Por Horacio Micucci
El consultor y economista ajustador, Miguel Ángel Broda, (que prepara con Cavallo y López Murphy un plan de gobierno para el posible próximo período de Macri) en un ambiente ortodoxo como es el del Rotary Club, dijo el pasado miércoles 13: «el FMI nos monitorea como si fuéramos el Gordo Valor (el conocido ladrón de bancos). Y eso a mí me gusta».
Broda está gustoso de que Argentina pierda aspectos de su poder de decisión. En este caso, expresado en el monitoreo diario de su política económica. Muestra de esa subordinación nacional es que el ministro Dujovne haya viajado a EEUU para obtener de Madame Lagarde, «la autorización» para destinar, de abril a diciembre, 9.600 millones de dólares para intervenir en esa cueva de «timberos de las finanzas» que es el mercado financiero (y, en realidad, con esos fondos sostener la bicicleta financiera y la fuga de capitales).
Es decir, el poder de decisión no está aquí, en cuestiones de nuestra economía. Pero esto no ocurre solapadamente, como era frecuente. Ocurre expresamente. Es una delegación formal y pública de poder, en este caso, al FMI.
Por eso, el «Acuerdo con el FMI» deberá ser repudiado por todo gobierno futuro que se proponga una Argentina independiente de toda dominación extranjera.
Son graves esos aspectos de pérdida de poder de decisión que se profundizan con el gobierno del presidente Macri.
La circunstancia de que las disposiciones económicas sean consultadas diariamente al FMI, o la vigencia persistente de los Acuerdos de Madrid y Londres, que son un verdadero estatuto que ordena la destrucción de la Defensa Nacional Argentina, o la subordinación, respecto a Venezuela, a la política intervencionista de EEUU, o la existencia en nuestro territorio de la base china de Neuquén (que es territorio que queda fuera del control nacional), o los acuerdos con EEUU que permiten la presencia de militares y de la DEA en el NOA y la Triple Frontera, o la supuesta base «humanitaria» de EEUU que se establecerá en Neuquén, son muestras de pérdidas parciales del poder de decisión nacional.
Son rasgos peligrosos.
En la actual época de la política mundial existen países colonizados, con ocupación militar y gobiernos designados por el ocupante (o una porción de territorio colonizado, como ocurre con la usurpación de nuestras Malvinas por el colonialismo británico).
Existen, también, países dependientes como el nuestro que, aunque gozan formalmente de independencia política, en la práctica están atrapados en las redes de la dependencia financiera y diplomática. En nuestro caso, un país dependiente, lastrado por el latifundio, rapiñado por distintas potencias imperialistas (EEUU, Inglaterra, China, Rusia, Francia, Alemania, etc.) con un sector del empresariado nativo pero no nacional que lucra con la dependencia y con una parte de su territorio usurpado y colonizado por el Imperio Británico.
Pero, además, hay ejemplos históricos de países caracterizados, desde el punto de vista de la ciencia política, como semicolonias. Son aquellos países que parecen formalmente independientes pero tienen aspectos de su decisión soberana condicionados o limitados expresamente.
Un ejemplo de ello fue Cuba, con la Enmienda Platt, que era un apéndice agregado a la Constitución de Cuba en el período de la primera ocupación militar estadounidense en la isla (1899–1902) y que respondía a los intereses de los Estados Unidos. La Enmienda Platt (o Tratado Permanente) se derogó el 29 de mayo de 1934.
Entre otras cosas, la Enmienda Platt condicionaba el arrendamiento de ciertos servicios.
«Artículo VII: …para poner en condiciones a los EE.UU. de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los EE.UU. las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los EE.UU.»
Permitía la intervención política y militar:
«Artículo III: …el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los EE.UU. por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.»
Restringía las relaciones exteriores:
«Artículo I: …el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permite a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla.»
Limitaba la deuda pública:
«Artículo II: …dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubiertos los gastos corrientes del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios.»
Otro ejemplo actual a considerar es Puerto Rico. Formalmente es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y es uno de los catorce territorios no incorporados y uno de los dos estados libres asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos de América. Pero los opositores al Estado Libre Asociado y muchos académicos sostienen que se perpetúa una relación subordinada expresamente a EEUU.
El gobierno del presidente Macri muestra la peligrosa profundización de rasgos de pérdida formal de aspectos de poder soberano de decisión y la aparición de otros rasgos nuevos.
La conciliación (y más aún la colaboración con la ocupación inglesa en nuestras Malvinas, mares adyacentes e islas del Atlántico Sur) es otro de estos rasgos, claramente rayanos en la caracterización de traición a la Patria.
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