se deben atravesar hasta llegar a una decisión judicial.
El testimonio permite comprender la experiencia en primera persona, posibilita conocer a través de la narración las conexiones sociales, las institucionales, la posición de quienes intervienen en esa situación o circunstancia narrada, dice Alejandra Oberti quien ha hecho del testimonio su objeto de análisis y estudio como una trama que involucra a las personas que han vivido situaciones de violencia.
Investigar y juzgar con perspectiva de género
Cuando una mujer denuncia, logra poner en palabras que fue violentada, la perspectiva de género implica en el obrar de quien investiga, juzga y sentencia evitar que la responsabilidad exclusiva de acreditar el maltrato, los golpes, las amenazas recaiga exclusivamente sobre la mujer y sea ella quien deba identificar testigos o aportar elementos de prueba para acreditar los hechos. Implica también, y sobre todo, no caer en prejuicios de cómo deberían haber actuado las víctimas; apoyarse en construcciones sociales sobre la “buena madre”, “mujer fabuladora”, “mujer co-responsable”, “la buena víctima” por citar algunas construcciones sociales que pueden afectar el proceso judicial.
Entender la dinámica de la violencia, su ciclo; las relaciones de poder que pueden existir entre la víctima y el agresor, entre otros factores. Hacer valer la perspectiva de género en la administración de justicia implica tener en cuenta otros medios de prueba que puedan dar cuenta del contexto de la violencia, del estado de la víctima con anterioridad y posterioridad al suceso.
La necesidad de entender la complejidad de las violencias por razones de género, su estructuralidad -que la convierte en un hecho cotidiano para las mujeres- parece imposible de lograr si se pone atención al escenario mediático que se observó en torno a la denuncia de lesiones graves y abuso de autoridad contra el expresidente Alberto Fernández.
Circo mediático
Inicialmente, la ex primera dama había decidido no denunciar. Fue en una audiencia en la que el juez Ercolini le informó que en el celular de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se encontraron mensajes suyos con imágenes que daban cuenta de hechos de violencia que surgen de la pericia al teléfono de Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros, esposo de la secretaria de Fernández. El juez llega a las fotos y mensajes en cuestión mientras investiga la contratación de seguros de reparticiones estatales en las cuales se involucra a Pagliano.
El uso indiscriminado de imágenes, videos y registros de golpes, amenazas, hostigamiento a una mujer en situación de violencia, y la construcción del relato noticioso a partir de detalles morbosos o íntimos de la vida de las mujeres, crea las condiciones para la revictimización: focaliza la atención en su vida privada, se la sobreexpone y, se busca en su historia personal situaciones o características que la ponen en sospecha o la responsabilizan por los hechos de violencia que relata.
Con una dialéctica que encubre el trasfondo de la problemática, y sin la inclusión de una mirada especializada sobre la violencia de género provoca que se comunique sin respetar derechos, hacer distinción entre los diferentes tipos de violencia, sus diferentes marcos – familiar, institucional, contra la libertad reproductiva, por solo mencionar algunos de ellos-. Y fundamentalmente sin tomar en cuenta que lo que se dice y cómo se lo dice se comunica- se pone en común- involucra a otras víctimas de violencia de género. Es decir, son recibidas, procesadas, ancladas en experiencias diversas, con consecuencias sobre esas personas, cómo se ven, cómo las ven y son tratadas.
El desmantelamiento de organismos públicos, una paso atrás en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres.
Las fotos difundidas no debieron hacerse públicas, son innecesarias. Así lo entendieron Tiempo Argentino y Página 12 por entender en un caso que sumaban a operaciones, se desconocía su procedencia y porque revictimizaban a Yáñez. En síntesis porque hay un testimonio y una investigación en curso que para no revictimizar debe valerse del género como perspectiva de análisis.
El abordaje mediático también incluyó una crítica al feminismo, a las feministas que desde diferentes vertientes que expresan un movimiento político, pero también de producción académica promovieron, ejecutaron y sostuvieron políticas públicas cuyo objetivo fue garantizar derechos a mujeres en situación de violencia.
La oportunidad de justificar el desmantelamiento y desfinanciamiento de programas, líneas de acción que atendían esta problemática, es evidente. Durante el primer trimestre de 2024, la Línea 144 , diseñada para asesorar y atender situaciones de violencia de género, recibió 9.011 comunicaciones, realizó 18.409 asistencias. Dato cuantitativo que demuestra la prevalencia de la problemática en la sociedad. Sin embargo, los despidos del 85% del personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (Ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad) que sostienen la atención implica que hay guardias de la línea que quedaron con solo 2 trabajadoras a cargo, lo que hace imposible la sostenibilidad del servicio que se prestaba.
La lucha feminista continúa
Al respecto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género que monitorearon las políticas públicas relacionadas con las violencias de género afirman que “sin las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera seria y eficaz, la situación solo continuará agravándose. La consecuencia de no contar con programas de prevención y atención es que las personas en situación de violencia se resignan a no buscar ayuda y regresan con el agresor, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias”.
Dicen que un hecho ofrece la posibilidad de aprendizajes. Parece lejano esperar en este contexto que se profundicen los análisis sobre las violencias contra las mujeres, se exija al Estado que cumpla con las responsabilidades asumidas que lo obligan a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres como la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
No es desacertado decir que la denuncia y el debate público -aun con las características señaladas- es posible porque desde hace décadas las feministas hicimos de un tema que se consideraba privado, un hecho político y público. Logramos normativas nacionales e internacionales, políticas de atención y reparación de las violencias contra las mujeres cuyo cumplimiento deberá exigirse. El patriarcado no cayó, pero el feminismo sigue cuestionando, proponiendo y resistiendo.
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