¿Ciencia ficción o realidad posible? ¿Tierra del Fuego será una nueva Alaska?
Por Horacio Micucci
- La pregunta: El periodista Eduardo Feinmann le consultó de forma directa: “¿Si un extranjero viene a comprarse un pueblo o una provincia enteros, podría hacerlo?”
- La respuesta: el ministro Quirno respondió tajantemente: “Y sí! Eso traería beneficios para la Argentina”, justificando que la inversión y la llegada de extranjeros a trabajar o hacer negocios generan desarrollo.
- El contexto político: El intercambio generó un fuerte revuelo en redes sociales y críticas de sectores políticos opositores que cuestionaron la postura oficial en relación con la soberanía sobre el territorio nacional y sus recursos. El capítulo vinculado a la modificación de los límites de propiedad rural en manos extranjeras formaba parte de los debates legislativos del oficialismo.
Una pregunta que parece de otro siglo
Apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, mucha gente empezó a preguntarse si la Argentina está por repetir la historia de Alaska: un territorio inmenso, vendido por un Estado débil a una potencia que lo necesitaba. La pregunta es razonable, y conviene contestarla con honestidad, porque de la honestidad depende que lo que sigue sea creíble.
La respuesta corta es que no. Nadie ha firmado un tratado para entregar una porción del suelo argentino, y quien diga lo contrario se equivoca o exagera.
La respuesta larga, en cambio, es bastante más incómoda, porque la historia del último siglo y medio enseña que los países no pierden su soberanía solamente cuando les cambian el mapa. Muchas veces la pierden con el mapa intacto, la bandera en su lugar y el himno sonando en los actos oficiales.
De eso trata este documento. No pretende asustar ni predecir una catástrofe; pretende ordenar los hechos, que son muchos y están dispersos, para que cada lector pueda sacar su propia conclusión.
Son hechos de esta misma semana y de los últimos dos años: un fallo judicial, un acuerdo de minerales, ejercicios militares autorizados por decreto, una base naval en Ushuaia, una estación espacial china en Neuquén, un proyecto petrolero en aguas de Malvinas. Tomados de a uno, cada uno tiene una explicación tranquilizadora. Tomados en conjunto, dibujan un cuadro que merece ser discutido en voz alta.
Lo que pasó en Alaska, contado sin leyenda
La versión escolar dice que el zar Alejandro II, asustado por los ingleses y necesitado de dinero, le vendió a Estados Unidos un páramo helado por siete millones y medio de dólares, y que los norteamericanos se rieron de su propio secretario de Estado hasta que apareció el oro en minas de Alaska. La versión es bastante cierta en lo esencial, pero deja afuera las partes que más sirven para pensar.
Rusia venía de perder la guerra de Crimea en 1856, tenía las arcas exhaustas, y su colonia americana, administrada por una compañía comercial privilegiada, ya no daba ganancias porque las nutrias marinas (nosotros las llamaríamos “foquitas con una piel atractiva”) se habían agotado.
Además, era indefendible: el Imperio Británico, vecino por el lado canadiense y arrendatario de la franja sur del territorio a través de la Hudson’s Bay Company, podía tomarla cuando quisiera. Por eso ya en 1859 los rusos habían ofrecido vender, y la Guerra Civil estadounidense lo había postergado. Cuando la guerra terminó, el secretario de Estado William Seward, un expansionista convencido (digamos… como Trump), y el ministro ruso en Washington, Eduard de Stoeckl, negociaron durante marzo de 1867 y firmaron el tratado de madrugada, el 30 de marzo. Se pagaron 7,2 millones de dólares en oro (al valor actual dicen que eran 132 millones de dólares) por unos 1.517.733 km2. El Senado lo aprobó el 9 de abril por 37 votos contra 2, pero la Cámara de Representantes, que no había sido consultada y estaba enfrentada con el presidente Johnson, hizo esperar el dinero hasta julio de 1868.
Lo que casi nunca se cuenta es cómo se consiguió ese voto. Una investigación del propio Congreso concluyó que Stoeckl pagó a lobistas y periodistas para que se publicaran notas favorables, y hay constancias de que una parte del dinero, unos doscientos mil dólares según uno de los biógrafos de Seward, se evaporó en el camino entre el Tesoro norteamericano y el Tesoro ruso.
El cheque, fechado el 1º de agosto de 1868, no estaba a nombre del gobierno del zar sino del diplomático que había negociado. Es decir que aquella operación, que los manuales presentan como un trato limpio entre dos Estados soberanos, se hizo con el método que cualquiera reconocería hoy: influencia, prensa y dinero circulando en los pasillos. Punguistas y aceite lubricante para que pasen “grandes” negocios…
Falta todavía lo más importante. En Alaska vivían desde hacía milenios pueblos enteros, los tlingit, los aleutas, los alutiiq, los yup’ik, los inupiat, y nadie les preguntó nada. Rusia no los había conquistado: dominaba la costa, unos pocos puertos como Sitka y la isla de Kodiak, y los tlingit habían resistido las armas rusas durante décadas.
Lo que el zar vendió fue, en rigor, un título jurídico fundado en el “descubrimiento”, y lo que Washington compró fue el derecho exclusivo a tratar con esos pueblos, sin intermediarios europeos.
