La decisión del empresario británico Joe Lewis de anunciar la creación de una Reserva Natural privada en Lago Escondido, en Río Negro, reavivó una histórica controversia sobre el acceso público al lago, la legalidad de la adquisición de las tierras y el control de una zona considerada estratégica por encontrarse en un área de seguridad de frontera.
La iniciativa fue presentada oficialmente por la empresa Hidden Lake S.A., que administra las propiedades de Lewis en la Patagonia. Sin embargo, dirigentes políticos, organizaciones ambientales y referentes sociales sostienen que el emprendimiento carecería de respaldo legal y podría representar una nueva restricción al acceso de un bien de dominio público.
Hidden Lake anunció una Reserva Natural privada
A través de un comunicado institucional, la empresa informó:
“Hoy damos un paso que nos define: nos transformamos en una Reserva Natural. Con orgullo, presentamos también nuestro nuevo logo, símbolo de una identidad que evoluciona y nos proyecta hacia el futuro.”
La denominada Reserva Natural Lago Escondido se encuentra en las mismas tierras adquiridas por Lewis durante la década de 1990, cuya compra fue objeto de numerosas investigaciones judiciales y administrativas.
Durante años, informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionaron la operatoria mediante la cual el magnate británico adquirió miles de hectáreas mediante una compleja red de sociedades y presuntos testaferros.
Magdalena Odarda: “No existe legalmente”
La legisladora rionegrina Magdalena Odarda aseguró que la creación de la reserva “no cumple con ninguna normativa provincial ni nacional”.
Según explicó, una reserva natural no puede ser creada unilateralmente por una empresa privada.
“La creación de una Reserva Privada es contraria al régimen de áreas protegidas. Debió haberse creado por ley y eso nunca ocurrió. En realidad constituye una nueva forma de restringir el acceso libre al lago”, sostuvo.
Odarda también advirtió que el emprendimiento podría afectar el Río Foyel, sobre el cual Hidden Lake impulsa un proyecto hidroeléctrico destinado a abastecer de energía a la Comarca Andina.
Cuestionamientos legales
La normativa de Río Negro establece que la creación de áreas protegidas requiere:
- intervención de la autoridad ambiental competente;
- delimitación oficial del área;
- procedimientos administrativos específicos;
- en algunos casos, estudios de impacto ambiental;
- y, de corresponder, audiencia pública.
Según Odarda, ninguno de esos requisitos habría sido cumplido.
Por ese motivo presentó pedidos de informes ante distintos organismos provinciales.
Los principales pedidos de informes
Entre los requerimientos elevados por la legisladora se destacan:
- si existe autorización oficial para la nueva área protegida;
- cuál fue el acto administrativo que habilitó su funcionamiento;
- si se realizaron estudios de impacto ambiental;
- si hubo audiencia pública;
- si la reserva limita el acceso al Lago Escondido;
- si afecta el camino público y el camino de sirga;
- si la empresa comenzó a tributar por la nueva actividad;
- si el emprendimiento se encuentra en zona de seguridad de frontera;
- si existe relación entre la reserva y el reciente acuerdo firmado entre Hidden Lake y el Gobierno nacional.
La iniciativa fue acompañada por legisladores del bloque Vamos con Todos.
La controversia por el acceso al Lago Escondido
Desde hace más de dos décadas, distintas organizaciones vienen denunciando que el acceso al Lago Escondido permanece prácticamente bloqueado para la población.
Uno de los principales impulsores de las movilizaciones es Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua (FIPCA).
Según Urien:
“El ciudadano británico invadió el camino de sirga construyendo parte del jardín de su mansión sobre él, en evidente abuso del derecho.”
Las tradicionales marchas organizadas por FIPCA reclaman la apertura del denominado Camino de Tacuifí, considerado por diversos fallos judiciales como un acceso público.
El acuerdo entre Hidden Lake y el Gobierno nacional
El anuncio de la nueva Reserva Natural se produjo pocos días después de conocerse la homologación de un acuerdo entre Hidden Lake S.A. y el Estado nacional.
Ese convenio puso fin a una acción judicial iniciada en 2023 mediante la cual el Estado buscaba declarar nula la venta de aproximadamente 12.000 hectáreas adquiridas por Lewis en 1996.
La conciliación fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 4 y permitió cerrar el proceso iniciado por el propio Estado.
Para Odarda, ambos hechos están directamente relacionados.
“No solo representa una entrega de soberanía, sino también una forma de consolidar la impunidad respecto de la compra de tierras y del cierre del acceso público al lago”, afirmó.
El proyecto hidroeléctrico detrás del conflicto
Otro de los ejes del debate gira alrededor de los proyectos energéticos impulsados por Lewis.
Hidden Lake sostiene que la regularización judicial era indispensable para avanzar con una inversión destinada a mejorar el suministro eléctrico de la Comarca Andina.
Según la presentación realizada ante la Justicia, la homologación del acuerdo era una condición necesaria para iniciar las obras de interconexión eléctrica antes del invierno.
Los críticos sostienen que ese interés económico explicaría la rapidez con la que se alcanzó el acuerdo con el Estado.
Una disputa que sigue abierta
Para sectores políticos, organizaciones ambientales y entidades defensoras del acceso público, la creación de la denominada Reserva Natural Lago Escondido representa una nueva etapa en un conflicto que lleva más de veinte años.
Mientras Hidden Lake presenta el proyecto como una iniciativa de conservación ambiental, los cuestionamientos apuntan a la ausencia de autorizaciones oficiales, las posibles restricciones sobre bienes de dominio público y la continuidad de un esquema de control privado sobre uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la Patagonia.
Las actuaciones administrativas impulsadas en Río Negro buscarán determinar si el emprendimiento cumple con la legislación vigente y si la nueva figura jurídica afecta derechos garantizados por la Constitución provincial, entre ellos el libre acceso a las costas y espejos de agua públicos.
