La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación petrolera en las islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial. Durante las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Londres recurrió a declaraciones del presidente Javier Milei para cuestionar la posición argentina y sostener que el organismo carece de competencia. Buenos Aires advirtió sobre el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos y reclamó medidas para detener el avance del proyecto Sea Lion.
Reino Unido utilizó los discursos de Milei contra el reclamo argentino por Malvinas
El enfrentamiento diplomático y jurídico entre Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales de las islas Malvinas llegó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). Allí, ambas delegaciones presentaron argumentos contrapuestos sobre el proyecto petrolero Sea Lion, cuya puesta en marcha impulsa Londres en aguas del Atlántico Sur.
La representación argentina concentró su exposición en las consecuencias irreversibles de la extracción de hidrocarburos y en las obligaciones establecidas por el derecho internacional. Por su parte, los abogados británicos buscaron trasladar el debate hacia la controversia de soberanía.
Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de la audiencia fue la utilización de declaraciones del propio presidente Javier Milei por parte de la defensa británica.
Según informó la periodista especializada en relaciones internacionales Cecilia Degl’Innocenti en el diario Perfil, Londres incorporó expresiones del mandatario argentino para intentar demostrar que la controversia responde principalmente a una disputa política y territorial.
La estrategia apuntó a convencer al Tribunal de que el reclamo excede las cuestiones reguladas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Las declaraciones de Milei que aprovechó la defensa británica
Durante su intervención, la delegación británica recuperó una afirmación realizada por Milei en la Cumbre Iberoamericana de Madrid.
En aquella oportunidad, el presidente argentino había vinculado las acciones contra Sea Lion con el reclamo histórico de soberanía nacional.
“Estas decisiones responden al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó el mandatario.
Los representantes británicos utilizaron esa declaración para argumentar que el verdadero objetivo argentino no sería exclusivamente la protección de los recursos marítimos, sino la recuperación del control territorial.
La defensa de Londres también incorporó otra intervención presidencial, pronunciada en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En ese discurso, Milei había cuestionado duramente el funcionamiento de la organización internacional, a la que calificó como “una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos”.
La referencia adquirió particular relevancia porque el Tribunal Internacional del Derecho del Mar fue establecido mediante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
De esta manera, la representación británica intentó exhibir una contradicción entre las críticas del presidente argentino al sistema de Naciones Unidas y la decisión de recurrir a uno de sus mecanismos jurisdiccionales.
Londres busca que el Tribunal del Mar se declare incompetente
La delegación británica, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, sostuvo que la presentación argentina encubre una controversia sobre soberanía territorial.
Desde esa interpretación, el Tribunal no tendría atribuciones para intervenir, dado que su competencia se encuentra vinculada con la aplicación e interpretación de la Convemar.
Reeves afirmó que Argentina pretende llevar el conflicto hacia una escalada política y utilizó declaraciones de sus principales autoridades para respaldar esa acusación.
“Argentina busca escalar políticamente el caso”, sostuvo la representante británica. Posteriormente, agregó: “Este tribunal no tiene poder para intervenir”.
El planteo buscó debilitar la estrategia jurídica argentina, que había procurado separar expresamente el reclamo ambiental y económico de la discusión sobre la titularidad de las islas.
Londres busca que el Tribunal del Mar se declare incompetente
La delegación británica, encabezada según la información periodística por la fiscal general Ellie Reeves, sostuvo que la presentación argentina encubre una controversia sobre soberanía territorial.
Desde esa interpretación, el Tribunal no tendría atribuciones para intervenir, dado que su competencia se encuentra vinculada con la aplicación e interpretación de la Convemar.
Reeves afirmó que Argentina pretende llevar el conflicto hacia una escalada política y utilizó declaraciones de sus principales autoridades para respaldar esa acusación.
“Argentina busca escalar políticamente el caso”, sostuvo la representante británica.
Posteriormente, agregó: “Este tribunal no tiene poder para intervenir”.
El planteo buscó debilitar la estrategia jurídica argentina, que había procurado separar expresamente el reclamo ambiental y económico de la discusión sobre la titularidad de las islas.
La autodeterminación de los isleños, otro argumento del Reino Unido
Además de cuestionar la competencia del Tribunal, la representación británica volvió a recurrir al principio de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.
Según Londres, una eventual suspensión del proyecto Sea Lion afectaría gravemente los intereses económicos de la población isleña.
La defensa sostuvo que las medidas reclamadas por Argentina podrían tener “consecuencias devastadoras”, al impedir que los residentes exploten los recursos naturales del territorio.
El argumento se apoyó en la interpretación británica del derecho de autodeterminación, que Londres considera aplicable a los habitantes del archipiélago.
La Argentina, en cambio, mantiene una posición diferente.
Durante su exposición, Oyarzábal recordó que el censo de 2021 registró 3.142 residentes habituales en las islas y reafirmó que los recursos naturales en disputa pertenecen al pueblo argentino.
También aclaró que Buenos Aires reconoce y respeta los intereses de los habitantes de Malvinas, pero rechaza que puedan decidir unilateralmente la soberanía del territorio.
Esta distinción constituye uno de los ejes históricos de la posición diplomática argentina frente al Reino Unido.
Sea Lion: perforaciones previstas para marzo de 2027 y extracción desde 2028
Otro aspecto central de la audiencia fue el calendario de ejecución del proyecto petrolero.
La representación británica informó que las tareas de perforación en Sea Lion comenzarían el 21 de marzo de 2027, mientras que el inicio de la extracción de hidrocarburos está previsto para marzo de 2028.
Londres utilizó esas fechas para cuestionar la urgencia del pedido argentino.
El objetivo fue poner en discusión si existe un riesgo suficientemente inmediato como para justificar la adopción de medidas provisionales por parte del Tribunal.
La delegación británica también sostuvo que Argentina no se opone a la explotación petrolera como actividad económica, sino que pretende ejercer el control sobre los recursos existentes en el área.
Desde la perspectiva argentina, en cambio, el problema central radica en el avance unilateral de actividades extractivas en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
La diferencia no es menor: mientras Londres intenta presentar el conflicto como una controversia política sobre la titularidad territorial, Buenos Aires busca que el Tribunal examine los efectos jurídicos de la explotación de recursos no renovables.
Malvinas: una disputa judicial que también expone las contradicciones del discurso presidencial
Las audiencias por el proyecto Sea Lion reflejan la complejidad de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por el Atlántico Sur.
Por un lado, la Argentina intenta utilizar los mecanismos del derecho internacional para impedir que avancen actividades petroleras que considera contrarias a sus derechos.
Por otro, Londres procura que el Tribunal se declare incompetente, al sostener que cualquier decisión sobre los recursos naturales estaría inevitablemente vinculada con la controversia de soberanía.
En ese escenario, las declaraciones públicas de Javier Milei adquirieron una dimensión inesperada.
La defensa británica las incorporó a su argumentación para cuestionar el encuadre jurídico de la presentación argentina y reforzar su pedido de que el Tribunal no intervenga.
El desenlace tendrá consecuencias que exceden el proyecto Sea Lion. También pondrá a prueba la capacidad argentina para sostener sus reclamos sobre los recursos naturales de Malvinas mediante los instrumentos del derecho internacional, frente a una estrategia británica que busca trasladar la controversia al terreno político y territorial.
