El ajuste en medicamentos: Remediar perdió el 62% de sus tratamientos y se encarecieron los remedios del PAMI

Informe sobre el ajuste en medicamentos del Programa Remediar y PAMI en Argentina, octubre de 2026

Remediar: de 128 medicamentos esenciales a una lista de apenas seis. Una tragedia con sello libertario

El Gobierno nacional profundizó durante octubre de 2026 los cambios en el sistema público de provisión de medicamentos. Una resolución del Ministerio de Salud reemplazó el listado nacional de 128 medicamentos esenciales para la atención primaria por una nómina de apenas seis principios activos.

La medida, publicada el 15 de octubre, constituye el último paso de un proceso de reducción que comenzó en 2024, según el informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ALGEC y CEPPEMA.

El Programa Remediar nació en 2002 para garantizar medicamentos gratuitos a quienes se atienden en hospitales y centros de salud públicos. Llegó a abastecer a unos 8.100 establecimientos y, de acuerdo con datos oficiales citados por el estudio, alcanzaba a 19 millones de personas.

Su importancia es especialmente significativa para quienes carecen de cobertura médica. El informe señala que más del 44% de la población argentina no cuenta con obra social ni prepaga, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

La nueva nómina nacional contiene únicamente medicamentos vinculados con la salud cardiovascular: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

Entre los medicamentos excluidos del listado figuran tratamientos ampliamente utilizados en el sistema sanitario.

La metformina se emplea para tratar la diabetes tipo 2. La levotiroxina resulta fundamental para pacientes con hipotiroidismo. El salbutamol se utiliza ante cuadros de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

También quedaron fuera de esa nómina antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina, además de anticonceptivos, suplementos de hierro y ácido fólico.

La modificación del listado no demuestra, por sí sola, que todos esos medicamentos hayan dejado de entregarse inmediatamente en cada centro de salud. Sin embargo, el informe advierte que la reducción de los botiquines nacionales compromete su disponibilidad gratuita.

Un 62% menos de tratamientos y un presupuesto reducido en términos reales

La disminución de medicamentos distribuidos no comenzó con la resolución de octubre.

Durante 2024, los botiquines del Programa Remediar contenían aproximadamente 75 productos. En el primer semestre de 2026, esa cantidad descendió a unos 30. Desde julio, la canasta se redujo a entre 22 y 23 medicamentos.

La caída también se refleja en los tratamientos efectivamente dispensados.

En 2022, Remediar distribuyó 37,1 millones de tratamientos. Durante 2025, esa cifra cayó a 14,1 millones, lo que representa una reducción del 62%.

El retroceso también alcanzó a los establecimientos abastecidos. De los aproximadamente 8.100 centros que recibían botiquines, la última entrega de 2025 llegó a 4.131. En la primera distribución de 2026, la cantidad fue de 4.202.

Las diferencias provinciales resultan significativas. Según el relevamiento, entre 2024 y 2025 la cantidad de tratamientos distribuidos cayó un 72,4% en Chaco, un 70% en Salta, un 64,5% en Mendoza y un 31,3% en Córdoba.

El presupuesto de Remediar cayó un 72% en términos reales

A esta reducción se suma el ajuste presupuestario.

Para 2026, Remediar cuenta con una asignación de $36.054 millones, equivalente a una caída real del 72% respecto del presupuesto ejecutado en 2023.

Esto significa que, una vez descontado el efecto de la inflación, los recursos disponibles para el programa son considerablemente menores que tres años atrás.

El informe señala que el Gobierno prevé avanzar desde enero de 2027 con un botiquín exclusivamente cardiovascular y completar el traspaso de responsabilidades a las provincias.

PAMI: los medicamentos aumentaron más que las jubilaciones

El segundo hallazgo del informe se concentra en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que brinda cobertura sanitaria a más de 5,3 millones de personas.

Desde 2024, el organismo introdujo modificaciones sucesivas en la cobertura de medicamentos.

En abril de ese año, la cantidad de medicamentos sin costo por afiliado pasó de seis a cinco. En junio, se excluyeron 11 principios activos de la cobertura total. En agosto, otros 44 quedaron fuera de ese esquema.

Además, 54 productos fueron incorporados a una modalidad de uso eventual, con descuentos del 40%.

El organismo también estableció requisitos económicos y patrimoniales para acceder a la cobertura del 100%.

En octubre de 2026, el límite de ingresos para obtener ese beneficio se ubicó en $653.623 mensuales, equivalente a una jubilación mínima y media, de acuerdo con el relevamiento.

Pero el impacto más importante aparece al comparar los precios de los medicamentos con los ingresos previsionales.

Según el estudio, entre noviembre de 2023 y octubre de 2026:

  • Los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por personas mayores aumentaron alrededor del 404%.
  • Los precios que efectivamente pagan los afiliados con cobertura del PAMI subieron aproximadamente un 638%.
  • La inflación general acumulada fue cercana al 351%.
  • La jubilación mínima con bono aumentó alrededor del 306%.

La diferencia es considerable: el incremento de los importes abonados por los afiliados superó en unos 332 puntos porcentuales la evolución de la jubilación mínima con bono.

El informe identifica medicamentos cuyos precios de lista registraron aumentos todavía mayores. Entre ellos aparecen Micardis, utilizado para la hipertensión arterial, con un 850%; Optamox, un antibiótico, con un 844%; y Atlansil, un antiarrítmico, con un 600%.

El documento también calcula que el ahorro mensual equivalente a la cobertura gratuita de medicamentos alcanza actualmente unos $138.500.

