¿Alcanza con la baja en la edad de imputabilidad?
Por Pablo Landó
El crimen de Jeremías Monzón, con la dolorosa marca de su temprana edad y la de sus autores, conmocionó a quienes habitamos Santa Fe y se extendió a todo el país. Reabrió un debate que aparece, cíclicamente, cuando se dan hechos de violencia vinculados a menores: bajar la edad de imputabilidad.
El desafío que atravesamos es analizar, más allá del caso -en un sentido general y estructural-, qué manifiestan estos hechos. ¿Qué les pasa a nuestras pibas y nuestros pibes? Ubicar con precisión qué responsabilidades políticas existen y qué parte asumimos como sociedad y señalar que bajar la edad de imputabilidad -y no considerar sus múltiples y complejas causas- agravará el cuadro social.
La cultura de la violencia se viene manifestando hace tiempo
Este hecho atroz (viralizado por redes sociales con una clara intencionalidad) nos ahogó en tristeza e indignación por el grado de violencia ejecutada, el sufrimiento de la familia de Jeremías y, por visibilizar la concreción de las innumerables señales que la realidad social -que atraviesan miles de niñas/os, adolescentes y jóvenes (NNyA)-, tan fuertemente indicaba.
La cultura de la violencia se viene manifestando hace tiempo y se desarrolla sobre condiciones materiales de vida arrasadas. Se estimula desde quienes gobiernan en su “guerra ideológica” que propone el exterminio de quien piensa y es diferente. Solo puede profundizar las violencias, la práctica cotidiana de la crueldad y la deshumanización -viralizadas en redes- y encabezadas por el mismo presidente de la Nación. Y seguirá extendiéndose ante una inédita retirada de las políticas públicas de contención social en las barriadas que posibilitó el arraigo del delito y la “cultura narco” (acá existe alta responsabilidad de los gobiernos locales).
Nadie observó la abrupta caída de la matrícula en las escuelas públicas primarias ni los Centros de Salud desbordados de necesidades (ambas instituciones con trabajadoras/es con salarios de pobreza y maltratados por el gobierno). Vivimos en barriadas “detonadas” como consecuencia de políticas que se ejecutaron exclusivamente durante décadas en “el centro de la ciudad”.
El abandono que sienten miles y miles de familias en “sobrevivir el día a día”, con salarios, jubilaciones y pensiones que no alcanzan, changas que se pararon, espacios públicos deteriorados, que conviven entre basura, a oscuras, en medio de yuyales. Solo basta recorrer el cordón oeste de la ciudad, de norte a sur, para reafirmar que este “entramado de la violencia” sólo puede ser desarticulado con fuertes decisiones políticas (obras, servicios y puesta en valor de espacios públicos, capacitación y empleo, educativas, sanitarias, deportivas y culturales); en fin, políticas integrales y recursos para vivir en sociedades más seguras.
Es importante aclarar que nuestra opinión se asienta en la experiencia práctica de construir y sostener en nuestra ciudad, instituciones educativas, de salud, cuidados, infancias, de prevención de violencias contra mujeres y diversidades; de consumos problemáticos de sustancias. En cada espacio (que ha sido sistemáticamente desfinanciado) asisten niñas, niños, adolescentes y jóvenes; la mayoría en condiciones de vulnerabilidad (material y simbólica) que advertimos, de todas las formas posibles, que iba a tener algún tipo de consecuencia social. Nada bueno puede sucederle a una sociedad que convive con el 70% de NNyA en situación de pobreza que acceden en las barriadas con más facilidad a un arma, alcohol y drogas que a una pelota, un cuaderno o una guitarra.
