Fuente: Pablo Quiroga para replanteorevista.com
Las inundaciones que sufre el norte del país, en particular la provincia de Salta, se producen por un conjunto de factores. Algunos de ellos son naturales y otros de origen antrópico (humano).
Ya hemos manifestado, en otros artículos de Replanteo, la importancia estratégica de los bienes que presta la naturaleza y que el mercado no valoriza. Esa falta de valor como mercancía permite que, a la hora de hacer negocios, si nadie pone límites, nada sea más rentable que deshacerse de los “incómodos y poco rentables” recursos naturales autóctonos.
Entre las acciones de origen antrópico que explican las inundaciones, la que resalta por la agresividad con la que se produce es la deforestación de los bosques nativos. Ha provocado que de las 100 millones de hectáreas de masa forestal con las que contaba el país a fines del siglo XIX hoy sólo lleguemos a 30 millones y contando.
Entre 1890 y 1930, motivados por la búsqueda de madera para el desarrollo del ferrocarril y el primer avance de la frontera agropecuaria (trigo, algodón, caña de azúcar), se produjo un fuerte retroceso de la superficie cubierta de bosques. Luego fue la caída de precios de los comoditis, exceptuando momentos puntuales de algunos de ellos, la que permitió espaciar y hacer más lento ese ataque. No fue porque se pensase, por parte del Estado o los dueños de la tierra, que era beneficioso para el país la preservación de los bosques. Era simplemente porque el negocio que implicaba el desmonte no cerraba los números. Tanto fue así que hasta la década del 80’ existían normas que incentivaban, a través de rebajas impositivas, la deforestación por considerar sino había “un impedimento para el desarrollo”.
A inicio de este siglo el salto de los precios de los granos, más la reciente aparición de cultivos transgénicos como la soja, despertó el interés por el negocio de ocupar nuevas tierras y con ello el proceso de deforestación otra vez se aceleró.
¿Quienes ganaron y ganan con este proceso?: pocos.
Naturalmente ganan los productores agropecuarios, en general los grandes productores. En el NOA, por ejemplo, donde el proceso de reemplazo de bosque por monocultivos es posterior al de otras regiones, la tierra no es tan rica como en la pampa. Por lo tanto, para que el negocio funcione, es necesario sembrar en grandes superficies. Y hay pocos ganadores. Son los que transportan, los que exportan y el Estado cuando cobra retenciones.
¿Y quiénes perdieron y pierden?: muchos.
En primer lugar, hay cientos de familias de pueblos originarios y de campesinos que han vivido en esas tierras durante generaciones. Han utilizado los bienes del bosque, maderas, frutos, cueros, carnes y ganadería extensiva, sin deforestarlo. Las dificultades que tienen en los papeles de propiedad de la tierra, como contamos en la nota El liberalismo y la Cuestión Indígena, les impiden defender su derecho a vivir y trabajar en esa tierra. Entonces los grandes holdings de siembra arrasan con los bosques, llevándose puestas a esas comunidades. Éstas, al encontrarse sin el ambiente que le dio por decenios sentido a su forma de vida, tienen que emigrar hacia grandes centros urbanos donde su calidad de vida se deteriora aceleradamente.
También pierde, desde una mirada que va más allá de la región, toda la sociedad argentina. La desaparición de recursos naturales tan valiosos, que en general no se recuperan, nos impide la posibilidad de aplicar un manejo inteligente del bosque. Hacerlo significaría darle el uso armonioso a las comunidades locales y además, a través de proceso de investigación y desarrollo, potenciar sus recursos genéticos, que son fuente de medicinas y alimentos complejos. Esto nos permitiría dejar de importar esos productos de países que se llevaron a cambio de nada nuestros recursos genéticos para luego revendérnoslos a precio de oro (tal cual ocurre con la explotación de este metal). Es decir que el proceso industrial podría desarrollarse aquí. El negocio debería ser para nuestros laboratorios.
“El efecto esponja que produce el bosque en épocas de mucha lluvia desparece con la deforestación generando inundaciones catastróficas”.
Si nos preguntamos en qué cosas deberíamos trabajar en forma conjunta con Brasil, aquí hay una repuesta. Nuestro vecino es el país con mayor biodiversidad del mundo. Imagínense lo que podríamos hacer juntos, si contásemos con gobiernos dispuestos a trabajar por alcanzar modelos de desarrollo más autónomos desde lo económico y tecnológico, algo que sin bienes naturales es imposible.