El tratado distinguió a los súbditos rusos y criollos, que podían elegir su destino, de las “tribus no civilizadas”, que quedaron sujetas a las leyes que Estados Unidos dictara para los indígenas. La ciudadanía norteamericana llegó para ellos recién en 1924 y el reconocimiento de sus reclamos de tierras, con una ley de 1971. Hubo entonces un Estado que vendió y otro que compró, y en el medio una población entera que fue tratada como parte del paisaje.
Tierra del Fuego y el exterminio de los Selk’nam
Conviene no olvidarlo, porque la Argentina conoce bien esa lógica: en la Patagonia y en Tierra del Fuego se aplicó con fuerza y violencia, y las grandes concesiones de fines del siglo XIX coincidieron con el exterminio del pueblo Selk’nam.
Los Selk’nam eran un pueblo nómada de cazadores-recolectores que habitó la isla por más de 10.000 años. Vivían en comunión con la naturaleza y no tenían el concepto de propiedad privada de la tierra ni de los animales. A partir de 1880, la llegada de buscadores de oro y la posterior instalación de gigantescas estancias ganaderas de ovejas destruyeron su hábitat natural.
Al ver que los cercados expulsaban a los guanacos (su principal fuente de alimento), los Selk’nam comenzaron a cazar lo que ellos llamaban el «guanaco blanco» (las ovejas de los colonos) para subsistir.
Aparecen sociedades financieras como la de José Menéndez y Mauricio Braun (¿algún lector ha escuchado antes estos apellidos? dicen que eran eternos aliados de los ingleses). Para ellas los nativos se convirtieron en un «problema económico» que estorbaba la producción. Los dueños de las estancias contrataron a administradores y mercenarios británicos, europeos y estadounidenses e implementaron un macabro sistema de recompensas: se pagaba una libra esterlina por cada par de orejas de un adulto y media libra por las de un niño, presentadas como prueba del «trabajo hecho«.
Cuando los estancieros descubrieron que algunos Selk’nam sobrevivían mutilados vagando sin orejas, la cotización cambió y comenzaron a exigir cabezas, corazones, los genitales o los senos de las mujeres como trofeo. El exterminio se ejecutó a través de emboscadas perpetradas por figuras crueles como Julio Popper, Ramón Lista y el propio Alexander MacLennan («Chancho Colorado» porque era pelirrojo).
Quien escribe, pudo conocer el lugar de unas de las masacres que realizó el “Chancho” MacLennan (o «Chancho Colorado«): La Emboscada de Cabo Domingo / Cabo Peñas: Liderada por MacLennan, se registra que atrajo a cientos de indígenas con falsas promesas de paz y un banquete para «solucionar los conflictos«. Una vez que los Selk’nam estuvieron reunidos y alcoholizados, los hombres de MacLennan abrieron fuego desde los acantilados, dejando un saldo de cientos de muertos (entre ellos mujeres y niños).
Antes hubo misiones anglicanas que partieron desde nuestras Malvinas hacia Tierra del Fuego, autorizadas por el Almirantazgo. Claro, como se sabe el rey de Inglaterra es a la vez, el Papa anglicano y el jefe del Almirantazgo. Juegan con las dos piernas, diría un comentarista deportivo
Volviendo a nuestro tema de Alaska y Tierra del Fuego, hay un último detalle que ayuda a ver las cosas en perspectiva. Mientras se deshacía de Alaska, el Imperio Ruso no se estaba “retirando del mundo”; estaba modificando su apuesta. Entre 1858 y 1860, a través de los tratados de Aigún y de Pekín, arrancó a China la región del Amur y del Ussuri y fundó Vladivostok.
Los imperios no venden territorio por generosidad ni por debilidad absoluta: reordenan sus prioridades, y lo que ceden lo hacen para ganar en otra parte. Esa es una lección útil para mirar a los que hoy se acercan a nuestras costas.
Ley de Tierras: Lo que dijo la Corte, y lo que no dijo
El 29 de septiembre, los tres jueces que hoy integran la Corte Suprema, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70 de 2023, con el cual el presidente Milei derogó la Ley de Tierras Rurales, la 26.737. La demanda la había iniciado el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata.
La Corte no entró a discutir si el decreto es constitucional. Sostuvo que el Centro no estaba legitimado para reclamar, que no había un “caso” en el sentido judicial, y que la soberanía territorial es una atribución del Estado y no un bien colectivo que una asociación pueda defender en tribunales. Rara conclusión: un argentino no puede reclamar en defensa de la Patria y su soberanía.
En estos momentos, la Corte acaba de aclarar que cualquier persona puede pedir una cautelar contra la Ley de Tierras y que no definió el fondo. De todas maneras, sus aclaraciones oscurecen y aumentan la duda en la población sobre “el alto órgano judicial” y otras instancias estatales de nuestro país.
Es importante decir con precisión lo que esto significa, porque circulan versiones exageradas en ambos sentidos. La Corte no declaró válida la derogación. Pero el efecto práctico es que la derogación está hoy en vigor, de modo que dejaron de regir los límites que la ley de 2011 ponía a la propiedad extranjera: el tope del 15 por ciento de la tierra rural, el máximo del 30 por ciento para una misma nacionalidad, las mil hectáreas por titular en la zona núcleo, la prohibición de comprar tierras con cuerpos de agua importantes o en zonas de seguridad de frontera, y el Registro Nacional de Tierras Rurales que permitía saber quién era dueño de qué.
