Este miércoles hermanas y hermanos de pueblos originarios movilizaron al Congreso Nacional, acompañados por organizaciones políticas y sociales. Exigen una nueva prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que prohíbe los desalojos de comunidades y tiene fecha de vencimiento para el mes próximo. Una delegación de representantes de las distintas organizaciones fue recibida por legisladores del Frente de Todos, que se comprometieron a trabajar para lograr la prórroga.
Desde el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha explicaron: “Hermanas y hermanos, Coyas, Guaraní, Ava Guaraní, Bya Guaraní, Wichí, Pilagá, Qom, Mocoví, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas, Aimaras, Lules estamos unidos para obtener la prórroga y el presupuesto necesarios para que se puede aplicar y hacer efectiva la ley 26160”.
Antes de asistir al encuentro, los referentes de las diferentes comunidades se concentraron más temprano en la intersección de la Avenidas de Mayo con la 9 de Julio y desde allí, se movilizaron hacia el Congreso Nacional para pedir el debate de la nueva prórroga, que debe aprobar aún el Senado y enviarla para su debate a Diputados.
Un grupo de representantes de las comunidades fueron luego recibidos en el Congreso por diputados del Frente de Todos, entre los que se contaban Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva, Paula Penacca, Ayelen Spósito, María Rosa Martínez, Lucila Masin y Hernán Pérez Araujo, entre otros.
También estuvo presente en la jornada la presidenta del INAI Magdalena Odarda quien señaló que “esta ley atiende la emergencia territorial de los diferentes pueblos originarios de nuestro país».
El diputado nacional Juan Carlos Alderete, quien además es referente nacional de la Corriente Clasista y Combativa, señaló que «es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios. Vamos por la prórroga de la ley 26.160 que prohíbe el desalojo de las comunidades, con el compromiso de avanzar en una ley que regule el territorio originario». A su vez puso énfasis al afirmar que «el compromiso está claro para poder llegar a este desafío que tenemos», y precisó que «hay un desconocimiento como Estado de los pueblos originarios». Alderete destacó el respaldo del socialismo, presente en la reunión, a través de un asesor del diputado Enrique Estévez
La diputada nacional Paula Penacca destacó el compromiso del bloque «para trabajar para sancionar esta prórroga cuando venga del Senado y contemple lo presupuestario» y sostuvo que el gobierno nacional tiene «un respeto profundo por la memoria y la identidad de los pueblos» originarios.
La diputada Caliva señaló que «la delegación de autoridades indígenas llegaron a Buenos Aires tras días de viaje y mucho esfuerzo y concentró en Plaza Congreso, mientras mantuvimos este importante encuentro, promovido por la hermana Margarita Peñailillo, dirigente del Movimiento Pueblos y Naciones Originarias en Lucha. Participó también la presidenta de Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Micaela Gomiz» indicó la legisladora nacional.
Asimismo remarcó que «la jornada de trabajo giró en torno a la prórroga de la Ley 26.160, con el presupuesto necesario para su aplicación efectiva y sobre los territorios comunitarios. Ante la situación de alerta y emergencia manifestada por las y los representantes de nuestras comunidades reafirmamos el compromiso de defensa de la causa indígena».
Una reunión que marca precedente
En la reunión los referentes de las comunidades coincidieron en reclamar la prórroga de la norma sancionada en 2006 -prorrogada ya en tres oportunidades- que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, pero que incluya partidas presupuestarias para poder implementarla.
Entre otros aspectos, la iniciativa suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan, y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas de forma actual, tradicional y pública.
Según los referentes de los pueblos originarios, «esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitamos las comunidades, suspendiendo todo proceso de desalojo y ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras».
«Como el problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelve definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos estas tierras», señalaron al reclamar una nueva prórroga.
«También plantearemos en el Congreso que se trate y se apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados. Estamos comprometidos a hablar en todas las provincias con diputados y senadores de la Nación. Y a la vez lograr que todas las legislaturas provinciales adhieran a la Ley 26.160», enfatizaron.
Ante las dificultades que se presentan en la Cámara de Diùtados para establecer un quorum para secionar, los integrantes de los pueblos remarcaron que «la movilización continuará hasta que se apruebe”.
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