MEGAMINERÍA: ¿DESARROLLO O DESPOJO?

Por Pablo Quiroga (*)

El modelo de desarrollo basado en la producción primaria, con impulso a los monocultivos y a la extracción de recursos naturales, como los recursos mineros, pone al país lejos de los objetivos del desarrollo sustentable. El objetivo debería ser usar esos recursos al servicio de mejorar las condiciones de vida de la población.

La explotación minera en alta montaña, que se realiza hoy en Argentina, es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer para mejorar nuestro estilo de desarrollo.

A diferencia de otros países de la región, esta minería metalífera no fue una producción importante en Argentina hasta entrado el siglo XXI. Fue alentada por el boom de los precios de los comóditis. Desde entonces, se ha convertido en una muestra de lo que significa desregular una actividad, teniendo como objetivo primario la ganancia rápida, sin contemplar los impactos económicos, sociales y ambientales, que se observan en el corto y mediano plazo.

El camino para el crecimiento de esta actividad se preparó en la década del ’90. Fue en el marco de una profunda desregulación económica. Se hizo con la sanción, en 1993, de la ley de Inversiones Mineras (la 24.196). El objetivo, supuestamente, era atraer el interés de los inversionistas en una actividad que, como dijimos, se encontraba poco desarrollada. Esta fue la excusa para fijar condiciones leoninas a favor de las grandes empresas multinacionales, ávidas de oro, plata y cobre.

Ese marco regulatorio, entre otros beneficios, brinda: estabilidad fiscal por 30 años, exención del pago de los derechos de importación, quita la obligación de liquidar las divisas en el país y da la posibilidad de deducir el 100% de los costos que implique investigar la factibilidad del proyecto. Además, las mineras tienen la posibilidad de amortizar las erogaciones en infraestructura del monto correspondiente al impuesto a las ganancias. En cuanto al pago de regalías, se estableció un porcentaje máximo del 3% al valor de boca de mina. Pero el montó está atado a ¡lo declarado por la propia empresa!

El gobierno actual incrementó los extraordinarios beneficios para la inversión “sin riesgo”. Lo hizo mediante el decreto 349/2016, que eliminó los derechos a las exportaciones mineras (retenciones), que estaban vigentes desde el 2007.

Con el aumento de los precios de los metales, las nuevas tecnologías y la vigencia del mencionado marco normativo, las inversiones no tardaron en llegar, con lo que las explotaciones de megaminería crecieron exponencialmente.

El gobierno actual incrementó los extraordinarios beneficios para la inversión “sin riesgo” eliminando los derechos a las exportaciones mineras. 

El cuestionamiento no nace de un prejuicio. Creemos que no existe per se un conflicto entre ambiente y minería. El conflicto es con proyectos que, a lo largo del camino, dejan más perjuicios que beneficios. Y ese es el caso de esta actividad desarrollada en la alta montaña, en zonas de glaciares, con un marco regulatorio ambiental y económico tan particular.

La progresiva desaparición de metales en vetas de alta ley ha llevado a la explotación minera a cielo abierto. Para este método, además de provocar explosiones para “abrir” la mina (con lo que han desaparecido cerros enteros), se utiliza gran cantidad de agua y sustancias químicas muy contaminantes para separar el metal buscado de la roca que lo contiene.

El agua en zonas cordilleranas es un bien escaso y, por lo tanto, muy valioso. Es imprescindible para garantizar el riego en la agricultura, la ganadería, la industria y para el consumo humano. Sin embargo, la actividad minera utiliza valores extraordinarios de agua, mucho más altos que cualquier otra producción. Un ejemplo: el proyecto Agua Rica, veinte kilómetros aguas arriba de Andalgalá, en Catamarca, necesitará para su funcionamiento 34 millones de litros de agua por día. En cambio, el consumo estimado por los 20 mil habitantes de Andalgalá es de 1,5 millón al día.

El problema no termina con el sobreuso. Los residuos generados por la extracción del metal, como el agua con solución cianurada, son almacenados en piletas. En el caso de Veladero, en San Juan, en los últimos 3 años ocurrieron cuatro accidentes con derrames hacia las zonas urbanas y sobre las nacientes de cursos de agua. Los distintos poderes de los estamentos nacional y provincial miraron para otro lado.

Recién en el último caso de derrame, en abril de este año, dado lo insostenible de la situación, la justicia provincial exigió a la empresa canadiense Barrik estándares más altos de remediación y monitoreo. Pero dadas las experiencias anteriores es difícil ser optimistas sobre un cambio real en la situación.

A esas limitaciones hay que agregar que, se presume, la mayoría de las explotaciones se realizan en áreas de glaciares y de ambientes periglaciares, las cuales son afectadas por explosiones, apertura de caminos y demás impactos que pueden hacerlos desaparecer.

Cuando hablamos de glaciares, nos referimos a grandes reservas de agua dulce, que, entre otros beneficios, generan los únicos cursos de agua que atraviesan zonas áridas y semiáridas del país. Sin estos afluentes, la vida sería imposible en esas zonas.

Todo esto motivó que el Congreso Nacional aprobara, en 2008, la Ley de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares. Lamentablemente, el lobby minero fue suficientemente importante para conseguir el veto a la ley por parte de la anterior presidenta. La presión de las comunidades locales afectadas por la actividad y de representantes sociales y políticos insistieron en la necesidad de contar con la norma, que volvió a ser tratada y aprobada en el 2010.