Constitucionalistas como Gil Domínguez lo llamaron una trampa formalista: si sólo puede reclamar quien demuestre un daño individual directo, ¿Qué particular podría probar que la venta del territorio lo perjudica a él personalmente?
Otros, como Diego Armesto, lo leen como una devolución de la pelota al Congreso, donde el tema sigue abierto. Lo cierto es que el Senado rechazó el decreto en marzo de 2024, que Diputados nunca lo trató, que la oposición anunció que pedirá una sesión, y que las provincias podrían dictar sus propios límites.
Que las provincias puedan establecer sus propias leyes de tierras es una muestra de tendencias que promueven la disgregación territorial.
Establecer leyes de tierra provinciales sería como establecer políticas provinciales de gestión de los ríos internos. Son tendencias centrífugas que atentan contra la unidad territorial argentina.
Entonces, la puerta no está cerrada, pero hoy está muy abierta. ¿Para los compradores de soberanía?
Me parece que hay que ir pensando en establecer sanciones para los autores de delitos de Lesa Patria, que no debieran prescribir en tanto el delito persista, donde podrían aparecer funcionarios y particulares que lucran con la entrega del Patrimonio Nacional.
Cuánta tierra argentina está en manos extranjeras
Para dimensionar lo que está en juego conviene mirar los números, que son más modestos de lo que se suele decir y por eso mismo más interesantes. El Registro de Tierras Rurales contó, en 2015, unos 16 millones de hectáreas en manos extranjeras, el 6,09 % de las tierras rurales. Un recuento posterior, que identifica la nacionalidad por los accionistas y no por la sede de la sociedad, bajó la cifra al 5,57 por ciento, unos 12,5 millones de hectáreas, con Estados Unidos como primera nacionalidad.
No es la “venta del país”. Es, en cambio, un país donde buena parte de la tierra más valiosa, la de los lagos, los ríos y las montañas, ya tenía dueños extranjeros antes de la derogación, y donde el caso de Lago Escondido, en Río Negro, con sus casi doce mil hectáreas bajo control de un magnate británico, mostró que una propiedad privada puede transformarse en un enclave al que el Estado y los vecinos no pueden entrar. Sin registro, sin topes y sin ley, ese tipo de situaciones se multiplicarán.
No sólo hay que mirar el mapa
Aquí está el centro del asunto. Los juristas tienen razón cuando dicen que comprar un campo no es lo mismo que comprar un país. Un estadounidense o un fondo de inversión que adquiere una estancia en Tierra del Fuego sigue sometido a los tribunales, los impuestos y las leyes argentinas. Jurídicamente no hay transferencia de soberanía. Pero quedarse con esa respuesta es como decir que un río no puede inundar una casa porque el agua no figura en el título de propiedad.
Lo que realmente pregunta la historia es quién decide qué se hace con la tierra, con el agua, con el puerto, con el subsuelo y con el cielo, y a favor de quién.
De la dependencia a los riesgos de una semicolonia
Los ejemplos del siglo XX son abundantes y conviene recordar al menos algunos. En 1903, Panamá, recién nacida con ayuda naval norteamericana, firmó un tratado que le daba a Estados Unidos, a perpetuidad, derechos sobre la Zona del Canal “como si fuera soberano”; la soberanía panameña nunca se abolió en el papel, pero durante décadas un pedazo de su país tuvo su propia policía, sus propios tribunales y su propia bandera, y recién en 1979 la Zona se disolvió y el canal pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. Ese mismo año de 1903, Cuba arrendó a Estados Unidos la bahía de Guantánamo, y allí sigue la base, bajo una “soberanía última” cubana que no sirve para nada.
Macao, Shanghái y Hong Kong compartieron destinos profundamente entrelazados a raíz de las Guerras del Opio (1839-1860), un conflicto que marcó el inicio de los llamados «Tratados Desiguales» que alteraron la soberanía y la historia de China.
Mientras que Hong Kong nació directamente como colonia británica debido a este conflicto, Macao y Shanghái redefinieron sus roles como enclaves comerciales y financieros clave para Occidente en Asia.
En síntesis, las potencias obtuvieron concesiones en Shanghái y en otros puertos, y la extraterritorialidad les permitía juzgar a sus ciudadanos con sus propias leyes en suelo chino. Estudiosos profundos que conocían el asunto desde adentro, describieron a estos países en esos años como “semicoloniales”: un Estado con ciudad capital, ejército y bandera, cuya economía y cuyos puertos dependían de los extranjeros, por acuerdos desiguales firmados en forma expresa.
Se había cedido una parte de la soberanía. Lo mismo Cuba que, por la Enmienda Platt, cedía a EE. UU. el manejo de su política exterior. Nadie había comprado China; bastó con hacerla irrelevante en sus propias decisiones. Lo mismo Cuba, ejemplo de país semicolonial en esa época.
¿Quieren los EE. UU. una Guantánamo en Tierra del Fuego? En tal caso, al ceder parte de su soberanía en forma expresa (lo mismo si cediera su derecho a acuñar moneda o reconociera zonas con vigencia de dos banderas) Argentina pasaría a tener rasgos de semicoloniales.
En los trabajos serios sobre el imperialismo moderno, se distingue a los países que tienen colonias de los que son colonias.
Pero hay una segunda categoría: los países formalmente independientes, enredados en una red de dependencia financiera y diplomática.
