Argentina se abstuvo en la ONU de condenar la violencia contra mujeres y niñas: Milei volvió a alinearse con Trump

Asamblea de Naciones Unidas donde Argentina se abstuvo de apoyar una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas.

La administración de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la controversia internacional después de que la Argentina se abstuviera de acompañar una resolución de las Naciones Unidas destinada a fortalecer la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

La votación se desarrolló en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, responsable de abordar cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos.

El documento obtuvo un respaldo contundente: 175 países votaron a favor, seis se abstuvieron y solamente Somalia se pronunció en contra.

La delegación argentina, encabezada por el embajador Francisco Tropepi, compartió su posición con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

De esta manera, el Gobierno argentino se convirtió en el único de América Latina que decidió no acompañar la iniciativa.

La abstención también marcó una diferencia respecto de Israel, uno de los principales aliados internacionales de Milei, que en esta oportunidad respaldó el documento.

Una votación que volvió a mostrar el alineamiento de Milei con Trump

La decisión argentina coincidió con la postura de la administración estadounidense de Donald Trump, que mantiene fuertes cuestionamientos a determinadas políticas internacionales vinculadas con el género y los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, existió una diferencia en el comportamiento diplomático de ambos países.

Mientras Estados Unidos expuso públicamente sus objeciones, la representación argentina no intervino durante la sesión para fundamentar su abstención.

Posteriormente, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, explicaron a TN los argumentos utilizados por el Gobierno.

Según esa interpretación, la Argentina no rechaza los esfuerzos destinados a combatir la violencia contra las mujeres. Su cuestionamiento estaría dirigido a determinados conceptos incorporados en la resolución.

Las fuentes oficiales consideraron que el documento incluye planteos ideológicos que, desde su perspectiva, exceden las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia.

También objetaron referencias vinculadas con las políticas de género y señalaron que algunas disposiciones no contemplarían suficientemente las particularidades jurídicas y culturales de cada país.

Desde Cancillería defendieron la abstención como una decisión diferente del rechazo explícito.

El argumento oficial sostiene que la política exterior argentina debe evaluar individualmente las iniciativas multilaterales, sin adherir automáticamente a las agendas impulsadas por los organismos internacionales.

Qué establece la resolución de Naciones Unidas

El documento aprobado lleva por título “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”.

Su objetivo consiste en reforzar los compromisos internacionales para enfrentar distintas manifestaciones de violencia, incluidas aquellas que se desarrollan mediante plataformas digitales.

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con la protección de los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva.

Su tratamiento adquiere especial relevancia frente a los conflictos armados y las crisis humanitarias que afectan a distintas regiones del planeta.

Las mujeres y las niñas se encuentran particularmente expuestas a situaciones de violencia sexual, desplazamientos forzados, explotación y otras vulneraciones de derechos en territorios atravesados por guerras.

Entre los escenarios internacionales de mayor preocupación aparecen Gaza, Ucrania, Sudán y Myanmar.

El rechazo estadounidense a las referencias sobre salud reproductiva

Durante el debate, la representante de Estados Unidos, Kali Gasteiger, cuestionó expresamente algunos conceptos incluidos en el documento.

La funcionaria objetó las referencias a la salud sexual y reproductiva y al aborto seguro.

Asimismo, sostuvo que no existe un derecho internacional al aborto que obligue a los Estados a financiar o facilitar esas prácticas.

La discusión también incluyó una propuesta de modificación destinada a condicionar la implementación de la resolución a las legislaciones nacionales y a los valores religiosos, éticos y culturales de cada país.

Sin embargo, la comisión aprobó una moción para impedir el tratamiento de esa enmienda.

Esa decisión reunió 68 votos favorables, 54 contrarios y 30 abstenciones.

Cancillería defendió la abstención y cuestionó la eficacia de las declaraciones internacionales

Desde el Gobierno argentino plantearon que la aprobación de documentos multilaterales no garantiza, por sí misma, una reducción efectiva de la violencia.

Las fuentes diplomáticas pusieron en discusión la capacidad de estas resoluciones para modificar indicadores como los femicidios y las muertes maternas.