Ese monto representa aproximadamente el 27% de una jubilación mínima con bono, que en octubre de 2026 se ubica en $505.749, según las cifras utilizadas por el estudio.

En términos concretos, perder la cobertura gratuita puede representar una carga económica importante para quienes dependen exclusivamente de sus ingresos previsionales.

El impacto sanitario: más hogares postergan consultas y medicamentos

El informe incorpora indicadores que permiten observar las dificultades económicas que enfrentan las personas mayores para acceder a la atención sanitaria.

Según el estudio Vivir y envejecer en contextos de desigualdad, elaborado por el Observatorio Social de la UCA junto con la Sociedad de Gerontología y Geriatría, el 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos durante 2025.

Además, el 40% de las personas mayores encuestadas evaluó negativamente la atención del PAMI. La proporción ascendió al 50% cuando se consultó específicamente por la cobertura de medicamentos.

El relevamiento también presenta datos oficiales de mortalidad que merecen atención.

Entre 2023 y 2024, las muertes de personas de 60 años y más aumentaron un 16% por neumonía e influenza, un 7% por diabetes y un 6% por enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, estos indicadores requieren una interpretación cuidadosa.

Aunque el informe vincula el deterioro de la protección sanitaria con el aumento de la mortalidad, las cifras presentadas no permiten establecer por sí solas que los recortes de medicamentos hayan causado esos fallecimientos.

Para determinar esa relación sería necesario analizar otros factores, como la evolución de las enfermedades, el acceso efectivo a tratamientos, las condiciones socioeconómicas y los cambios demográficos.

El ajuste sanitario también alcanza a tratamientos oncológicos y programas de prevención

El tercer hallazgo del estudio muestra que los recortes no se limitan a Remediar y PAMI.

Recortes en salud: más de $63.000 millones menos para programas sanitarios

En mayo de 2026, la Decisión Administrativa 20/2026 dispuso reducciones superiores a $63.000 millones en partidas del Ministerio de Salud, según el informe.

Entre los programas afectados figuran áreas directamente relacionadas con la provisión de medicamentos y la prevención de enfermedades.

ProgramaRecorte informado
Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica$20.000 millones aprox.
Tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo$5.000 millones
Administración Nacional de Establecimientos de Salud$3.195 millones
Salud Sexual y Procreación Responsable$900 millones
Respuesta al VIH, ITS, hepatitis, tuberculosis y lepra$800 millones

Montos en pesos corrientes. Fuente: CEPA, ALGEC y CEPPEMA, sobre la base de la Decisión Administrativa 20/2026.

El documento señala otro dato relevante: a mediados de mayo, el programa de tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo había ejecutado apenas el 6,2% de su presupuesto.

Por su parte, el programa de acceso a medicamentos había utilizado alrededor de un tercio de sus recursos.

La baja ejecución presupuestaria plantea interrogantes sobre la capacidad de las dependencias nacionales para transformar las partidas aprobadas en prestaciones concretas.

No obstante, el porcentaje ejecutado a mitad de año tampoco permite determinar, de manera aislada, si existieron demoras administrativas, problemas de contratación o una decisión deliberada de restringir el gasto.

Las provincias deberán afrontar una mayor presión presupuestaria

El informe identifica otra consecuencia de la reducción del financiamiento nacional: el traslado de responsabilidades hacia las administraciones provinciales.

El Gobierno sostiene que la atención primaria corresponde a las provincias y que el nuevo listado de medicamentos tiene carácter orientativo.

Sin embargo, el retiro progresivo de suministros nacionales obliga a las jurisdicciones a buscar recursos propios para mantener las prestaciones.

El estudio presenta dos ejemplos.

Santa Fe prevé destinar $17.675 millones durante 2026 a la adquisición de 195 productos farmacéuticos.

Misiones, por su parte, estimó que necesitaría aproximadamente $800 millones para reponer medicamentos que dejó de recibir de la Nación.

Estas diferencias muestran que la capacidad de respuesta dependerá, en buena medida, de los recursos fiscales disponibles en cada provincia. Las jurisdicciones con mayores ingresos podrían compensar parte del faltante. En cambio, aquellas con presupuestos más limitados enfrentarían mayores dificultades para sostener el abastecimiento.

El riesgo señalado por los investigadores es que el acceso a un medicamento esencial dependa cada vez más del lugar de residencia del paciente.

Menos financiamiento nacional: menos medicaments gratuitos y más costos para las familias

Los datos reunidos por CEPA, ALGEC y CEPPEMA describen un cambio significativo en el financiamiento público de medicamentos.

Remediar distribuye muchos menos tratamientos que en 2022 y dispone de un presupuesto real considerablemente inferior al de 2023. Al mismo tiempo, los afiliados del PAMI enfrentan aumentos de los importes a su cargo superiores a la evolución de las jubilaciones.

A este escenario se suma la reducción de recursos para programas sanitarios y el traslado de responsabilidades hacia las provincias.

La continuidad del proceso durante 2027 podría profundizar las diferencias territoriales si las administraciones provinciales no logran compensar los suministros que deja de aportar la Nación.

El debate, por lo tanto, excede el ahorro presupuestario inmediato.

La cuestión central es quién termina pagando los medicamentos que el Estado nacional deja de financiar y qué consecuencias tiene esa transferencia de costos sobre el acceso a la salud.

Fuente principal: Ajuste en medicamentos: el caso del Programa Remediar, CEPA, ALGEC y CEPPEMA, octubre de 2026, 7 páginas.

Foto de portada: agenfor.com.ar

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