Un ejemplo característico fue y es el de la Argentina que, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, dependía tanto de Londres, por los ferrocarriles, los frigoríficos y los créditos, que los economistas de la época la describían casi como una colonia británica (una perla más de la corona británica diría, con orgullo, un funcionario argentino que firmó el Tratado Roca-Runciman, en 1933). Y el drama nacional es que hoy conserva esa caracterización de país dependiente (formalmente independiente pero dependiente en los hechos), a pesar de los sueños y delirios de que alguna vez fue una potencia mundial o que va camino a serlo. Aunque el modelo se degrada rápidamente de ser “como Alemania” a ser “como Perú o Paraguay” …
Un tercer grupo de países son caracterizados como semicolonias, que ceden un aspecto de la soberanía: un área territorial (Guantánamo en Cuba, la zona del Canal en Panamá en 1903 a EE. UU.), o el manejo de las relaciones es exteriores por EE. UU. en Cuba de 1903, o la Defensa Nacional en terceros, por Costa Rica desde 1949.
La caracterización de neocolonia se dice que la incorporó Jean Paúl Sartre en 1956, y luego se difundió por el uso de líderes independentistas africanos. Según algunos es un equivalente a país dependiente y, según otros a país semicolonial. Prefiero no usarla porque tiene un significado ambiguo.
Argentina, con Milei, va teniendo peligrosos rasgos de aproximación a aspectos semicoloniales.
En suma, la Argentina del Centenario tenía Constitución, presidentes y elecciones. Lo que no tenía era control de sus propias palancas. Aún hoy, el país es formalmente independiente pero dependiente en los hechos, y esa dependencia se sostiene en una alianza entre intereses extranjeros y sectores locales, los grandes latifundistas y un empresariado que vive y lucra con la intermediación de esa dependencia, aliándose ambos a distintos bandos imperialistas. Es esa oligarquía prostituta de los imperios.
Y esos timberos de las finanzas que manejan la economía con sus riquezas aseguradas en paraísos fiscales. Duros con discapacitados, jubilados, asalariados y desocupados. Impiadosos con los argentinos y sumisos asociados a los opresores. Destructores del mercado interno, del pequeño comercio urbano y rural, de las PYMES, Micropymes y del empresario verdaderamente nacional. También del desarrollo científico y tecnológico independiente y de la salud y la educación como derecho. Crueles con el campesino que paga arriendos siderales por la tierra ajena que trabajan sólo con su familia o con el agregado de escasa mano de obra contratada. Promotores de la indefensión nacional y de que las Fuerzas Armadas se ocupen del enemigo interno: el pueblo descontento.
Son los que hoy se esconden y promueven a este presidente grosero, burdo en modales y aspecto, con actitudes de matón de barrio, por que les gusta ser eso: matones del barrio.
El punto de fondo, que el mapa no mide la soberanía, es compartido por muchos: lo reconoce todo el que alguna vez se quejó de las condiciones usurarias, condicionantes y leoninas de un préstamo internacional (ver el FMI, los RIGI y los tribunales externos que incluyen). Pero, lo cierto es que el mapa no medirá la soberanía, pero cuando empieza a peligrar el mapa empeora la cuestión. Y vaya si esto ocurre en la Argentina con una parte de su territorio y espacio aéreo y marítimo correspondiente usurpados por los ingleses y con ello el control de la confluencia de los dos océanos y la proyección antártica; y ahora con pretensiones de dueño de casa de EE. UU.
Cuando peligra el mapa es porque estamos transitando de la situación de país dependiente a una semicolonia que cede aspectos de su soberanía en forma expresa, con graves peligros de disgregación nacional, llámese esta cesión entrega de áreas para bases militares, situaciones de doble bandera, alineación automática, pérdida de la capacidad de acuñar moneda, etc. Con el agravante de una parte del territorio usurpado y colonizado por el imperio británico.
La propiedad de la tierra, que hoy parece natural, nació de expropiaciones, cercamientos y conquistas. El teórico Wakefield, proponía fijar un precio alto a la tierra en las colonias para que el trabajador recién llegado no pudiera convertirse en productor independiente y tuviera que seguir vendiendo su trabajo.
El control de la tierra, en otras palabras, es control sobre la gente. Estados Unidos abrió sus praderas a los colonos con la ley de Homestead de 1862; la Argentina, después de la campaña de Roca, vendió la tierra en grandes extensiones a pocos apellidos. De esa diferencia salieron dos países distintos. Lo que hoy se discute es cuál de esas dos historias va a seguir escribiéndose en esta parte de América del Sur, y con qué protagonistas.
Tierra del Fuego: Lo que ya está pasando en el Sur
Hasta aquí, historia y teoría. Veamos ahora los hechos de estos meses, tal como los publicó la prensa, sin adjetivos.
Tropas de Estados Unidos y ejercicios militares
Hay militares de Estados Unidos en territorio argentino. No es una especulación. Del 8 al 22 de septiembre de este año, ocho infantes de marina norteamericanos entrenaron con el Batallón de Infantería de Marina N.º 4 en Tierra del Fuego, según informó la agencia AFP, en los mismos días en que el gobierno nacional anunció el relanzamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
En abril, el decreto de necesidad y urgencia 264 de 2026 autorizó el ingreso de tropas norteamericanas para el ejercicio “Daga Atlántica”, que entre el 21 de abril y el 12 de junio reunió en bases argentinas a unidades de operaciones especiales de ambos países, y para el ejercicio naval “Passex”, en el que el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley navegaron por la zona económica exclusiva argentina.