También destacaron los resultados atribuidos a las políticas de seguridad implementadas durante la administración libertaria.

Como respaldo, mencionaron cifras del informe anual de la Corte Suprema correspondientes a 2025.

Según los datos citados por las fuentes oficiales, durante ese año se registraron 200 víctimas directas de femicidio, un 12,3% menos que en 2024.

La cifra fue presentada como la más baja desde 2017.

Sin embargo, la reducción de un indicador nacional no resuelve por sí sola el debate sobre los compromisos internacionales del Estado argentino.

La discusión también comprende la prevención, la asistencia a las víctimas, el acceso a la justicia y la continuidad de las políticas públicas.

La abstención argentina contradice una larga trayectoria de compromisos internacionales

La posición adoptada por el Gobierno abrió interrogantes sobre su relación con los instrumentos internacionales que la Argentina incorporó a su ordenamiento jurídico.

El país es parte de dos convenciones fundamentales en materia de protección de los derechos de las mujeres.

Una de ellas es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 y dotada de jerarquía constitucional en la Argentina.

La otra es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994.

Este último instrumento posee jerarquía superior a las leyes nacionales.

Durante décadas, la Argentina participó activamente en organismos internacionales que promovieron la adhesión y ratificación de ambos tratados.

Esa trayectoria estuvo acompañada por la creación de normas, instituciones y mecanismos destinados a combatir la violencia de género.

Por ese motivo, la reciente abstención generó cuestionamientos sobre la coherencia entre las obligaciones internacionales asumidas y las decisiones actuales de política exterior.

Las leyes argentinas que protegen a las mujeres frente a la violencia

El sistema jurídico nacional cuenta con un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar distintas formas de violencia contra las mujeres.

La principal referencia es la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009.

Esta legislación contempla distintas modalidades de violencia y establece obligaciones estatales relacionadas con la prevención, la asistencia y la protección de las víctimas.

A su vez, el marco normativo argentino comprende disposiciones sobre violencia doméstica, delitos sexuales, femicidios, trata de personas, acoso y otras conductas vinculadas con la violencia por motivos de género.

Su desarrollo atravesó gobiernos de diferentes orientaciones políticas.

En consecuencia, la protección de las mujeres frente a la violencia se consolidó progresivamente como una política pública respaldada por compromisos jurídicos nacionales e internacionales.

El desmantelamiento de estructuras estatales durante el gobierno de Milei

Desde diciembre de 2023, la administración libertaria introdujo modificaciones importantes en la organización institucional dedicada a las políticas de género.

Entre las principales decisiones se encuentra la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Sus competencias fueron transferidas inicialmente al Ministerio de Capital Humano y posteriormente al Ministerio de Justicia.

En junio de 2024, el Gobierno también anunció el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

No obstante, otros organismos especializados continuaron funcionando.

Entre ellos se encuentran la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema, y la Oficina de la Mujer, que desarrolla actividades dentro del Poder Judicial.

También permanece activa la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), perteneciente al Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la Línea 144 continúa ofreciendo asistencia gratuita durante las 24 horas, todos los días del año.

Estas transformaciones institucionales constituyen parte del contexto en el que se produjo la reciente votación argentina ante Naciones Unidas.

Fuertes críticas de la oposición por la posición argentina ante la ONU

La abstención provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que interpretaron la decisión como un nuevo retroceso en la política exterior relacionada con los derechos humanos.

El excanciller Jorge Taiana calificó el episodio como un nuevo bochorno diplomático.

A través de sus redes sociales, cuestionó que la Argentina no acompañara una iniciativa internacional orientada a intensificar la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

También se pronunció la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

La legisladora difundió el resultado de la votación y sostuvo que la abstención no representa la tradición jurídica y diplomática del país, sino una decisión particular de la administración de Milei.

Además, vinculó la postura oficial con el acercamiento político del Presidente argentino a Donald Trump.

Las críticas se extendieron a las redes sociales, donde distintos usuarios cuestionaron el aislamiento regional de la Argentina en una votación que obtuvo un respaldo internacional ampliamente mayoritario.

