La desregulación aerocomercial impulsada por el gobierno de Javier Milei incorporó la modificación artificial del tiempo atmosférico entre las actividades autorizadas para su explotación comercial. La medida permite desarrollar operaciones de siembra de nubes, dispersión de niebla y prevención del granizo. Sin embargo, abre interrogantes sobre los controles ambientales, la utilización de sustancias químicas y la intervención de las provincias.
La modificación artificial de las condiciones meteorológicas ingresó formalmente al régimen de actividades aerocomerciales de Argentina. A partir de una reforma normativa impulsada por el Gobierno nacional, las empresas privadas pueden solicitar autorización para prestar servicios destinados a intervenir sobre determinados procesos atmosféricos.
La decisión comprende procedimientos utilizados desde hace décadas en distintas regiones del mundo. Entre ellos figuran la siembra de nubes para favorecer precipitaciones, las técnicas de dispersión de niebla y las operaciones orientadas a reducir los daños provocados por el granizo.
No obstante, la incorporación de estas prácticas al mercado de servicios aéreos plantea una discusión que trasciende la actividad aeronáutica: quién autoriza las intervenciones, qué controles ambientales deben cumplirse y cuáles son las responsabilidades ante eventuales perjuicios sobre las comunidades y los ecosistemas.
La desregulación aerocomercial abrió el mercado a empresas privadas
El proceso normativo comenzó con el Decreto 599/2024, dictado durante la presidencia de Javier Milei. La disposición modificó el régimen aerocomercial e incluyó expresamente la modificación artificial del tiempo atmosférico dentro de las actividades consideradas trabajos aéreos.
Posteriormente, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) estableció nuevas condiciones para el desarrollo comercial de estas operaciones mediante la Resolución 313/2026.
El esquema contempla la obtención de un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA), junto con el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad operacional.
De esta manera, las compañías interesadas pueden incorporarse a un mercado que ofrece servicios meteorológicos específicos para establecimientos agropecuarios y otros sectores productivos.
Sin embargo, la autorización aeronáutica no equivale necesariamente a una evaluación integral de los posibles impactos ambientales. Esa diferencia constituye uno de los principales puntos de discusión.
Siembra de nubes: cómo funciona la modificación artificial del tiempo
La siembra de nubes consiste en introducir determinadas partículas en formaciones nubosas que ya existen, con el objetivo de favorecer procesos físicos vinculados con la precipitación.
Una de las sustancias utilizadas es el yoduro de plata. Sus partículas pueden actuar como núcleos que facilitan la formación de cristales de hielo bajo condiciones atmosféricas apropiadas.
La técnica busca modificar ciertos procesos internos de las nubes. Sin embargo, sus resultados dependen de factores meteorológicos que no pueden controlarse completamente.
Por eso, modificar artificialmente algunos procesos atmosféricos no significa disponer de una tecnología capaz de dominar el clima.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que estos procedimientos tienen limitaciones importantes. No permiten crear grandes sistemas de tormentas, conducir libremente las lluvias hacia una región determinada ni controlar fenómenos meteorológicos extremos.
Tampoco representan una solución comprobada para revertir sequías severas de manera generalizada.
En consecuencia, la eficacia de estas operaciones debe analizarse según las condiciones meteorológicas, los objetivos perseguidos y la evidencia científica disponible.
Yoduro de plata y ambiente: qué se conoce sobre sus efectos
El uso de sustancias químicas en operaciones de modificación atmosférica constituye otro aspecto central del debate.
El yoduro de plata se utiliza desde hace décadas en programas de siembra de nubes. Su aplicación busca favorecer determinados procesos de formación de hielo dentro de las nubes.
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, las investigaciones disponibles no han identificado impactos ambientales significativos asociados con las cantidades utilizadas habitualmente en estas operaciones.
Sin embargo, el organismo también señala la necesidad de evaluar situaciones específicas, especialmente cuando se incorporan nuevas sustancias, aumentan las concentraciones o se aplican procedimientos diferentes de los estudiados.
Por lo tanto, la ausencia de impactos significativos comprobados en determinados programas no reemplaza la necesidad de controles ambientales adecuados para cada intervención.
Entre los aspectos que requieren seguimiento se encuentran las sustancias utilizadas, las cantidades liberadas, las características de los ecosistemas involucrados y los posibles efectos acumulativos.
Los interrogantes sobre los estudios de impacto ambiental y la información pública
Uno de los cuestionamientos planteados alrededor de la normativa argentina es el alcance de las obligaciones ambientales exigidas a las empresas.
