Los movimientos indígenas, junto al Frente Unitario de Trabajadores y movimientos estudiantiles se movilizaron en contra del Gobierno tras el decreto que autorizó subas de las naftas, previo a un congelamiento. Las marchas se dieron en medio de un estado de excepción impuesto por la ola de inseguridad.
Indígenas, trabajadores y estudiantes coincidieron este martes en una masiva protesta contra el gobierno de Guilermo Lasso en Ecuador, en una jornada pacífica que tuvo bloqueos de rutas, movilizaciones, centralmente para reclamar la baja del precio de los combustibles, y que puso a prueba el estado de excepción en materia de seguridad que el Ejecutivo dictó para todo el país. Sobre el final, la policía local reprimió.
A cinco meses de su asunción, Lasso enfrentó la protesta más importante no solo por la dimensión de los cortes y las marchas, sino porque además le llegó en un momento de múltiples frentes abiertos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) aportaron los grupos más numerosos que marcharon en todo el país, pero también fueron de la partida la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre decenas de organizaciones.
Al estado de excepción que puso a militares en las calles ante la ola de inseguridad, Lasso sumó la semana pasada el congelamiento del precio de los combustibles, un punto reclamado casi por unanimidad desde todos los sectores sociales, pero el decreto que dispuso esa medida también habilitó antes un nuevo incremento, lo que empujó estas protestas.
El mandatario pareció preocupado por la protesta de hoy: en las últimas 24 horas subió a su cuenta de la red Twitter una decena de textos, todos de tenor similar y con la etiqueta #DileNoalParo, en los que cuestionó básicamente el corte de rutas y calles.
El vocero oficial del Gobierno, Carlos Jijón, remarcó que «las actividades laborales del país» se desarrollaron «con relativa tranquilidad» por el trabajo de la Fuerza Pública que impidió el cierre de rutas.
Jijón señaló que el Ejecutivo mantenía «las manos abiertas para un diálogo con todos los sectores, respetando el derecho a la protesta de manera pacífica y garantizando que la disconformidad de ciertos sectores, como las movilizaciones, se realicen en el marco de la ley».
Aunque Jijón detalló que solo seis vías habían sido bloqueadas y que hubo 18 personas detenidas, una y otra cifra eran difíciles de confirmar: muchos de los cortes fueron esporádicos y breves, y las organizaciones denunciaron más arrestos, en algunos casos también por poco tiempo.
En sus redes sociales, la Conaie denunció «represión policial y militar» en Cotopaxi e Imbabura y su titular, Leonidas Iza -que estuvo en Saquisilí- reportó siete manifestantes detenidos en Guayas, uno en Sucumbíos y uno en Cotopaxi.
«Aquí estamos para reclamar derechos, no somos enemigos internos para que nos declare la guerra; escuche, presidente: todos estamos viviendo esta pobreza, incluidas las arcas fiscales, pero no podemos sacar el dinero de la gente más pobre sino congelar (los combustibles) a los precios planteados e ir a una discusión más integral sobre la política de focalización», advirtió Iza en su discurso.
«Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes», agregó el dirigente, según el diario El Comercio.
El sitio Primicias dio cuenta de un salpicado de bloqueos de rutas en buena parte del país, con quema de neumáticos, árboles cruzados y piedras.
En Quito, en tanto, la Policía acordonó todos los accesos al Palacio de Carondelet, sede gubernamental, en un radio de cientos de metros alrededor, con dos hileras de agentes detrás de vallas entrelazadas.
Y más cerca del Palacio de Gobierno, a menos de 100 metros, estaban las Fuerzas Armadas, con grupos especiales.
Por el centro histórico de la capital marcharon dirigentes y militantes del FUT, del gremio de los docentes y otros sindicatos y organizaciones.
El presidente del FUT, Mesias Tatamuez, dijo que el pedido principal era la derogatoria del decreto que congeló los precios de los combustibles pero después de aumentarlos, y evaluó que los valores debían, sí, ser congelados pero al nivel anterior a los decretos.
Los pueblos originarios ya dieron en 2019 muestras de su capacidad de movilización, cuando encabezaron la pelea contra la eliminación de subsidios a combustibles.
El sábado, el galón (la medida usada en el país, equivalente a 3,8 litros) de diésel pasó a 1,90 dólares frente a un dólar que costaba hace más de un año, y la nafta común trepó a 2,55 dólares.
Las protestas se dieron bajo el estado de excepción por 60 días decretado hace una semana, que dispuso la presencia de militares en las calles para apoyar a policías en el combate contra la criminalidad, y el Ejecutivo no suspendió las libertades a manifestarse o reunirse, pese a estar facultado a hacerlo.
«La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias y hogares ecuatorianos. Dile #NoAlParo, por la reactivación y la prosperidad del país entero», escribió Lasso en Twitter.
En otro mensaje, destacó: «La reactivación ya está en marcha. Los ecuatorianos buscan salir adelante, vivir en paz y crecer en un país de oportunidades, sin paralizaciones».
Además, se apoyó en otro mensaje en una cifra de creación de puestos de trabajo que su Gobierno suele mostrar: «Por aquellos 275 mil ecuatorianos que por fin consiguieron un empleo: dejémoslos trabajar. Ecuador es un país de gente trabajadora. Las paralizaciones afectan la economía de miles de familias y truncan el desarrollo a nivel nacional».
fuente ambito.com
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