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Integrantes de Vicentín estafaron al estado Argentino, a entidades bancarias y productores

Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Daniel Buyatti, no garantizaron los 10 millones de dólares que exigió el Juez Penal Román Lanzón, quien dirige el proceso por estafas reiteradas y retención indebida de tributos. El plazo venció en el mediodía del jueves 11 de noviembre de 2021, pero ni el juez mandó a detenerlos, ni lo pidió el fiscal. En tribunales y en el Ministerio Público de la Acusación explicaron que la defensa de los imputados comunicó tanto al juez como al fiscal del caso, que tuvieron algunas complicaciones, pero que ya estaba acordado con una aseguradora el correspondiente Seguro de Caución para garantizar esa cifra que exige el juez para ejecutar en caso de que no se sometan al proceso que lo transitan en estado de libertad. 

Vicentin: La causa

Ya venció el término para cumplir la caución de 10 millones de dólares para evitar la prisión preventiva. No solo no consiguen aseguradora que corra tal riesgo, sino que nadie les quiere prestar un cobre, ni siquiera Molinos al que presentan como socio», publicó en la tarde del jueves el Dr. Gustavo Feldman, uno de los abogados querellantes por algunas de las empresas que denunciaron las estafas reiteradas de Vicentin saic.

Recordamos que el 26 de octubre de 2021, el juez penal de primera instancia, Dr. Román Lanzón, confirmó la investigación penal preparatoria iniciada por el Fiscal Miguel Moreno por los delitos de estafas reiteradas en 11 hechos y por retención indebida de tributos en perjuicio del Estado Provincial, tal las imputaciones realizadas por el representante del Ministerio Público de la Acusación.

Como medida cautelar para garantizar la investigación, el magistrado les prohibió salir del país a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Roberto Gazze, Javier Gazze, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Robertino Boschi, Omar Scarel, Miguel Vallaza, Raúl González Arceluz. La decisión será comunicada a la Dirección de Migraciones, y los imputados deberán entregar sus pasaportes.

Además de la libertad con restricciones para todos, el magistrado impuso a seis de ellos que deberán garantizar el sometimiento al proceso con un Seguro de Caución por 10 millones de dólares que debían materializar a más tardar en el mediodía del 11 de noviembre de 2021. Esa obligación que no fue cumplida en tiempo y forma, pero sigue vigente, es para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Daniel Buyatti, quienes deben conservar residencia en el domiciliio que indicaron oportunamente, del que no podrán mudarse sin darle previo aviso a la Fiscalía. 

Es parte de las medidas cautelares dispuestas por el magistrado en la audiencia se llevó a cabo el jueves 28 de octubre de 2021 en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Rosario, continuidad de lo que había empezado dos días antes, con cuarto intermedio solicitado por los defensores.

Al término de la audiencia, el fiscal Miguel Moreno precisó que la fiscalía dio un paso importante porque se llegó finalmente a una imputación que parecía inalcanzable por la cantidad de información que había que relevar y la escasez de recursos humanos. Dijo que empezó trabajando con una sola persona de ayudante, después fueron tres; y desde hace un mes son seis.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación, celebró también que el juez entendió que prácticamente se daban todos los presupuestos, que en la imputación hay apariencia de responsabilidad penal, cree que cometieron esos delitos , y que en caso de ser condenados, les correspondería condena de prisión de efectivo cumplimiento porque si bien la estafa tiene un reproche penal de 1 mes a 6 años de prisión, en función del concurso de delitos, al ser 11 estafas en concurso real, el juez entendió que por el daño causado, la pena sería de prisión de cumplimiento efectivo; o sea que «hay proporcionalidad» para pedir la prisión preventiva.

Lo que no admitió el juez de la Investigación Penal Preparatoria es que en estos momentos haya riesgos procesales, no ve el peligro de que en libertad los imputados entorpezcan la recolección de pruebas. De todas maneras celebró que haya fijado una caución de 10 millones de dólares que deberán formalizar en un plazo de 15 días.

«No obtuvimos lo que pretendíamos, pero ha sido un avance en la causa», remarcó el Dr. Moreno. Explicó que no dispuso las detenciones «para evitar la repercusión mediática exponencial que hubiera tenido el caso. Prefiero trabajar de esta manera y me siento tranquilo con mis decisiones».

El fiscal espera presentar la acusación para la audiencia preliminar al juicio, «lo mas pronto posible». Sostuvo que «la fiscalía tiene certeza de que estas personas cometieron los delitos imputados».

Opinó que el rol de los querellantes por las empresas y bancos que se consideran estafados, «hasta aquí han sido de gran colaboración». La fiscalía tiene certeza de que estas personas cometieron los delitos imputados.

Más sobre los imputados

En relación a la denuncia de los bancos internacionales, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja atribuyeron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Javier Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Raúl González Arceluz, Omar Scarel y Miguel Vallaza, el delito de Balance falso en concurso real con el delito de Estafas reiteradas en 6 hechos, en concurso real.

El fiscal señaló en la audiencia los roles que cada uno de los imputados cumplió en la realización de los hechos delictivos, formando parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentín saic hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que renunciaron.

Daniel Buyatti era el presidente, Alberto Macua el vice, y como directores titulares ejercieron: Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi; y los síndicos eran Raúl González Arceluz y Omar Scarel.

Se les atribuyó haber confeccionado, aprobado y utilizado con información falsa, los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, pero este delito ya prescribió, sentenció el juez al reanudarse la audiencia imputativa este jueves.

Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación, falseaban la información de los balances para ocultar el verdadero pasivo de la empresa y así seguir generando confianza en el mercado del que se proveían.

También les imputó haber confeccionado y presentado ante los Bancos Internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019, firmados por Roberto Gazze y certificados «de compliance», con información financiera falsa para ocultar el verdadero pasivo de la empresa, firmados por Javier Gazze, Yanina Boschi, Alberto Macua y Miguel Vallaza, los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentín saic, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error, disposiciones patrimoniales que superan los USD 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas. 

Los Bancos internacionales que denunciaron las maniobras son : International Finance Corporation, una organización internacional con domicilio en la Avenida Pennsylvania 2121, Washington, D.C., Estados Unidos de América; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., una sociedad con domicilio en Anna Van Saksenlaan 71, 2593 HW, La Haya, Holanda; I.N.G. Bank una sociedad con domicilio real en Bijlmerdreef 106, 1102 MG, Ámsterdam, Países Bajos; Natixis New York Branch, con domicilio Avenida de las Américas 1251, Nueva York, Estados Unidos de América; y Coöperatieve Rabobank U.A., una sociedad con domicilio en Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Países Bajos.

Las estafas reiteradas en cinco hechos en perjuicio de los productores, fue imputada a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi. Todas las estafas fueron calificadas en concurso real, lo que agrava el eventual reproche de prisión. Para todos el mismo rango en la participación delictiva, como coautores.

A Robertino Boschi también el fiscal le imputó el delito de Estafa, en carácter de coautor.

La maniobra atribuída es la de realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, mostrandose como exitosos a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentín bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas.

Para los fiscales, los imputados abusaron de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa, y de las relaciones comerciales que Vicentín supo construir a lo largo de décadas.

Abusaron de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa, y de las relaciones comerciales que Vicentín supo construir a lo largo de décadas.

Les atribuyó haber llevado a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos bajo la modalidad «con precio a fijar» con las entidades agropecuarias Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros. Dicha captación fue motivada por Vicentín mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio.

Captaban granos ofreciendo mejores precios que la competencia, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros.

La estafa al Banco Macro 

Los fiscales imputaron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi, el delito de estafa, en carácter de coautores; y el mismo delito para los síndicos Raúl González Arceluz y Omar Scarel, en carácter de partícipes necesarios.

¿Cómo estafaron al Banco Macro?

Según los fiscales, Vicentín solicitó una asistencia crediticia, un acuerdo en cuenta corriente, por la suma de 280 millones de pesos; y luego, el 30 de septiembre de 2019, nuevamente bajo la modalidad de acuerdo en cuenta corriente, solicitó otro crédito por la suma de 228 millones de pesos; es decir, Vicentín comenzó a operar la cuenta corriente, girando contra los acuerdos otorgados, por la suma total de 508 millones de pesos; y a poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentín declaró su «estrés financiero», y el 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, Vicentin se presentó en concurso preventivo de acreedores.

Para engañar al banco y conseguir los préstamos, los imputados presentaron los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica.

Las maniobras de los directores de Vicentín era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera.

El delito de retener indebidamente tributos

Imputaron a Daniel Buyatti, entonces presidente del directorio de Vicentín saic, la apropiación indebida de tributos, delito sancionado en el Regimen Penal Tributario, Titulo IX, Ley 27.430, Art. 4; en calidad de autor.

Vicentin saic es Agente de Retención/Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y no depositó el dinero  dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, y como correlato, se apropió del tributo retenido y/o percibido en concepto del mencionado impuesto, por los periodos de «Noviembre 2019-Quincena 22», por la la suma de $15.062.684,25, cuyo vencimiento operó el día 10/12/2019; y «Diciembre 2019-Quincena 23», por la suma de $18.821.205,54, cuyo vencimiento operó el dia 26/12/2019.

Según el fiscal, el ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones.

Convocaron a todos los acreedores para audiencias de seguimiento.

El juez civil y comercial que lleva a cabo el Concurso Preventivo de Acreedores de Vicentín saic, dispuso la realización de las audiencias para el seguimiento y control de la propuesta concursal, las cuales se realizarán los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre de 2021, a partir de las 17:00 horas. Será virtual mediante la plataforma Zoom, y los acreedores -al ser tantísimos- están citados en grupos, por eso tantas audiencias programadas.

El juez le «solicitó» a la sociedad concursada, que publique su resolución en sus sitios web y blogs, como así también comunique por cualquier medio masivo (radios, diarios de amplia circulación, portales) o personalmente esta sentencia para propiciar la más amplia concurrencia posible por parte de todos los acreedores, a cada una de las audiencias señaladas.

Cuenta regresiva 

Vale recordar que la empresa Vicentín saic está en Concurso Preventivo de Acreedores; y que para el 16 de diciembre de 2021 deberá presentar el acuerdo a su propuesta de pago, mínimo del 50% del total de los acreedores, quienes deben representar al menos el 66% del total  de la deuda acreditada.

De no hacerlo, Vicentín saic perderá la exclusividad y antes de declarar la quiebra, al juez del concurso, Dr. Fabián Lorenzini, le queda una alternativa que es ofrecer a la venta la empresa, para evitar su desguace, lo que se llama el «Cramdown».

La mecánica de los hechos la tenemos clara, tenemos evidencias que los hechos se cometieron de la forma que creemos.

Seguramente iremos a juicio y seguramente en función del daño que ha provocado este cúmulo de hechos ilícitos, la solicitud de la pena será de cumplimiento efectivo.

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