El conflicto laboral en la empresa Lustramax, ubicada en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, escaló en las últimas semanas hasta convertirse en un caso con fuerte repercusión política y judicial. Trabajadores de la planta denunciaron a la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, por presunta desobediencia judicial y persecución sindical, en el marco de una disputa que ya llegó a la Justicia, la Legislatura bonaerense y el Congreso Nacional.
La controversia se originó tras una serie de despidos que los operarios consideran vinculados a un intento de debilitar la organización gremial dentro de la fábrica. Según sostienen, la empresa impulsó medidas contra trabajadores con representación sindical, lo que derivó en reclamos administrativos y judiciales.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la situación del delegado gremial Leandro Gómez. Diversas resoluciones laborales y un fallo del Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar ordenaron su reincorporación inmediata a la planta. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la empresa continúa sin cumplir la medida.
Denuncias contra Florencia Arietto
Los empleados sostienen que Florencia Arietto, quien además de ocupar una banca en el Senado bonaerense actúa como representante legal de Lustramax, tuvo un rol activo en impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
De acuerdo con las denuncias presentadas, la legisladora se habría hecho presente en los accesos a la planta para evitar el ingreso del delegado reinstalado por orden judicial. Por este motivo, los trabajadores impulsaron una denuncia penal por presunta desobediencia judicial y persecución sindical.
A la presentación judicial se sumó una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, promovida por la asociación civil Nace un Derecho. La entidad cuestionó declaraciones públicas de Arietto en redes sociales, donde calificó a abogados laboralistas como una “mafia”, expresiones que consideran incompatibles con el ejercicio profesional.
El reclamo de los trabajadores de Lustramax
Leandro Gómez afirmó que la empresa acumula varios fallos adversos y continúa incumpliendo decisiones judiciales que ordenan su regreso al puesto de trabajo.
Según explicó el delegado, distintas denuncias penales impulsadas por la empresa fueron archivadas por la Justicia al considerar que se trata de un conflicto estrictamente laboral y no de una causa penal.
En paralelo, los trabajadores continúan desarrollando acciones de visibilización del conflicto. Durante las últimas semanas participaron en actividades sindicales, encuentros universitarios y reuniones con legisladores provinciales y nacionales para exponer la situación y solicitar respaldo institucional.
Presencia de Gendarmería y repercusión política
Otro de los aspectos que generó controversia fue la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en las inmediaciones de la planta durante algunas jornadas del conflicto.
Los trabajadores consideran que el operativo tuvo un carácter intimidatorio y denuncian que se realizó sin una orden judicial específica. Este episodio incrementó las críticas hacia la actuación de la empresa y de quienes representan sus intereses legales.
En la Legislatura bonaerense también se presentaron cuestionamientos sobre el doble rol de Arietto como funcionaria pública y abogada de la firma. Mientras tanto, en el Congreso Nacional, representantes gremiales expusieron el caso ante diputados y senadores de distintos bloques, advirtiendo que las prácticas implementadas en Lustramax podrían convertirse en un antecedente para futuras reformas laborales.
Un conflicto que sigue abierto
A medida que avanzan las actuaciones judiciales y administrativas, el conflicto en Lustramax continúa sumando repercusiones políticas y sindicales. Los trabajadores ratificaron que mantendrán las medidas de protesta, las asambleas abiertas y las campañas de solidaridad para exigir el cumplimiento de los fallos judiciales y la restitución de los derechos laborales que consideran vulnerados.
La disputa ya trascendió las puertas de la fábrica de Tortuguitas y se instaló como uno de los conflictos laborales más resonantes de la provincia de Buenos Aires durante 2026.