No era la primera vez: en septiembre de 2025 se había usado el decreto 697 para lo mismo, y ese año soldados estadounidenses ya habían pasado por las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.
Conviene subrayar dos cosas sobre esto. La primera, que son ejercicios temporales y no una base permanente con bandera extranjera; decirlo así es lo correcto. La segunda, que la Constitución le reserva al Congreso, en el artículo 75, inciso 28, la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras, y que el Ejecutivo la reemplazó dos veces por un decreto de urgencia, invocando que el proyecto que había enviado no se trataba.
Cuando una decisión de ese calibre se toma sin pasar por el Parlamento, el problema no es sólo jurídico: es que la sociedad queda fuera de una conversación que le pertenece. Y en la que debiera decidir de alguna manera.
La Base Naval de Ushuaia y el control del Atlántico Sur
La base de Ushuaia merece capítulo propio. La Base Naval Integrada comenzó en 2022 durante el gobierno anterior, con fondos del Ministerio de Defensa, y hasta 2025 acumulaba poco más de un 9% de avance físico.
En 2024 el presidente Milei fue a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson, y presentó la obra como un símbolo de cooperación; en 2025 visitó la ciudad su sucesor, Alvin Holsey. Hubo entonces una polémica por un supuesto pedido del Comando Sur para instalar una base de submarinos, que el gobierno relativizó.
En enero de 2026 una delegación de veintitrés estadounidenses, siete de ellos congresistas, recorrió la provincia y conversó sobre minerales críticos, y el puerto de Ushuaia fue intervenido por el gobierno nacional, una medida que el gobierno fueguino interpretó como un alineamiento con los intereses de Washington.
A comienzos de septiembre, Milei anunció por cadena nacional nuevos fondos para la base por decreto, sanciones para las petroleras que operen en Malvinas y una nueva ley de defensa de la soberanía, y el 11 de septiembre el canciller Quirno y el ministro de Defensa Presti viajaron a recorrer el predio. Legisladores opositores denunciaron que en agosto no los dejaron ingresar.
No sabemos, porque no es público, qué acuerdos técnicos o financieros se están negociando con Washington para esa base. Sabemos que el propio gobierno buscó durante 2026 un entendimiento con Estados Unidos, que el objetivo declarado es integrar la base a una red de vigilancia del Atlántico Sur con radares, sensores, satélites e inteligencia de señales, y que la geografía lo explica todo. La Isla Grande de Tierra del Fuego está rodeada por tres pasajes entre océanos, el Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake y el Canal Beagle, y Ushuaia es la puerta de entrada más eficiente a la Antártida. Quien controle ese punto mira el Atlántico Sur, el Pacífico Sur y el continente helado al mismo tiempo.
El Tratado Antártico de 1959 prohíbe las bases y maniobras militares al sur del paralelo 60, pero admite personal militar para tareas científicas, y las reclamaciones de soberanía, en lugar de extinguirse, están congeladas. Por eso el acceso logístico a la Antártida desde Ushuaia vale tanto.
Minerales, petróleo, gas, agua y datos: la economía de la soberanía
Las bases se ven. Lo que no se ve con la misma claridad es el reordenamiento de la economía que las acompaña.
En noviembre de 2025 la Argentina y Estados Unidos anunciaron un marco de comercio e inversiones, y en febrero de 2026 firmaron el texto definitivo junto con un instrumento específico sobre minerales críticos. Varios puntos del texto merecen una lectura atenta.
El gobierno argentino se comprometió a priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en cobre, litio y otros minerales críticos, en bruto, procesados o terminados, por encima de las economías o empresas que “manipulan el mercado”, una fórmula que todos entienden como una referencia a China.
Se comprometió además a agilizar esos proyectos a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI; a eliminar las licencias de importación para productos norteamericanos o reemplazarlas por licencias automáticas; a reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales; y a reforzar la cooperación contra las prácticas de otros países. Estados Unidos, por su parte, bajó aranceles a 1.675 productos argentinos y ofreció evaluar financiamiento para proyectos críticos a través del Eximbank y de la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional).
Un análisis del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata calificó el conjunto como una inserción asimétrica y extractiva.
La Argentina es el cuarto productor mundial de litio y el tercero en reservas, y además tiene cobre, plata, uranio, tierras raras y grafito (con el cual se hace el grafeno). Tiene Vaca Muerta, una de las mayores formaciones de hidrocarburos no convencionales del planeta. Tiene agua dulce en los Andes, en los glaciares, en los grandes acuíferos. Tiene viento. Y todo eso, en el siglo XXI, no es decorado turístico: es la base material de la industria, de la energía… y de la guerra. Quien lo controle, o tenga acceso preferencial, tendrá ventaja sobre el resto.
El agua ocupa un lugar propio en esta conversación. El gobierno argentino firmó en 2025 con Israel un memorando que incluye cooperación en defensa, ciberseguridad y tecnología del agua; diversos medios y organizaciones difundieron además convenios de la empresa estatal israelí Mekorot con provincias y con AySA, con cláusulas de confidencialidad según esas versiones.
Conviene decirlo con cuidado: que una empresa pública extranjera asesore en el manejo del agua no equivale a entregarla, y el contenido de esos convenios debería estar al alcance de todos. Lo que corresponde exigir es que se publiquen, porque un recurso vital no puede gestionarse en secreto. Y si es secreto, hay derecho a sospechar.