El régimen aeronáutico establece condiciones para desarrollar trabajos aéreos. No obstante, resulta necesario determinar qué evaluaciones ambientales adicionales corresponden según la jurisdicción y las características de cada proyecto.
La discusión comprende la eventual exigencia de estudios de impacto ambiental, mecanismos de participación ciudadana y autorizaciones de las autoridades provinciales competentes.
También aparece otro problema: la disponibilidad pública de información sobre las operaciones comerciales.
Para garantizar mecanismos efectivos de fiscalización, resulta relevante conocer qué empresas prestan estos servicios, quiénes los contratan, en qué territorios trabajan y qué productos utilizan.
Asimismo, deberían existir procedimientos que permitan identificar las fechas de intervención, las áreas alcanzadas y las autoridades responsables de supervisar las actividades.
La transparencia adquiere especial importancia cuando las operaciones se realizan sobre territorios compartidos por distintas comunidades y actividades productivas.
Empresas interesadas y antecedentes de operaciones en Chaco
La modificación artificial del tiempo atmosférico también despertó interés empresarial.
Entre las sociedades mencionadas por su vinculación con actividades de este tipo aparecen South American Weather Consultants S.A., Lindera S.A. y Pacific Ocean S.A.
Según la información difundida sobre el sector, distintas compañías incorporaron a sus objetos sociales actividades relacionadas con servicios de modificación meteorológica.
Sin embargo, la inclusión de estas actividades en los estatutos de una sociedad no demuestra, por sí sola, que esté realizando operaciones efectivas ni que cuente con todas las autorizaciones necesarias.
Por otra parte, la provincia del Chaco registra antecedentes de experiencias vinculadas con la estimulación artificial de precipitaciones.
Entre ellas se mencionan intervenciones de la firma chilena Mettech S.p.A., relacionadas con la utilización de generadores terrestres de yoduro de plata en establecimientos agrícolas privados.
Estos antecedentes muestran que el interés por la modificación meteorológica no comenzó con la última reforma aeronáutica.
La novedad radica en su incorporación expresa al régimen nacional de trabajos aéreos y en las condiciones establecidas para su explotación comercial.
Salta exige autorización provincial para modificar artificialmente el tiempo
La legislación de Salta incorpora una disposición especialmente relevante para este debate.
El Código de Aguas provincial, establecido mediante la Ley 7017, contempla expresamente las operaciones destinadas a modificar artificialmente las condiciones atmosféricas.
Su artículo 137 establece la necesidad de contar con autorización provincial para realizar siembra de nubes y otros procedimientos de intervención meteorológica.
Además, los artículos posteriores contemplan responsabilidades vinculadas con los daños que eventualmente pudieran producir estas actividades.
Este antecedente introduce una cuestión fundamental: la autorización nacional para desarrollar trabajos aéreos no elimina las competencias ambientales y administrativas que puedan corresponder a las provincias.
En territorios donde el agua resulta determinante para la producción agropecuaria, el abastecimiento de las poblaciones y la conservación de los ecosistemas, la coordinación entre autoridades adquiere particular importancia.
La discusión también involucra el carácter interjurisdiccional de los fenómenos atmosféricos, que no necesariamente coinciden con los límites políticos o administrativos.
¿Quién controla las intervenciones sobre la atmósfera argentina?
La expansión comercial de estas tecnologías plantea desafíos que no se resuelven únicamente mediante certificados aeronáuticos.
Por un lado, existen aplicaciones científicas y productivas que buscan modificar procesos meteorológicos específicos. Por otro, persisten interrogantes sobre su eficacia, sus efectos y las condiciones necesarias para garantizar una fiscalización adecuada.
La discusión tampoco debería confundirse con la atribución automática de tormentas, inundaciones, sequías o granizadas a las operaciones de siembra de nubes.
No existe fundamento científico para sostener que estas tecnologías permitan controlar libremente los grandes fenómenos atmosféricos.
El debate relevante se encuentra en otro terreno: las condiciones bajo las cuales empresas privadas pueden intervenir sobre procesos naturales que afectan a territorios, poblaciones y actividades económicas.
Para responder a ese desafío resulta necesario establecer responsabilidades claras, mecanismos de seguimiento ambiental y acceso público a información verificable.
La pregunta de fondo no es solamente quién puede contratar una operación de modificación meteorológica, sino quién la autoriza, quién controla sus consecuencias y cómo se protegen los derechos de las comunidades potencialmente involucradas.
La incorporación de estas actividades al mercado aerocomercial argentino vuelve indispensable una discusión pública que integre conocimientos científicos, legislación ambiental y competencias provinciales.