Nada en esta cuestión se resuelve fácilmente. Un elemento esencial para hacer que la norma pueda aplicarse es contar con el Inventario de Glaciares que debe realizar el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que determina la ubicación de las áreas a proteger.

Hasta el fin del anterior gobierno, dicho Inventario no se había concluido y las partes que el IANIGLIA ya había inventariado no habían sido publicadas.

Ahora, los informes parciales que hemos conocido modifican peligrosamente el espíritu de la norma. Determinan un tamaño de una hectárea para considerar que una zona se trata de un glaciar y prácticamente desaparece del inventario el ambiente periglacial. Corremos el riesgo, entonces, de poner en marcha una ley que se convierta en un instrumento de acción contrario al espíritu con el que fue sancionada.

Si consideramos la afectación de los glaciares, la nula incorporación de valor agregado a los metales extraídos, que hace que exportemos metales preciosos en bruto, casi sin ganancia para el país por los beneficios extraordinarios de las empresas. Si además agregamos que luego importamos a valores mucho más altos los productos terminados para la industria y la joyería que se hacen con nuestros metales, nos encontramos con que el “negocio minero” actual es una actividad difícil de respaldar.

Importamos a valores mucho más altos los productos terminados
para la industria y la joyería que se hacen con nuestros metales. 

No es que la actividad no produzca ganancias. Por el contrario, dado el valor actual del oro y la plata se producen ganancias importantísimas, pero las reciben las empresas multinacionales que nos despojan de nuestros metales a cambio de muy poco.

Uno de los beneficios que supuestamente iba a brindar la actividad era la generación de gran cantidad de mano de obra. Sin embargo, según datos del INDEC, el sector de explotación de minas y canteras empleaba en 2015 al 0,46% de la población en el sector privado. En el mismo período del año 2016 ese valor había disminuido a un minúsculo 0,42%. Esto no es extraño. En Chile la minería factura ocho veces más que en Argentina. Sin embargo, en 2009 empleó, por todo concepto, al 2,9% de la Población Económicamente Activa del país vecino.

Otra de las cosas que se afirmaba era que estas inversiones serían un motor para el desarrollo de las provincias mineras. La experiencia, sin embargo, está lejos de demostrar esa aseveración. Analicemos el caso de Catamarca. Luego de 20 años de producción de explotación del Bajo la Alumbrera, la situación social y económica de la provincia no ha cambiado. Sigue sosteniendo uno de los niveles más grandes de pobreza del país y continúa dependiendo de las remesas del gobierno federal en igual proporción que antes de la apertura de la mina. La diferencia, en todo caso, la encontramos en que, en pocos años, la mina estará agotada, dejará de producir y Catamarca (y el país) será más pobre todavía, ya que no habrá cambiado su estructura económica y habrá perdido su reserva de metales precisos.

Todo esto explica la resistencia de las comunidades locales (los supuestos primeros beneficiados) al desarrollo de esta actividad. Hay casos emblemáticos: el de Famatina, en la Rioja, y el de Andalgalá, en Catamarca. En ambos se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. También estuvo el primer referéndum sobre la actividad en 2002, en Chubut, donde la gente votó abrumadoramente contra un proyecto en Esquel. Estos antecedentes no hacen más que poner en blanco sobre negro los conflictos que provoca la minería del modo en que se la desarrolla hoy.

Para quienes viven cerca de las minas a cielo abierto, se hace imposible apoyar una explotación que los empobrece y los contamina, haciendo que pierdan agua y tierras donde han vivido por generaciones, a cambio de nada.

Vale la pena entonces preguntarse: cuál es el interés del país para seguir apostando a este estilo de desarrollo. Tal vez sea mejor preservar nuestra reserva en metales y esperar a contar con una reglamentación acorde con el espíritu de la ley de glaciares, mejorar las garantías ambientales en la actividad, aprobar la licencia social para las comunidades locales, modificar la ley de inversiones mineras y garantizar mayor valor agregado a los metales extraídos, antes de aprobar nuevas inversiones.

Al momento de escribir esta nota, se está presentando un nuevo Acuerdo Federal Minero, que lamentablemente consolida el modelo actual, priorizando el extractivismo, limitando las regalías al actual 3% y desalentando la creación de empresas estatales que puedan asociarse a las multinacionales. Además, el acuerdo es muy poco claro sobre los mecanismos de consulta y participación. No hace mención a la consulta previa, al consentimiento libre e informado de las comunidades locales y pueblos originarios. Esperamos, por lo tanto, que si el proyecto llega sin modificaciones al Congreso, se lo rechace.

No nos encerramos en un supuesto conflicto entre ambientalistas y desarrollistas. Intentamos exponer la necesidad de replantear el modelo de desarrollo del país y cambiar su matriz productiva, de tal manera que el uso de los recursos naturales sea inteligente.

Hay que dejar de apostar todo a los monocultivos y a la explotación cortoplacista de recursos naturales renovables y no renovables. Hay que pasar a una utilización planificada de los bienes ambientales, a través de un estado activo que reconozca las limitaciones y potencialidades de cada ecosistema, de manera que garantice su manejo sustentable. Así se logrará mantener y mejorar en el tiempo nuestro capital natural, a partir del cual se podrá orientar el proceso productivo en función de mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

(*) fuente www.replanteorevista.com