A la vez, desde nuestros espacios, acompañamos el trabajo de otras instituciones y redes barriales para desplegar prevención comunitaria en materia de consumos y violencias. A diario y sostenidamente observamos el agravamiento de las condiciones de vida de una población jóven quebrada, agobiada, violentada a la que se le arrebató la perspectiva (y construcción) de un futuro. Llegan atrapados en consumos de sustancias psicoactivas, atravesando adicciones, en un marcado deterioro de ingresos familiares, expulsados a vivir en situación de calle. Lo dijimos y repetimos con responsabilidad: van a continuar y aumentar los hechos de violencia en la ciudad. Siempre estamos a tiempo, pero se debe intervenir ya, con un preciso diagnóstico, recursos y decisiones políticas que hagan protagonista a la sociedad de construir un presente y futuro mejor.
La pandemia social de consumos de sustancias psicoactivas
Hemos reiterado que atravesamos una “pandemia social de consumos de sustancias psicoactivas” (legales e ilegales). Y este cuadro se asienta en el crecimiento exponencial del negocio del narcotráfico, la cultura tóxica (violenta y consumista) y la vulnerabilidad social y material de la población. Este es el diagnóstico que aportamos, esta es la gravedad de la situación y las respuestas deben estar a la altura.
La “cultura narco” se extiende y deja marcas en un tejido social fracturado. Con la agravante que el “blanqueo” (acción clave del negocio narco), la evasión, quienes hacen “guita fácil”, son reconocidos y destacados por la máxima autoridad de gobierno. Se desmantelaron todos los controles y se premia como candidatos a políticos financiados por el narcotráfico. Funcionarios políticos que gritan ¡meterlos presos desde niños!, son los responsables del doloroso deterioro social.
Asistimos a una realidad social marcada por niñas/os, adolescentes y jóvenes a quienes les secuestraron el futuro; que sobreviven día a día, sin proyecto. Los indicadores de suicidio en adolescentes y jóvenes son alarmantes (en 2023, se registraron en menores de 19 años, 148 casos de mujeres y 238 de varones (…) En la franja de 20 a 29 años, 1030 casos – Infobae 21/9/25), y no hay reacción de la política y la sociedad. “La vida” es hoy, el día y poco vale. Y si la vida propia no vale casi nada, ¿qué valor tiene la de otras/os?
Debe intervenirse ya, con políticas públicas que apunten a contrarrestar la “cultura narco”, violenta y machista, que marca los valores de las pibas y los pibes; ahí dónde la mujer es objeto de consumo, una mercancía más y el abuso algo naturalizado.
En esta grave problemática de consumos y adicciones no se puede seguir mirando un solo aspecto de la relación (a quien consume), pero no a quién oferta, a quien hace negocio con el padecimiento ajeno. Y se requiere dejar de caracterizar esa relación como de “libre elección”, olvidando precisamente los altos niveles de dependencia que la droga genera.
Urge atender las múltiples experiencias cotidianas en las que se va aprehendiendo la violencia, en las que se configura una subjetividad que descarta al otro como sujetos necesarios para la organización de la propia vida, de los propios proyectos. A los juegos y vínculos, a las redes y dispositivos electrónicos en los que se configuran “realidades”; ese mundo virtual en el que aprenden la insensibilidad respecto al daño que las violencias pueden causar a otras/os tanto como el “prestigio” que se obtiene con ella.
Las estadísticas del Sistema. ¿Asociar juventud con delincuencia?
Para finalizar nos interesa visibilizar la hipocresía de quienes gobiernan que gritan “bajar la edad” ¡hasta los 10 años! (llegó a decir la ministra de Seguridad Nacional) mientras eliminan toda política pública de cuidados, acompañamiento, acceso a la educación, salud, deporte y cultura, a la niñez y adolescencia (de hecho, desmantelaron la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia – SENAF). Asistimos a una parte de las consecuencias de la destrucción de aquellos programas, proyectos y áreas que, -aun con sus limitaciones-, creaban pisos de oportunidades. Esta semana se conoció que mientras el Régimen Penal Juvenil se sumó al temario de extraordinarias, el Congreso mantiene sin definición, las autoridades de la Defensoría de NNyA.
Nos interesa debatir, conscientes que la intencionalidad de quienes gobiernan, es asociar juventud con delincuencia, cuando los datos no lo indican así. Veamos.
