Por Micaela Gomiz (*)
No se puede pretender acusar a los Pueblos Indígenas de amenazar la soberanía nacional cuando han sido los principales afectados de la continua entrega de soberanía.
En las últimas semanas algunos medios gráficos de tirada nacional (La Nación y Perfil) han dado espacio a una seguidilla de notas a propósito del fallo emitido por la Corte Suprema el 4 de abril, por el que se condena a la provincia de Neuquén por violar el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas en la creación del Municipio de Villa Pehuenia.
El debate intenta alertar sobre la amenaza que revistiría este fallo para la soberanía nacional, en tanto se inste a los gobiernos a que las comunidades sean consultadas o participen como tales en asuntos de índole institucional dentro de las instancias estatales. Se ha alegado que “consentir que una asamblea de una parte del pueblo tome decisiones políticas que afecten a todos los habitantes es crear un Estado dentro de otro Estado”.
Resulta llamativo que este debate aparezca a partir de este pronunciamiento judicial y respecto de una decisión de alto contenido constitucional y convencional, en un contexto donde las verdaderas amenazas a la soberanía se hacen manifiestas en las más altas esferas de la vida política argentina. Hace algunos meses que el ex gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo propone la secesión de la provincia de Mendoza para constituir un país independiente, en una clara actitud de disgregación nacional.
Recientemente la ex ministra de la Nación y actual presidenta del principal partido de la oposición nacional Patricia Bullrich manifestó en una entrevista televisiva la posibilidad de entregar las Islas Malvinas a la empresa norteamericana Pfizer, insultando el enorme valor que la reivindicación sobre las islas tiene para nuestro pueblo y desconociendo la disposición transitoria primera de la Constitución.
La República Argentina ha reconocido a los Pueblos Indígenas como preexistentes en su Constitución Nacional (art. 75/22). Este reconocimiento no es inocuo sino que tiene consecuencias jurídicas.
La categoría “pueblo” no es una palabra elegida al azar. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, dice el artículo primero de los dos principales Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ambos ratificados por Argentina y que tienen jerarquía constitucional desde hace 27 años.
Los Pueblos Indígenas no son grupos vulnerabilizados: son pueblos con una historia común, una idiosincrasia, una lengua, un territorio e instituciones políticas, jurídicas y filosóficas. Además, el reconocimiento de la preexistencia al Estado argentino habla de un proceso de colonización y despojo que en algunos casos constituyó, incluso, la figura del genocidio según los parámetros establecidos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (art. 2).
Los Pueblos Indígenas, y las organizaciones del Pueblo Mapuche en particular, vienen planteando como proyecto político la necesidad de que este Estado se reconozca plurinacional y se garanticen formas de participación, en un mismo Estado, de todos los pueblos y naciones que convivimos en la República Argentina. Lejos está dicho planteamiento político de la escisión territorial o institucional que alertan.
El desafío es: ¿cómo se diseña una participación de un pueblo con una cultura y una cosmovisión, diferente y no hegemónica, en estructuras institucionales que han sido diseñadas por modelos históricamente excluyentes y racistas?
Ejemplos sobran: el Municipio de El Huecú con bancas especiales en su órgano deliberativo para lonkos de las comunidades de la zona, la experiencia de la Corporación Interestadual Pulmarí y el Co-manejo de Parques Nacionales.
Hoy el Gobierno de Neuquén tiene la responsabilidad de pensar con creatividad nuevas formas de hacer partícipes a las comunidades involucradas en la vida pública local.
Lo que no se puede pretender es acusar a los Pueblos Indígenas de amenazar la soberanía nacional cuando han sido los principales afectados de la continua entrega de soberanía por quienes pregonan ahora estos discursos. ¿O acaso no son los mismos que han extranjerizado la tierra y entregado los recursos estratégicos de la Argentina a manos foráneas? ¿O acaso no son los mismos que cuando dirigen el Estado endeudan el país y fugan las divisas?
Cabría en todo caso la pregunta de si lo que expresa este debate es la defensa de una integridad nacional o la defensa de un Estado al servicio de unos pocos. No deberíamos olvidarnos que la participación de los Pueblos Indígenas, constituyó un hecho determinante para las luchas de independencia de nuestra Patria, ni de aquel Parlamento histórico en el que San Martín convocó a los lonkos antes de cruzar los andes constituyendo lo que, hoy, podría considerarse el primer hecho de consulta, participación y diálogo político intercultural de nuestro país.
(*) Abogada. Presidenta de la Asociación de Abogados/as de Derechos Indígena. Docente UNCo.
publicado por rionegro.com.ar
Más artículos relacionados
Desde La Quiaca a Buenos Aires: Ya está en marcha el Tercer Malón de la Paz
Movilización al Congreso Nacional: Naciones y Pueblos Originarios reclamaron la prórroga de la ley 26.610 que prohíbe desalojos
CUESTIÓN DE CLASES