Una mujer de más de 65 años, que cobra la jubilación mínima, permaneció detenida durante cinco semanas por un intento de hurto de alimentos en un supermercado. La Justicia ordenó su excarcelación el 13 de noviembre, pero condicionó su salida al pago de una fianza de $150.000 que su familia tuvo que reunir. El caso expone la situación de los adultos mayores frente a la pobreza y reabre el debate sobre el uso de la prisión preventiva.
Cinco semanas detenida por intentar llevarse un corte de carne
Estela Chávez tiene más de 65 años, seis hijos y una jubilación mínima. Vive con una de sus nietas en una vivienda de un barrio popular de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante 36 días estuvo privada de su libertad por intentar llevarse un corte de carne de un supermercado.
El episodio ocurrió el 8 de octubre de 2026. Según consta en el relato del caso, las cámaras de seguridad registraron cuando la mujer intentaba ocultar carne entre sus prendas. Los empleados de seguridad la interceptaron mientras permanecía en la fila de las cajas, antes de que pudiera abandonar el establecimiento.
La intervención policial derivó en su detención y en la apertura de una causa por tentativa de hurto. Lo que comenzó como un procedimiento por un presunto delito patrimonial sin violencia terminó convirtiéndose en más de un mes de encierro.
El viernes 13 de noviembre, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25 dispuso finalmente su excarcelación. Sin embargo, estableció una caución de $150.000 que sus familiares debieron reunir para posibilitar su salida.
La resolución llegó después de cinco semanas de detención en condiciones cuestionadas por su entorno familiar y por organismos vinculados a la prevención de malos tratos.
De trabajadora doméstica a jubilada con ingresos insuficientes
Antes de jubilarse, Estela Chávez trabajó durante años realizando tareas de limpieza en viviendas particulares. Como muchas mujeres que sostienen sus hogares mediante empleos domésticos, debió combinar las obligaciones laborales con la crianza de sus hijos.
Su hijo menor, Mariano Franco, explicó que los gastos de transporte comenzaron a representar una proporción cada vez mayor de sus ingresos. En algunos domicilios recibía dinero para los viajes, mientras que en otros debía afrontar esos costos con su propio salario.
Con el paso del tiempo, el desgaste físico y las dificultades económicas hicieron que continuar trabajando dejara de ser una alternativa viable.
Finalmente, Chávez pudo acceder a la jubilación mediante una moratoria previsional. Desde entonces, su único ingreso regular es el haber mínimo.
Su situación refleja las dificultades económicas que atraviesan numerosos adultos mayores cuyos ingresos previsionales resultan insuficientes para cubrir alimentación, medicamentos, servicios y otros gastos indispensables.
Una prisión preventiva que abrió interrogantes judiciales
La causa contra Estela Chávez quedó registrada bajo el expediente CCC 52837/2026, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25.
La defensa estuvo a cargo de la Defensoría Pública Oficial N.º 15, mientras que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires intervino mediante comunicaciones con el juzgado y los representantes legales.
Pese a que el hecho investigado ocurrió el 8 de octubre, la prisión preventiva fue dictada recién el 26 de ese mes.
La situación procesal se complicó por la existencia de otro expediente correspondiente a 2025. Aquella causa también estaba relacionada con un presunto intento de sustraer alimentos de un supermercado.
Según la información disponible, el 31 de octubre el propio juzgado advirtió que ninguno de los dos hechos investigados había llegado a consumarse.
Este dato resulta relevante porque la tentativa de hurto contempla una reducción de la escala penal respecto del delito consumado.
Además, la prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional. Su aplicación debe justificarse mediante riesgos procesales concretos, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En ese contexto, el caso plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de mantener detenida durante 36 días a una mujer mayor, con problemas de salud y acusada de un delito sin violencia.
Las condiciones de detención y el deterioro de su salud
Durante su encarcelamiento, Chávez permaneció alojada en la Alcaidía N.º 15, ubicada en el barrio porteño de Chacarita, junto al Parque Los Andes.
El establecimiento está concebido para alojamientos transitorios, con permanencias que, según los textos aportados, no deberían superar las 72 horas.
Sin embargo, la jubilada permaneció allí durante más de cinco semanas.
Compartía una celda con otras cinco mujeres y, de acuerdo con el testimonio de su familia, comenzó a experimentar complicaciones respiratorias relacionadas con la exposición permanente al humo del tabaco.
A esos problemas se sumaron distintos episodios que requirieron asistencia médica.