Patagonia, inteligencia artificial y control de datos
Y está el cielo, que también se disputa.
En octubre de 2025 se anunció Stargate Argentina, un proyecto de centro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia, de hasta 500 megavatios y una inversión declarada de hasta 25.000 millones de dólares, desarrollado por la empresa argentina Sur Energy con OpenAI como futuro comprador de capacidad de cómputo y encuadrado en el RIGI.
Hay que decir también que, hasta mediados de este año, los avances visibles eran limitados y que OpenAI aclaró que no pondría dinero propio. Pero el dato político está en la elección del lugar: la Patagonia ofrece frío, que abarata el enfriamiento de los servidores, vientos de los más potentes del hemisferio sur, represas y espacio.
Las mismas condiciones que atraen a una empresa de inteligencia artificial atraen a quien quiere rastrear satélites: cielos limpios, escasa población, grandes extensiones, buena latitud. La Patagonia vale, para cualquier potencia, por lo que tiene encima y por lo que tiene abajo.
¿Y la bioseguridad?
Nos enteramos por los diarios que Argentina cuenta, en el Malbrán, con un Laboratorio de Bioseguridad 4 (BSL 4 en la sigla en inglés).
¿Qué significa ese tipo de laboratorios?
Dice la Página Mi Argentina: El laboratorio de bioseguridad nivel 4 (BSL-4) del Instituto ANLIS Malbrán en Argentina es la instalación de máxima contención biológica de América Latina, diseñada para investigar de forma segura los patógenos más peligrosos y letales del mundo que no cuentan con tratamientos ni vacunas eficaces.
Su significado y características principales son:
- Máxima categoría: Representa el nivel más alto de seguridad biológica internacional (BSL-4), del cual existen poco más de 50 en todo el planeta.
- Ubicación estratégica: Funciona en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán en Buenos Aires.
- Tecnología de aislamiento: Posee sistemas de aire con presión negativa, filtros HEPA, trajes con suministro de aire propio y válvulas herméticas para impedir cualquier fuga al exterior.
- Estudio de patógenos críticos: Permite manipular agentes de alto riesgo como los virus de Ébola, Marburgo, hantavirus y fiebres hemorrágicas.
- Desarrollo científico: Se utiliza para diagnósticos avanzados, investigación de antivirales, creación de vacunas y capacitación de especialistas en la región.
Primero que todo: es importante que Argentina tenga un Laboratorio de este nivel de bioseguridad. Permite procesar y estudiar microorganismos de alto nivel de riesgo. Permite actuar si hay epidemias de ese nivel de riesgo (como en la pandemia).
Y, por último y no menos importante, es clave para la defensa nacional ante agresiones biológicas.
Y entonces, nuevamente, lo importante no es el mapa sino quien maneja su soberanía. Lo importante es si se va a manejar para la salud pública y la Defensa Nacional de una Argentina independiente de toda dominación extranjera (como dice el Acta de nuestra Independencia) o como parte de dispositivos imperiales de dominación y disputa entre las potencias.
El Laboratorio empezó a construirse en el gobierno anterior. Pero la página Mi Argentina da como fecha de inauguración a octubre de 2025. Y dice:
“El ministro de Salud, Mario Lugones, lideró el trabajo técnico y logístico que permitió completar el proyecto BSL-4. Su gestión garantizó la capacitación de equipos argentinos en cooperación con especialistas estadounidenses a través de Health Security Partners y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.”
“El proyecto se consolidó gracias a la coordinación entre el Ministerio de Salud y organizaciones internacionales. Lugones estuvo presente en la inauguración acompañado por el jefe de gabinete nacional, Guillermo Francos.”
Y en otro lugar:
“Su puesta en funcionamiento consolida una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos, fortalece la cooperación internacional y eleva las capacidades del país para cuidar a su población. Este paso histórico, ha sido posible gracias a una planificación inteligente de la actual gestión que permitió contar con los recursos necesarios para realizar esta inversión clave para responder a los desafíos sanitarios presentes y futuros de la región.”
Sorprende un poco que un gobierno que ha hecho de la destrucción de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación Nacional una línea de su pensamiento estratégico, promueva este laboratorio BSL 4. O que desde admirar a Thatcher pase a ser malvinero.
¿O pasó a ser el gobierno de las tres banderas que fue la trampa yanqui en la guerra de Malvinas?
¿Argentina con una parte colonizada por los ingleses y otra parte bajo dominio estadounidense? ¿E israelíes explotando el petróleo de Malvinas?
Hay algo que no cierra. Porque éste es el gobierno que destruye nuestro potencial atómico, que entrega o destruye todo en Ciencia y Técnica. Preguntas y dudas que surgen a borbotones…
El laboratorio BSL-4 del Malbrán
Un BSL4 al servicio de la soberanía argentina es bueno. Pero dirigido y enmarcado en la estrategia de una o varias potencias imperialistas es grave. Y preocupante…
Es bueno volver, en este punto, a lo que decíamos más arriba sobre el canal de Panamá, porque hace al caso.
Durante la construcción del Canal de Panamá murieron más de 25.000 personas (las estimaciones más precisas sitúan la cifra en unas 27.609 víctimas mortales). La mortandad se divide en dos etapas principales:
1 El fracaso francés (1881–1889): Liderado por Ferdinand de Lesseps, cobró la vida de aproximadamente 22.000 trabajadores.