Por último, pierden todos los habitantes de la región. Ahí donde antes había bosques que fijaban el suelo tenemos pastizales implantados en zonas de serranías. Esto, con lluvias de más de 1500 mm anuales, cuando se concentra mucha precipitación en poco espacio de tiempo, provoca que se arrastre ese suelo ahora suelto y produzca aludes sobre poblaciones que se encuentran debajo de serranías. De igual manera desaparece el “efecto esponja” que produce el bosque en épocas de mucha lluvia y entonces el exceso de agua no tiene contención, generando inundaciones con efectos más catastróficos que antes.
¿Por qué si es tan evidente que este proceso nos devuelve más pérdidas que beneficios se sigue aplicando, con evidente auspicio del Estado?
Porque los que ganan son más fuertes. Los grandes productores y los exportadores tienen suficiente poder de lobby como para imponer condiciones. Como en tantos otros temas, si no hay una intervención del Estado para equilibrar las cargas, garantizando el cumplimiento de las normas vigentes, planificando el uso del territorio, y poniendo límite a quien corresponda, las comunidades locales no tienen forma de defender sus intereses.
Mientras tanto, la sociedad que vive lejos de esos ecosistemas es bombardeada con información salida en los suplementos agropecuarios de los medios de comunicación, auspiciados por los grandes intereses, que comentan entusiasmados todo lo que gana el país cada vez que se siembra una nueva hectárea de soja. (Por supuesto que no se cuenta cuántos recursos perdemos en esa hectárea). Es decir: son pocas las defensas para exigir cambios de fondo.
Lamentablemente el Estado no sólo no ha jugado el papel que le pedimos sino todo lo contrario. No nos referimos sólo el actual gobierno. Ya hemos criticado a la anterior gestión porque a pesar de su discurso progresista auspició el crecimiento a través del monocultivo y la megaminería.
Ni el gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ven más allá del hoy al ponerse del lado de los más poderosos, con lo que el país del mañana es cada vez más pobre.
Este gobierno tuvo como uno de sus ejes fundacionales la búsqueda de la pobreza cero. Cabe recordar algunas de las cosas que nos ubican lejísimos de combatir la pobreza con éxito. Entre ellas están: apostar a los monocultivos, a la concentración de la riqueza, a la desaparición de nuestros bienes ambientales, a la minimización de la inversión en investigación y desarrollo para darle un manejo inteligente a esos bienes, y a la expulsión de poblaciones enteras de los ambientes donde han vivido durante generaciones.
Lo paradójico es que el propio gobierno propicia el objetivo “pobreza cero”, argumenta que “lucha contra el cambio climático” y que planea un “desarrollo sostenible”. Nada está más lejos de estos postulados que las medidas que sostiene. En los hechos encontramos ejemplos que conducen a lo contrario. La baja de las retenciones se encamina a generar mayores beneficios para los exportadores de granos; los intentos por modificar la ley de bosques nativos busca permitir profundizar la deforestación de bosques; la falta de acompañamiento de la ley 26.160 y la no realización del relevamiento territorial de comunidades indígenas esconde una intención de no reconocer derechos ya reconocidos constitucionalmente.
El gobierno adhirió a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas), que plantean varios puntos que el ejecutivo nacional ha tomado como consigna. El objetivo 1 del ODS es “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. El número 8 consiste en “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” y el 2 en “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
Nos preguntamos: ¿cómo piensa el gobierno cumplir esas metas con ese sistema de producción agropecuaria extensiva que genera pérdida de hábitat natural, formas de vida y trabajo? ¿De qué modo combatirá la pobreza y logrará seguridad alimentaria con mecanismos que concentran riqueza y expulsan a las poblaciones locales?
Por eso, en nombre de los objetivos del desarrollo sostenible y de acuerdo con los preceptos de nuestra Constitución Nacional, exijamos al gobierno que respete y haga respetar las normas. Auspiciemos políticas de crecimiento sustentable, desarrollando un modelo de ciencia y tecnología local que permita apropiarnos como sociedad de los recursos que nos quedan, generando riqueza para todos.
Más artículos relacionados
8M. Expresiones de una lucha organizada
La santificación de Mamá Antula
La “Batalla de San Lorenzo”: Un legado de la historia