Según la “Estadística del Sistema Nacional de Información Criminal” – Sistema Alerta Temprana, (Min. de Seguridad Nacional), de 2023 (último dato publicado), acerca de la participación de menores en delitos. En los hechos de “robo de automotores”, los inculpados menores de 15 años fueron el 4,74%, y entre 16 y 17 años, el 8,75%. En robo de motocicletas, los acusados menores de 15 años fueron 5,10%; de entre 16 y 17 años, fueron el 11,39%. En “otros robos”, menores de 15 años fueron 7,22% y de 16 y 17 años fueron el 10,65%. Los menores de 15 años acusados por hurto de automotores 3,93%, de 16 y 17 años, fueron el 8,14%. En los delitos denominados “otros hurtos”, los menores de 15 años fueron el 8,15%; y de 16 y 17 años, el 7,52%. Por último, en los casos de homicidio doloso, los inculpados menores de 14 años fueron solo el 0,64% del total, y entre 15 y 19 años, el 13,12%.
Si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria, hay que remarcar que el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió y la adolescencia necesita. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir. En fin, proteger a la sociedad no es sólo sancionar, sino evitar que el daño ocurra.
No estamos ante una “población peligrosa”, si no más bien asistimos a un contexto de niñas/os, adolescentes y jóvenes en peligro. Intentamos, empujamos y propusimos durante años. Presentamos proyectos de Ordenanzas que son “cajoneados”, nunca tratados. A modo de ejemplo, señalamos: “Salimos Jugando. Plan Integral de Prevención de las violencias y promoción de la salud” (presentado y nunca tratado en el Concejo Municipal de la ciudad en 2022 y reingresado en 2025); “De Emergencia en materia de consumos y adicciones”(presentado en 2023) y “De Emergencia en violencia contra las mujeres y disidencias” (idem 2023).
Abordar la compleja trama social que atravesamos solo desde bajar o no la edad de punibilidad y, -en caso de ser afirmativo-, ¿a cuántos años?, puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye un futuro social mejor. No va a reducir los niveles de violencia. Y, con el debido respeto, no hará reparación y justicia a las víctimas. Solo ensancha un sistema penal y carcelario que está colapsado y ha demostrado largamente su ineficacia.
El debate continuará. Entendemos que debe discutirse un Régimen Penal juvenil de la democracia, basado en normas internacionales que establecen que “la prisión preventiva debe ser el último recurso, por el menor tiempo posible” y nombra las “medidas socioeducativas, especialmente para los regímenes que atiendan a menores”. Toda ley que no esté basada en estos principios viola las convenciones internacionales a las cuales nuestro país adhirió desde 1994 en la última reforma de la Constitución.
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la ONU en 1989, es el Tratado Internacional de DDHH más ratificado de la historia. Allí se reconoce “a todas las personas menores de 18 años como titulares de derechos, obligando a los Estados a garantizar su protección, supervivencia, desarrollo y participación”. Los Estados deben adoptar medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos, incluyendo educación, salud, protección contra el abuso y ser escuchados.
Solo luego de haber revisado y actuado sobre las “cuentas pendientes” con nuestros niños, niñas y adolescentes, el Estado puede avanzar sobre la edad de punibilidad debatiendo un Código Penal Juvenil que contenga una política integral de restitución de derechos vulnerados a personas en desarrollo, para luego establecer un marco punitivista destinado a una minoría que comete o se ve involucrada en delitos de gravedad.
La gravedad del hecho, la conmoción social generada y las condiciones materiales de la población que analizamos nos exigen abordar esta problemática en profundidad y será tarea de quienes legislan “estar a la altura”. A la vez, necesitamos construir amplios consensos y espacios para el debate y la reflexión.
Experiencias como las redes barriales, las Mesas de Diálogo Social con participación de todos los sectores sociales involucrados (públicos y privados) pueden ser herramientas que conduzcan a construir una salida diferente que reconstruya vínculos y políticas públicas para una sociedad más segura, justa e igualitaria.
Foto de portada: Vatican News