2 La etapa estadounidense (1904–1914): Registró oficialmente 5.609 muertes.¿Por qué murieron tantos trabajadores? Las enfermedades tropicales fueron la principal causa: La fiebre amarilla y la malaria causaron estragos. En aquella época se creía, erróneamente, que las enfermedades se transmitían por el «miasma» (el mal aire) o por la suciedad de la tierra. La inmensa mayoría de los fallecidos fueron inmigrantes afroantillanos (de islas como Barbados y Jamaica) que realizaban los trabajos manuales más peligrosos.
En 1881, el médico cubano Carlos Finlay descubrió y postuló ante la comunidad científica que la fiebre amarilla no se contagiaba por el aire ni por la ropa, sino a través de la picadura de un intermediario biológico: la hembra del mosquito Aedes aegypti. Gracias a la persistencia del Dr. Carlos Finlay, la fiebre amarilla fue completamente erradicada de la zona del istmo en 1905, disminuyendo drásticamente la mortalidad y permitiendo que el Canal de Panamá pudiera concluirse con éxito.
Hay una vieja película de ciencia ficción en la que invasores extraterrestres llegan a conquistar nuestro planeta y, sorprendentemente, el enemigo que los vence no son los seres humanos, son pequeños e innumerables habitantes de la Tierra: virus, bacterias, insectos y arácnidos. Toda invasión a nuestros países se prepara para situaciones similares.
Repito, Argentina debe tener su BSL4. Pero bajo control y dentro de planes estratégicos nacionales, no de potencias extranjeras que nos pueden meter en su planificación. Se debe tener cuidado con que no nos transformen en un nuevo escenario de disputa, un nuevo Medio Oriente. Y que incluya la guerra biológica.
Tres potencias, tres maneras de presencia
Sería un error pensar que se trata de un solo actor con una sola táctica. Lo que vemos es la presencia de tres potencias con objetivos, instrumentos y ritmos distintos, cuya coincidencia en el mismo espacio es lo que agrava el panorama.
Estados Unidos actúa por la vía militar, económica y tecnológica a la vez. Ejercicios conjuntos, visitas de los jefes del Comando Sur, acuerdos de minerales y de comercio, reconocimiento de la transferencia de datos, presión pública sobre la infraestructura china.
Tiene, además, una historia: en 1831 la corbeta Lexington destruyó el poblado argentino de Puerto Soledad, en Malvinas, y en 1982, cuando la Argentina recuperó las islas, Washington se puso del lado de Gran Bretaña, le proporcionó inteligencia y armamento y aplicó sanciones a Buenos Aires, a pesar de los compromisos interamericanos. Quien se pregunte por qué hay que mirar con cautela una alianza estratégica con esa potencia tiene en ese antecedente una respuesta más sólida que cualquier consigna.
Israel actúa, sobre todo, por la vía política y tecnológica. El gobierno de Milei ha señalado a Israel y a Estados Unidos como sus principales aliados; firmó en Jerusalén un memorando de cooperación en defensa, ciberseguridad, satélites y agua; adhirió a los llamados Acuerdos de Isaac, un marco impulsado por Tel Aviv para reforzar alianzas en el hemisferio occidental; anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén; y en abril de este año viajó por tercera vez a ese país.
Altos funcionarios israelíes han dicho con claridad que ven a la Argentina como una puerta de entrada al mercado regional. Es importante marcar una frontera nítida: lo que aquí se examina es la política de un Estado y de un gobierno, y nada tiene que ver con un pueblo, una religión o una comunidad, cuya presencia en la Argentina es parte de su historia y merece respeto. La crítica legítima se dirige a los acuerdos, a su falta de transparencia y al alineamiento automático en un conflicto ajeno.
Gran Bretaña, por último, es la potencia que ocupa desde 1833 un territorio argentino y que se presenta, hoy, bajo una nueva forma: la explotación de recursos.
El proyecto petrolero Sea Lion, al norte del archipiélago, prevé más de sesenta pozos a unos doscientos veinte kilómetros de las islas, y está a cargo de Rockhopper, de origen británico, y de Navitas Petroleum, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv.
El propio presidente advirtió, en su cadena nacional del 3 de septiembre, que si no se actúa en pocos meses esas empresas tendrán la capacidad material de apropiarse de reservas de petróleo que yacen en nuestro mar, y anunció que inhabilitará a las firmas que participen.
Hay un punto que merece atención: en los mismos días en que se denuncia a Londres, se profundizan los acuerdos militares y económicos con Washington, que en 1982 eligió a Londres. Esa contradicción no se resuelve con discursos.
Y China: el mismo criterio para todos
Un documento que se dice soberanista no puede ser selectivo, y por eso corresponde hablar de la estación de espacio lejano que la Administración Espacial Nacional de China opera en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén.
Nació de acuerdos firmados entre 2012 y 2014 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se terminó en 2017, ocupa unas doscientas hectáreas cedidas por cincuenta años sin pago de impuestos, y tiene una antena parabólica de 35 metros, la primera estación china de espacio profundo fuera de su territorio. Beijing sostiene que es estrictamente científica y que investigadores argentinos tienen acceso.