Los antecedentes de Argentina en votaciones controvertidas de Naciones Unidas

La reciente abstención no constituye un episodio aislado dentro de la política exterior libertaria.

Desde su llegada al Gobierno, Milei impulsó distintas decisiones diplomáticas que modificaron posiciones históricas de la Argentina en organismos multilaterales.

En octubre de 2026, el país votó en contra de una resolución que reclamaba el levantamiento del embargo económico estadounidense contra Cuba.

La decisión coincidió con la posición de Washington.

Durante ese mismo mes, la Argentina también acompañó a Estados Unidos e Israel en el rechazo de una declaración relacionada con la prevención de pandemias.

Otro antecedente se produjo en noviembre, cuando la representación argentina integró el grupo de 13 países que votaron contra una resolución de respaldo a la Corte Penal Internacional.

La iniciativa, que recibió 93 votos favorables, estaba vinculada con el funcionamiento y la independencia del tribunal.

El antecedente de 2024 sobre violencia digital

La política exterior argentina ya había provocado controversias por una votación relacionada con los derechos de las mujeres.

En noviembre de 2024, la delegación nacional fue la única que rechazó una resolución destinada a combatir la violencia digital contra mujeres y niñas.

La propuesta había recibido el respaldo de otras 170 naciones.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el Gobierno modificó su posición y terminó acompañando la iniciativa durante la votación definitiva de la Asamblea General.

Ese antecedente demuestra que las decisiones diplomáticas argentinas sobre estas cuestiones no siempre mantuvieron una posición uniforme.

Malvinas, Palestina y las contradicciones en la defensa de los recursos naturales

Las decisiones recientes ante Naciones Unidas también abrieron debates relacionados con otros aspectos de la política exterior argentina.

El 11 de noviembre, la delegación nacional se abstuvo de acompañar un proyecto sobre la soberanía permanente del pueblo palestino respecto de sus recursos naturales en el territorio ocupado.

La resolución aborda principios vinculados con la explotación de recursos en territorios sometidos a ocupación.

Estos conceptos presentan puntos de contacto con argumentos utilizados por la Argentina para cuestionar actividades económicas británicas en las Islas Malvinas.

Uno de los casos más relevantes es el proyecto petrolero Sea Lion, cuya explotación es objeto de controversia entre la Argentina y el Reino Unido.

Aunque los escenarios jurídicos y políticos no son idénticos, ambos debates involucran la relación entre soberanía, control territorial y aprovechamiento de recursos naturales.

La diferencia entre las posiciones diplomáticas plantea interrogantes sobre la consistencia de los criterios utilizados por el Gobierno en distintos conflictos internacionales.

La candidatura de Rafael Grossi y el desafío diplomático argentino

Las recientes votaciones también se producen mientras la Argentina impulsa la candidatura del diplomático Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas.

Esa aspiración requiere construir respaldos internacionales y mantener relaciones diplomáticas con países que sostienen posiciones diversas.

En ese contexto, el alineamiento de la administración Milei con Washington contrasta con la necesidad de ampliar consensos dentro de la organización.

La abstención en una resolución respaldada por 175 Estados vuelve a colocar esa tensión en el centro de la discusión.

Una decisión que reabre el debate sobre la política exterior argentina

El resultado de la votación dejó expuestas dos interpretaciones contrapuestas.

Para el Gobierno, la abstención constituye una forma de expresar desacuerdos con determinados contenidos del documento, sin abandonar formalmente el compromiso de combatir la violencia contra las mujeres.

Para sus críticos, en cambio, representa una señal de distanciamiento respecto de una trayectoria diplomática construida durante décadas.

La controversia adquiere mayor dimensión por la existencia de tratados internacionales, leyes nacionales e instituciones especializadas que obligan al Estado argentino a desarrollar políticas de protección.

Con 175 países respaldando la resolución y solamente seis abstenciones, la Argentina quedó al margen de un consenso internacional ampliamente mayoritario.

Más allá de los argumentos oficiales, la decisión vuelve a instalar una pregunta central: hasta qué punto el alineamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei está modificando posiciones históricas de la Argentina en materia de derechos humanos y cooperación internacional.

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