El 21 de octubre sufrió una infección urinaria. Para recibir tratamiento, debió comunicarse con su defensor y solicitar un traslado a un centro de salud. Recién después de completar ese procedimiento pudo acceder a un antibiótico.
El 3 de noviembre volvió a necesitar atención médica y tuvo que atravesar nuevamente las gestiones necesarias para conseguirla.
Las dificultades para recibir asistencia sanitaria, sumadas a su edad y a las características del lugar de alojamiento, profundizaron los cuestionamientos sobre la continuidad de su detención.
Una familia que pasó más de un mes sin poder verla
Mientras Estela permanecía encerrada, sus hijos intentaban garantizarle elementos básicos para sobrellevar la situación.
Mariano Franco, el menor de los seis hermanos, concurría semanalmente a la alcaidía para retirar la ropa utilizada por su madre y entregarle prendas limpias, alimentos y artículos de higiene personal.
Sin embargo, las condiciones del establecimiento impedían las visitas familiares.
Durante ese período, Chávez tampoco pudo reencontrarse con la nieta con la que comparte su vivienda.
La preocupación de sus familiares aumentó cuando comenzaron los problemas respiratorios y las reiteradas necesidades de atención médica.
“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí, está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman, fuman adentro, está en una celda con otras cinco”, relató Mariano.
El joven también atravesaba una situación laboral difícil. Después de desempeñarse como bachero y ayudante de cocina, había quedado desempleado y buscaba una nueva ocupación.
“Hago cualquier cosa, lo que sea”, expresó mientras recorría distintos lugares para entregar currículums.
La detención de su madre agravó así las dificultades de una familia que ya enfrentaba una situación económica precaria.
La Justicia exigió $150.000 para conceder la excarcelación
La resolución judicial que permitió avanzar hacia la libertad de Estela Chávez llegó el viernes 13 de noviembre, 36 días después de su detención.
El juzgado dispuso su excarcelación bajo una caución de $150.000.
La exigencia económica obligó a sus familiares a reunir el dinero necesario para cumplir con la condición establecida por la Justicia.
La situación presenta una contradicción evidente: una mujer que percibe la jubilación mínima y enfrenta dificultades para sostener sus gastos cotidianos necesitó que su familia consiguiera una suma considerable para acceder a su libertad.
El episodio también reabre el debate sobre las cauciones económicas y su impacto desigual sobre las personas de menores recursos.
Aunque la legislación contempla distintas modalidades de caución, su aplicación debe considerar las circunstancias particulares de cada imputado y evitar que la falta de recursos económicos se transforme en un impedimento desproporcionado para recuperar la libertad.
De acuerdo con la información suministrada, la familia consiguió reunir los $150.000 exigidos y el juzgado firmó la orden de excarcelación.
Jubilaciones mínimas, pobreza y el alcance del sistema penal
Más allá de las particularidades judiciales, el caso de Estela Chávez pone de manifiesto una problemática social más amplia: la vulnerabilidad económica de los adultos mayores que dependen exclusivamente de sus haberes previsionales.
La jubilada había trabajado durante años en casas particulares. Cuando su salud y sus ingresos dejaron de permitirle continuar, accedió al sistema previsional mediante una moratoria.
Sin embargo, el haber mínimo no le garantizaba una situación económica desahogada.
Su detención por intentar llevarse un alimento de un supermercado expone el contraste entre las dificultades materiales que atraviesan los sectores más vulnerables y la respuesta del aparato penal.
También plantea preguntas sobre la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, especialmente cuando se trata de personas mayores con problemas de salud y hechos investigados que no involucraron violencia.
El principio de proporcionalidad exige evaluar si una restricción tan severa como el encarcelamiento resulta necesaria para asegurar el desarrollo del proceso.
En este caso, la permanencia durante 36 días en una alcaidía transitoria y las complicaciones sanitarias denunciadas por la familia agregan elementos relevantes a esa discusión.
Un caso que interpela a la Justicia y a la política previsional
Estela Chávez pasó 36 días detenida por un presunto intento de hurto de alimentos que no llegó a consumarse. Durante ese período sufrió problemas de salud, permaneció alejada de su familia y estuvo alojada en un establecimiento destinado a detenciones transitorias.
Su excarcelación fue ordenada el 13 de noviembre, pero quedó sujeta al pago de una caución de $150.000.
La historia de esta jubilada de San Fernando trasciende el expediente judicial. Expone las consecuencias de la insuficiencia de ingresos previsionales y obliga a revisar los criterios utilizados para disponer y mantener prisiones preventivas.