Un informe del Comité Selecto del Congreso de los Estados Unidos, de febrero de 2026, afirmó que forma parte de una red de once instalaciones espaciales vinculadas a China en la región, con nodos en Neuquén, San Juan y Santa Cruz, y que puede captar señales de satélites extranjeros y transferir datos al Ejército chino. Funcionarios norteamericanos dijeron al New York Times que temen que se use para rastrear satélites estadounidenses.
El embajador norteamericano Peter Lamelas volvió a presionar en agosto, y distintos medios informan que el gobierno de Milei estaría limitando la expansión de esa red, aunque la estación sigue funcionando.
Tómese esto con las precauciones que merece, porque las acusaciones provienen de un rival directo de China y el gobierno chino las niega. Pero la pregunta de fondo es la que corresponde a cualquier país: ¿qué puede hacer el Estado argentino dentro de esas doscientas hectáreas?
Una fuente del gabinete citada por la prensa en 2024 dijo que se trata de un territorio al que la Argentina virtualmente no puede entrar. Si un Estado no puede inspeccionar una instalación extranjera en su propio suelo, está ante una cesión de control, sea cual fuere el país que la ejerce.
Es el mismo principio que se aplica a Ushuaia, a Mekorot, a los minerales: el que ocupa espacio estratégico con condiciones que el pueblo desconoce está limitando la soberanía, lleve el uniforme que lleve. Una política de soberanía verdadera auditaría los contratos con Beijing con la misma severidad con que exige transparencia sobre Washington. Las superpotencias se disputan hoy el cielo del sur argentino, y la Argentina puede ser, según cómo actúe, sujeto o escenario de esa disputa.
Lo que responderán quienes piensan distinto
Hay que escuchar con seriedad a quienes sostienen la postura contraria, porque sus argumentos existen y no son simplezas. Dirán que los ejercicios son breves, pactados y habituales entre países aliados, que sirven para entrenar a las fuerzas y se hacen con autorización; que el acuerdo de minerales aumentará las exportaciones y las inversiones en provincias pobres, y que el litio sin inversión extranjera se queda bajo tierra; que la Base Naval es una obra argentina que fortalece la presencia en la Antártida y que sigue bajo comando argentino; que la Ley de Tierras tenía fallas, como la de no ser retroactiva y dejar sin control a muchas sociedades cuyos dueños reales no se conocían; que la derogación atrae capitales; y que China no es inocente. Varios de esos puntos tienen su parte de verdad.
Pero, la discusión de fondo no es si la Argentina debe relacionarse con el mundo, sino si su centro de alianzas son las potencias o grupos de ellas o, por el contrario, los países, pueblos y naciones oprimidas del mundo. Y desde allí, con un proyecto de independencia nacional, aprovechar la existencia de países de desarrollo medio con los cuales actuar en conjunto, aprovechando también las contradicciones entre las potencias. Pero no ser usados por esas contradicciones. Como pelotitas de Ping Pong.
Y sobre todo que el pueblo decida conociendo los términos y acabando con los acuerdos secretos. Como el de YPF con Chevron, que todavía no conocemos completamente.
¿Qué condiciones? Si hay contratos públicos, si el Congreso decide, si los recursos se procesan en el país o se exportan en bruto, si la autoridad argentina puede entrar en cualquier lugar de su territorio, y si hay un control democrático de cada paso, donde sea decisiva la participación de la población. Un país puede relacionarse sin arrodillarse; lo que hay que mirar es el texto de los acuerdos y no la foto.
Para seguir pensando
Volviendo al principio. La principal enseñanza de Alaska no es que los países vendan su suelo; es que las potencias prefieren comprar cuando pueden y ocupar cuando no pueden, y que cuando alguna de las dos vías se cierra, abren otra.
En el siglo XXI el mapa no es solo el mapa. Es el subsuelo, el agua, los puertos, los datos y el cielo. Quien se conforma con decir que “la soberanía formal sigue intacta” repite, sin quererlo, el argumento de todos los que perdieron el control de sus países con el mapa puesto. Y un día se despertaron sin patrimonio nacional, sin historia y sin cultura propia, sin desarrollo científico y tecnológico, sin patria y sin bandera
Las preguntas que proponemos discutir son concretas.
¿Qué dice exactamente el texto de los acuerdos con Estados Unidos, con Israel y con China, y por qué no son públicos?
¿Quién decide si entran tropas extranjeras, el Congreso, un decreto o el pueblo argentino?
¿Se restablece un registro de tierras que permita saber quiénes son los dueños reales, más allá de las sociedades interpuestas?
¿Pueden las provincias, que son dueñas originarias de sus recursos, dictar sus propias leyes de tierras hasta que se discuta una ley nacional?
¿Estas leyes provinciales no podrían ser el Acta de Defunción de Argentina y promover su fraccionamiento?
¿Qué parte del litio, del cobre, del gas y del petróleo se procesa aquí y qué parte se va en bruto?
¿Quién controla los datos de los argentinos?
Un país soberano es aquel que puede responder a estas preguntas con claridad y que sabe, cuando no puede responder, a quién se las tiene que hacer. Con un pueblo que es el que debe decidir. Si la soberanía es un concepto antiguo parafraseando al ministro Quirno, el Pueblo reasumirá la Soberanía. Y demostrará que el patriotismo no es una idea vetusta. Lo demostraron un puñado de jugadores de fútbol en el Mundial.
Ese es el debate que propone este documento, y es un debate que pertenece a todos.
